La muerte de Orlando Jorge Mera: Notable debilidad en controles y visión de seguridad

Por Camelia Michel

Con la muerte a tiros del ministro de Medio Ambiente, acaecida en su despacho durante la jornada laboral del pasado lunes, se pone en evidencia una  notable debilidad en los controles y en la visión de la seguridad en dicha institución estatal.

El propósito del protocolo de seguridad de toda entidad pública o privada, es evitar  cualquier situación de riesgo, ya sea por factores internos o externos, humanos o no; y con esa finalidad debe existir un reglamento a cargo de un personal capaz de aplicar las normativas vigentes sin excepciones. También debe existir una logística viable con apoyo de una adecuada tecnología, capaz de facilitar la respuesta de la institución ante situaciones de peligro.

Puede alegarse que Fausto Miguel Cruz de la Mota, el señalado homicida del Dr. Orlando Jorge Mera, era alguien del entorno cercano del funcionario y visitante frecuente del Ministerio de Medio Ambiente,  lo que no justifica que ingresara armado a dicho recinto sin pasar ninguna clase de revisión. Sin embargo, en el edificio que Medio Ambiente comparte con el Ministerio de Turismo, al igual que en muchas instituciones públicas, existe un detector de metales que se aplica a todos: visitantes y empleados.

De haberse cumplido con esta medida, habría podido conjurarse el peligro, al menos en el ámbito de dicha institución.  Posteriormente, personas allegadas al ministerio han declarado que con bastante frecuencia este personaje solía hostigar a empleados y funcionarios de alto rango, como el encargado del departamento jurídico, conducta que probablemente era del conocimiento de muchos, incluyendo al mismo ministro.  

Y cabe preguntarse si alguien de comportamiento tan intempestivo e insolente debería ser tolerado o ignorado, como si se tratara de aplicar la política del avestruz.  El hecho mismo de que el ministro Jorge Mera y sus colaboradores más cercanos no fueran capaces de vislumbrar los posibles alcances de la conducta del agresor,  basados en una relación primaria de amistad y afinidad política, es un indicio de que con mucha frecuencia nuestros funcionarios no poseen una clara conciencia de lo que implica el ejercicio del poder y de la función pública. 

Es que para entender  los límites  que deben deslindar  el rol del funcionario, se requiere cabal visión de Estado, y si no, estaremos siempre tropezando con la misma piedra. El caso de la muerte del síndico  Juan de los Santos  en circunstancias tan parecidas a las del lamentable asesinato de Orlando Jorge Mera, nos pone frente a la dura realidad de que no siempre el dominicano pone candado cuando le roban.

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