La Fusión de entidades públicas desata fuerte oposición
Santo Domingo, 18 de septiembre – La propuesta del Gobierno de fusionar y eliminar varias entidades públicas ha generado una fuerte oposición, abriendo un debate que se centra en la eficiencia del gasto público y las posibles consecuencias para los empleados.
Este plan, que forma parte del presupuesto de 2024, afecta a ocho entidades que se proponen eliminar, cuyos recursos asignados superan los 300 millones de pesos.
A pesar de que no se han revelado todos los detalles del plan, las autoridades han estimado un ahorro cercano a los 25,000 millones de pesos. De esa suma, 20,000 millones provendrían de la fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
Actualmente, el Minerd maneja un presupuesto de 296,960.5 millones de pesos, mientras que el Mescyt administra 20,944.8 millones. Esta unificación tiene como objetivo optimizar el uso de los recursos destinados a la educación.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, explicó que una de las ventajas de esta fusión sería que la educación superior podría beneficiarse del 4 % del producto interno bruto (PIB) destinado a la educación.
Hasta ahora, esos recursos han sido utilizados casi exclusivamente para la educación preuniversitaria. Freund indicó que, aunque la ley establece que ese 4 % es para la educación en general, muchos profesores universitarios no han tenido acceso a esos fondos.
Desde 2012, solo en 2021 se ejecutó el monto completo del 4 %, debido a las circunstancias excepcionales de la pandemia y la educación a distancia. El gobierno busca, por lo tanto, optimizar el uso de estos recursos.
Además de la fusión entre el Minerd y el Mescyt, otro cambio importante sería la absorción del Instituto Agrario Dominicano (IAD) por parte del Ministerio de Agricultura. Esta medida permitiría un ahorro superior a los 2,000 millones de pesos.
El presupuesto del IAD representa solo el 0.09 % de los 26,620.8 millones de pesos asignados a Agricultura, lo que pone en perspectiva la magnitud de este ajuste.
Otra de las fusiones previstas es la integración de los Ministerios de Economía y Hacienda, que gestionan 25,007 millones y 3,706.7 millones de pesos, respectivamente.
Freund comentó que este proceso requerirá la aprobación de una nueva ley, cuyo proyecto ya se encuentra bastante avanzado, con un 85 % de progreso. En las próximas semanas, la propuesta será presentada al Congreso.
Además, será necesario modificar otras leyes para poder llevar a cabo la fusión y eliminación de ciertas entidades, como en el caso del sector educativo y la Caja de Ahorros de Monte Piedad, incluida también en el plan de eliminación.
A pesar de las explicaciones ofrecidas por el gobierno, la propuesta ha generado una considerable oposición. La unificación del Mescyt y el Minerd ha sido especialmente controvertida. El ministro de Educación, Ángel Hernández, defendió la medida argumentando que en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, la educación es gestionada por un solo organismo.
Esta centralización permite, según Hernández, una visión más integral del sistema educativo. «Es lógico que algunos sectores se opongan, pero la experiencia internacional respalda esta decisión», afirmó.
Sin embargo, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha rechazado enfáticamente la fusión. Su presidente, Eduardo Hidalgo, cuestionó la falta de estudios que demuestren la viabilidad de esta medida en el contexto dominicano.
Según Hidalgo, el Ministerio de Educación ya ha demostrado dificultades para gestionar adecuadamente las necesidades del nivel preuniversitario, por lo que agregar la responsabilidad de la educación superior solo empeoraría las deficiencias existentes. «La incapacidad del Ministerio para responder a las demandas actuales del sector preuniversitario hace pensar que esta fusión sería un error», añadió.
Otro de los puntos que más inquieta a los críticos es el futuro de los empleados públicos de las entidades que se fusionarán o eliminarán. Freund aclaró que aún no se ha definido cuántos trabajadores serán reubicados, pensionados o desvinculados, ya que el proceso operativo se iniciará solo cuando se emitan los decretos necesarios. Para gestionar este proceso, se realizará una evaluación detallada en cada entidad afectada.
A pesar de las objeciones, varios legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han expresado su apoyo a la propuesta del gobierno. No obstante, algunos han manifestado su preocupación por las posibles desvinculaciones de empleados que podrían derivarse de este proceso.
Aunque el objetivo principal de la fusión es lograr un ahorro de 25,000 millones de pesos, los legisladores han insistido en que esta reforma gubernamental no debería traducirse en despidos masivos.
