La IPAC y la Marcha Verde en perspectiva de los resultados

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Juan T. Monegro

Fueron, son dos iniciativas memorables. La primera, convocada en origen por el gobierno de turno, se enfocó en impulsar buenas prácticas de gestión pública, fomentar la cultura de transparencia y la rendición de cuentas, y combatir la corrupción administrativa. La segunda iniciativa, cuya paternidad-maternidad es reconocida a la sociedad civil, tuvo como caldo de cultivo el repudio generalizado a la corrupción administrativa y a la impunidad, así como el reclamo contundente de una justicia correcta y proba, independiente.

Los resultados y las lecciones aprendidas de ambas iniciativas son como huellas duraderas que las hacen dignas de la mejor memoria pública. Están ahí, y han contribuido poco a poco a forjar una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

La IPAC

Casi nadie se acuerda de la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción (IPAC). Se trató de un proceso llevado a cabo en el país en 2010 con el objetivo de promover la colaboración entre el sector privado, el gobierno y la sociedad civil para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción. La IPAC dejó un legado duradero en términos de impulsar reformas institucionales y la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública.

Fue un proceso hermoso de creación de consenso, mediante el que el gobierno de entonces puso de manifiesto una voluntad política de promover de forma efectiva la mejora de la calidad del gasto. En atención a esto, compró la idea, realizó la debida diligencia y facilitó esfuerzos para la creación de las herramientas y capacidades que fueren necesarias para el fin. Ya era la hora de analizar adecuadamente, de reconocer objetivamente el estado de cosas e impulsar los cambios institucionales con vistas a formas de gobierno más ético y transparente. Era el ánimo predominante en la parte gubernamental, y en los demás.

Detrás del desarrollo y gestión de la IPAC estaba una auténtica coalición de movimientos de lucha contra la corrupción, ese flagelo que desde que desde que Dios es Dios y nada un pez (Saramago) ha dado tanta agua de beber, llevándose entre sus patas buena cuota de oportunidades y resultados-desarrollo.

El punto de partida en los procesos de consenso fue esa especie de un yo pecador:elreconocimiento objetivo de las debilidades enquistadas en el sistema de las instituciones públicas que facilitaban la comisión de los actos de corrupción, los modos como operaban las tramas, así como sus implicaciones en pérdida de oportunidades y calidad de vida de los ciudadanos.

Viene a la memoria y cuadra con el punto el estribillo del merengue viejo aquel: “Por ay María se va”. Pues en buena medida, por la corrupción administrativa perpetrada por funcionarios públicos en connivencia de actores privados (empresarios-transa, principalmente), el país no está en mejor posición y condición de desarrollo. Por ahí María se ha ido. Aún se sigue yendo. ¡Por ahí María se va!  

Más allá del diagnóstico sobre el estado de cosas, los actores participantes en la IPAC: gente de gobierno, líderes empresariales, de la academia, de la sociedad civil, de iglesias, y más, concienciados sobre la gravedad del mal en el sistema administrativo dominicano y en la sociedad en su conjunto, se enfocaron en idear y consensuar propuestas a implementar para lograr resultados. Principalmente, qué regulaciones, reformas y buenas prácticas impulsar que condujeran a normalizar una ética de comportamiento en los procesos de la gestión pública con vistas a la transparencia y a los resultados.

Los diálogos y reflexiones que se sucedieron fueron sinceros, respetuosos e intensos. Fecundos. La coordinación de los procesos fue compartida. De la parte gubernamental estuvieron al frente los ministerios de la Presidencia (MINPRE) y de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), más la Comisión Nacional de Ética y Transparencia); mientras que, por parte de la sociedad civil, destacaron Participación Ciudadana, la Fundación Justicia y Transparencia, el Centro Juan Montalvo, la Confederación Patronal Dominicana, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, y más. Además, la asistencia coordinada de la comunidad internacional en el país: Banco Mundial, BID, PNUD, Unión Europea, y más.

Así se dio, así fueron las cosas. Así se formuló y consensuó el menú de acciones estratégicas propuestas en el marco de la IPAC con vistas a domar la corrupción administrativa en el país.

Treinta recomendaciones   

Se produjeron treinta recomendaciones para la acción a favor de la transparencia y la instalación de la rendición de cuentas como cultura de gestión para resultados de desarrollo. Esto, bajo el supuesto de que su puesta en práctica dejaría muy menguados los espacios a la corrupción administrativa.

El gobierno de turno, liderado por Leonel Fernández, aceptó en su integridad el menú de acciones sugeridas y dio paso a iniciar el debido proceso para su inmediata implementación.

Sin embargo, ¡ah caray! La corrupción es harto socarrona, sagaz, bien avispada. Artera. Pronto, los perpetradores aprenden y aplican las más de 101 maneras de cómo hacerle y salirse con las suyas. Tristemente, bastante bien le juegan al gato y al ratón. Y tantas veces ganan.

Aun así, de las iniciativas IPAC implementadas quedaron herramientas y huellas duraderas que forman parte ya de la cultura de gestión pública dominicana, y ahí están.

Entre otras, está la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, así como los avances logrados en años siguientes en términos de escalar la calidad y el alcance de la planificación en todos los niveles y ámbitos de desarrollo. Se dotó de sentido estratégico (visión de largo plazo) a la gestión y al gasto público. Así se ha dado, ¡y qué bueno!

Vale citar también la ejecución del mandamiento de ley en el sentido de que los funcionarios públicos cumplan en buena práctica con la Declaración Jurada de Bienes; así como, además, fue creado el Portal del Ciudadano, un instrumento que contribuye a viabilizar la vigilancia de la gestión pública y la transparencia en la ejecución del gasto.

También está la creación de la Cuenta Única del Tesoro, que acabó con el desorden de la creación y dispersión aviesa de cientos (¡miles!) de cuentas abiertas en Tesorería propiedad de un grueso de instituciones públicas, con recursos de presupuesto disponibles para el gasto casi sin control (a discreción) por parte de sus respectivos incumbentes. Fueron cerradas, y los recursos fueron consolidados en la una cuenta única, recortando de cuajo un buen espacio a la cancha de la corrupción administrativa. 

Hay que referir también las acciones que impulsaron el fortalecimiento la Cámara de Cuentas, de la Controlaría General de la República y otras entidades vinculadas al control interno.

Además, se puso en marcha el proceso de unificación de las adquisiciones y los suministros del Sistema de Salud; la mejora de los mecanismos para el monitoreo de los resultados en la función Educación; los esfuerzos para la mejora y eficiencia del sector eléctrico, que después fue parte de los mandatos establecidos en la END, concretado a través del proceso del Pacto Eléctrico; y más.

Fueron, entre otros más, pasos adelante en el largo camino de forjar una cultura de buenas prácticas en la gestión de la cosa pública, y mejorar los resultados.

La trascendencia

Hoy es algo más complejo implementar las políticas públicas. Es más complicado cumplir con los controles y gestionar el gasto. En buena medida puede decirse que con la IPAC se encaminó y aceleró un proceso de transformación en la forma de hacer gestión pública en el país, de un modo mayormente artesanal a otro más profesional y transparente. Y por demás, desde entonces, los procesos y los resultados no se dan ni se quedan a lo oscurito, están más expuestos a la vista ciudadana. Hemos avanzado.

Podría alguien decir que es poco el cambio que se vio; que con la implementación de la IPAC no es cierto que la sociedad dominicana quedara redimida del ominoso pecado de la corrupción administrativa. Puede ser. Sin embargo, sí se puede sostener, con poco lugar a dudas, que la IPAC significó para el país modestos pero fecundos pasos adelante con un valor público invaluable en el largo y tortuoso camino del desarrollo sostenible. Se la puso más difícil a la corrupción administrativa. Escaló la calidad de la institucionalidad pública en el país.

Lo malo es que, la mejora sustantiva del andamiaje normativo e institucional en pro de la transparencia y la rendición de cuentas no pudo siempre evitar la perpetración de acciones mañosas de gente “sin ajuste” enganchada a funcionarios o a empresarios para dañar el caldo. Que supieron cómo hacerle, y lo hicieron. Lo siguen haciendo, al margen de la suprema voluntad política de turno.

Lo bueno es que, a pesar de ello, algunos han caído presos y, mal que bien, se les está procesando o han sido procesados. Esto, en buena medida, gracias las acciones de mejora regulatoria consensuadas en la IPAC, tales como reformas institucionales y normativas, reformas de fortalecimiento de la supervisión y auditoría, de transparencia y acceso a la información, de participación ciudadana y rendición de cuentas, de seguimiento y monitoreo a la gestión pública, y más.

La IPAC fue una auténtica estrategia anticorrupción. Gracias a la implementación de los acuerdos emanados del proceso, quedó fortalecida una capacidad normativa e institucional para perseguir y sancionar la corrupción administrativa. Asimismo, se consolidó la cultura de un mayor empoderamiento ciudadano (de la sociedad civil) para ejercer de contrapeso y contribuir a una gestión pública con un sentido ético y transparente, que rinde cuentas. ¡Así sea!