La licitación que divide a Santiago
Víctor Féliz Solano
El debate en torno a la licitación para la recolección de basura en Santiago de los Caballeros ha escalado en intensidad, convirtiéndose en un tema que polariza opiniones y enciende pasiones.
Este proceso, que debería garantizar la gestión eficiente de un servicio esencial, se ha transformado en un punto de tensión que cuestiona no sólo las políticas públicas, sino también la transparencia de las autoridades locales.
Los montos involucrados, las decisiones administrativas y las declaraciones de los actores implicados han dejado al descubierto un sistema que muchos consideran opaco y propenso a favorecer intereses particulares.
La controversia comenzó con el anuncio de un incremento significativo en el costo por tonelada de basura. Pasar de RD$1,400 a RD$2,035 por tonelada no sólo implica un ajuste financiero, sino que pone en el centro del debate las prioridades presupuestarias de la administración municipal.
Para muchos ciudadanos y líderes de opinión, este aumento no se justifica con base en las mejoras percibidas en el servicio. Los regidores de la oposición han sido especialmente ácidos en sus críticas, calificando el alza como desmedida y señalando la falta de explicaciones claras sobre cómo se llegó a esos números.
El alcalde Ulises Rodríguez, por su parte, ha defendido los procesos de licitación como transparentes y necesarios para responder al crecimiento de la ciudad.
Según el edil, el aumento en la generación de residuos debido a la expansión urbana exige inversiones más robustas y estructuradas.
Sin embargo, esta explicación no ha logrado disipar las dudas, especialmente cuando se compara con una licitación anterior, de 2023, por un monto significativamente menor que fue cancelada debido a irregularidades detectadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas. La pregunta inevitable que surge es: ¿por qué esta nueva licitación, que ronda los RD$2,500 millones, es ahora válida y adecuada cuando la anterior, de RD$1,664 millones, fue cuestionada?
La falta de consenso en torno a este tema refleja un problema más amplio de confianza en las instituciones municipales.
En un país donde la percepción de corrupción es alta, cualquier decisión que implique el manejo de recursos públicos es observada con lupa.
La licitación en Santiago no es la excepción. Más allá de los tecnicismos, el ciudadano promedio se pregunta si su dinero está siendo bien administrado y si realmente verá una mejora en el servicio por el cual está pagando más.
El proceso de licitación también pone en evidencia las tensiones entre la administración municipal y los órganos de supervisión.
La intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas para suspender procesos anteriores, debido a fallos en la justificación de la urgencia y problemas en la modalidad de selección, resalta la fragilidad de los mecanismos de control. Aunque las autoridades locales aseguran que esta vez todo se ha realizado conforme a la normativa, el antecedente deja un sabor amargo que es difícil de ignorar.
Un aspecto interesante del debate es cómo ha sido recibido por la población. En Santiago, como en otras ciudades, la gestión de los residuos sólidos tiene un impacto directo en la calidad de vida.
Los ciudadanos han sido testigos de las consecuencias de una gestión deficiente, desde acumulaciones de basura en las calles hasta problemas de salubridad. Por tanto, las expectativas sobre la eficacia del servicio son altas, pero también lo es la frustración cuando las promesas no se cumplen o los costos parecen desproporcionados.
Los medios de comunicación y las redes sociales han amplificado la polémica, con opiniones encontradas y, en algunos casos, información que parece más diseñada para polarizar que para informar.
Mientras algunos defienden la necesidad de actualizar los costos para responder al crecimiento urbano, otros ven en ello una excusa para beneficiar a contratistas específicos. Esta batalla de narrativas, lejos de aclarar el panorama, ha contribuido a profundizar la desconfianza.
En el centro de esta controversia hay un llamado urgente a la transparencia. Más allá de los montos y las licitaciones, lo que los santiagueros demandan es claridad en el proceso.
El Día
