La Ley 1-24, que crea la DNI,sigue genera controversias y deja en evidencia errores legislativos
Santo Domingo, 24 de enero – La redacción ambigua de la Ley 1-24, que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha generado críticas y controversias, dejando en evidencia errores legislativos que podrían requerir ajustes por parte del Tribunal Constitucional.
Esta no es la primera vez que se observan fallos en la redacción de leyes, y la situación actual recuerda casos anteriores como la Ley 15-19 de Régimen Electoral y la 33-18 de Partidos Políticos. Todo indica que se necesitarán correcciones y ajustes antes de que la ley retorne al Congreso Nacional.
El vocero de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, expresó su descontento, señalando que la propuesta no fue consultada ni consensuada entre las partes y que recibió el tratamiento de ley ordinaria en lugar de ser considerada una ley orgánica.
La Ley 1-24 es considerada necesaria para establecer un marco jurídico que permita enfrentar amenazas a la seguridad nacional, como el terrorismo, el crimen organizado, los ataques cibernéticos y el flujo migratorio irregular. El texto autoriza la creación de la DNI para coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia, que estará bajo la supervisión del presidente de la República.
Uno de los puntos de conflicto se encuentra en el artículo nueve, que detalla las atribuciones de la DNI. En particular, el numeral seis autoriza a la DNI a realizar labores de inteligencia y contrainteligencia para la protección de las instituciones del Estado y los recursos e instalaciones estratégicas, tanto públicos como privados.
El artículo 11 ordena la entrega de información a todas las dependencias estatales, instituciones privadas y personas físicas, sin la necesidad de intervención de un juez. Además, otorga la facultad de disponer y hacer uso de medios y actividades encubiertas.
El artículo 26 establece sanciones penales para quienes oculten información requerida por la DNI, con penas de prisión menor de dos a tres años y multas de nueve a quince salarios mínimos.
Aunque la ley ya ha sido promulgada, el Ejecutivo ha iniciado trabajos con la Sociedad Dominicana de Diarios para evaluar el texto y realizar las correcciones necesarias. La legislatura ordinaria se reinicia el próximo 27 de febrero, momento en el cual se espera que se discuta la ley.
El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, defendió el derecho de la Sociedad Dominicana de Diarios a cuestionar la ley en temas de su interés. Sin embargo, criticó a los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana por cuestionar la ley, calificando su actitud como «irreflexiva e irresponsable».
La polémica en torno a la Ley 1-24 destaca la importancia de un proceso legislativo cuidadoso y transparente para evitar errores y controversias en leyes de vital importancia para el país.
