La guerra blanda dominicana ha costado RD$ 43 mil millones
Haivanjoe Ng Cortiñas
Algunos pueden argumentar que la publicidad oficial es una comunicación gubernamental vigorosa; sin embargo, los recursos financieros empleados, la escala, el carácter estratégico y el desbalance en las prioridades de gasto obligan a analizarlo, en este caso, desde la perspectiva de la teoría política de la guerra blanda.
En apenas unos cuantos años el gobierno central ha destinado miles de millones de pesos en publicidad, más que varios ministerios juntos, sin que se obtengan resultados tangibles a favor de los contribuyentes. El monto gastado anual y acumulado es tan elevado que le ha permitido construir un escenario de guerra blanda en forma sistemática y estratégica con el fin de controlar la narrativa.
Una de las formas que ha adquirido el conflicto en estos tiempos en la que no se emplea violencia física directa, es la denominada guerra blanda, promovida por distintos medios, uno de ellos es el mediático, con la finalidad de influir o controlar a la opinión ciudadana, a través del recurso de la propaganda, la desinformación, las noticias falsas, narrativas que llegan hasta en forma de entretenimiento y, abundante publicidad dando a conocer anuncios, logros o avances, para lo cual utilizan distintos vehículos y medios.
¿Existe en la actualidad guerra blanda en dominicana?, ¿desde cuándo puede tipificarse como guerra blanda?, las respuestas a estas preguntas son el soporte como para afirmar que desde el inicio de la gestión gubernamental en forma deliberada se concibió y se ejecuta una estrategia comunicacional de naturaleza publicitaria, que ha tenido una base legal en materia del gasto público, al consignarse importantes partidas dentro de las formulaciones presupuestarias de cada año.
La publicidad gubernamental debe ser un servicio público y no un marketing político y su verdadero éxito se mide en cómo mejora la vida de las personas y no en cómo beneficia al gobierno de turno. Este tipo de publicidad, cuando se maneja de manera ética y estratégica, se constituye en una herramienta válida y necesaria para comunicar políticas públicas, servicios, derechos y deberes ciudadanos.
Una vez determinado que la publicidad oficial es un servicio público, el próximo paso debe ser el de definir el monto anual sin que desplace otras obligaciones prioritarias gubernamentales, le sigue a que la ejecución del gasto público en publicidad se realice sin opacidad, al tiempo que se mida su impacto y se haga una rendición de cuentas. En la misma línea, debe caracterizarse porque el mensaje tenga neutralidad política partidaria y evite la personalización, de lograrse esas condiciones, estaríamos frente a un gasto público legitimado, racional y útil.
A nivel de las finanzas públicas no existe un parámetro que sirva de referencia para destinar una parte del gasto público a la publicidad, lo que, si existe evidencia son las buenas prácticas y marcos legales, como que sea proporcional a la necesidad de comunicación pública, no al interés político, que tenga justificación técnica y estratégica, no sólo mediática y que no supere niveles que puedan poner en duda la libertad de prensa o el uso responsable de fondos públicos y leyes que establecen un carácter estrictamente institucional en la publicidad gubernamental.
Conceptualmente, el tipo de guerra blanda al que nos referimos, se trata de un conflicto sin armas, donde el campo de batalla es la opinión pública, el arma principal es la publicidad y las municiones una parte del presupuesto nacional.
Una buena manera de identificar si estamos frente a una guerra blanda en la República Dominicana es apreciando si la publicidad oficial está cargada en enfocarse más en la personalización que en lo institucional, cuando se culpa y exageran problemas previos para elevar “logros” actuales o al construir una narrativa con el antes y después, resaltando como transformador al gobierno de turno.
También, al presentar propaganda continua sin correspondencia proporcional en resultados reales, también, al presentar el relato prevaleciendo sobre la evidencia, al construir enemigos invisibles o abstractos, al hacer campañas para distraer sobre los problemas actuales, al resaltar logros menores y, cuando se satura medios con mensajes oficiales que dificultan el contraste de narrativas.
En adición al punto anterior, desde la perspectiva del gasto público en publicidad, ¿desde cuándo hay guerra blanda?, desde que el referido gasto pasa a ser importante no solo por el monto, sino por lo sistemático que acontece en forma creciente, sin que existan causales que lo puedan justificar como pandemias, catástrofes naturales, campana de educación, entre otros servicios públicos.
Si bien la estrategia comunicacional se concibió desde el inicio de la gestión gubernamental en el 2020, es a partir de 2022 hasta el 2025 cuando el crecimiento sistemático y desproporcionado del gasto le confiere el carácter de una verdadera guerra blanda, saturando el espacio público de manera inédita.
Comencemos por identificar el siguiente hecho reciente, la modificación al presupuesto del 2025 -presupuesto complementario- hizo elevar el gasto en publicidad de RD$ 8,657 millones en el presupuesto original a RD$ 11,295 millones con la modificación, lo que equivale a un aumento RD$ 2,638 millones, para un 3.9 % del nuevo aumento del gasto público del presupuesto complementario y una tasa de crecimiento de un 30.5 %, sin que este aconteciendo un hecho que amerite una campaña informativa o educativa.
En cuanto al comportamiento de la partida presupuestaria de la ejecución del gasto público en publicidad, encontramos que, desde el 17 de agosto del 2020 a lo previsto a diciembre de 2025, el monto gastado se sitúa en RD$ 42,987 millones, valor que supera a la ejecución presupuestaria de varios ministerios como el de deportes, cultura, juventud, el de la mujer, turismo y, trabajo, en todos los casos por separado y en otros varios juntos. Tal es el caso del ministerio de turismo que en el 2024 ejecutó un gasto de RD$ 7,267 millones, mientras el gasto en publicidad pública fue de RD$ 11,292 millones.
Otra evidencia del servicio que le ha brindado el gasto público en publicidad a la guerra blanda lo constituye el hecho de que la tasa de crecimiento de este gasto desde el año 2022 supera a la expansión de la economía en términos nominales y, además, a la tasa de incremento de los ingresos corrientes, lo que demuestra que crece en forma mucho mas intensa que las dos variables que pueden de alguna manera justificar el aumento del gasto en publicidad como son los ingresos corrientes el y PIB nominal.
En la misma línea, la proporción del gasto en publicidad dentro del gasto publico total ha sido ascendente desde el año 2021, al pasar de un 0.37 % a un 0.78 % en el 2024, mientras que en el 2022 fue de un 0.54 %, en el 2023 de un 0.69 %. En el año 2025 será de un 0.73 %.
Los que tienen capacidad legal para someter y promover leyes, pudieran considerar la conveniencia de una ley de publicidad gubernamental que establezca límites y parámetros y que la misma debe ser institucional, transparente y evaluable en impacto social, no político.
Una ley de este tipo, debe seguir las mejores prácticas en otros países, estableciendo: un límite porcentual del gasto total, una distribución equitativa de la publicidad en medios según su audiencia, sin discriminar por línea editorial y, la creación de una veeduría ciudadana independiente para evaluar el contenido y evitar la propaganda personalista.
De no establecer reglas del juego legales y con régimen de consecuencias, la publicidad seguirá siendo un instrumento de guerra blanda pagado por todos, pero sin mejorar la vida de nadie.
Listín Diario
