La nueva Ley de responsabilidad fiscal y su impacto en el presupuesto 2025
Santo Domingo, 29 julio – La recién aprobada Ley de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales, una normativa que busca controlar el crecimiento de la deuda pública, se tomará en cuenta para la formulación del Presupuesto General del Estado que se aplicará en 2025.
El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, afirmó que, para entonces, las reglas fiscales estarán contempladas «desde ya». «La ruta es que, de aquí al 2035, estemos por debajo, máximo, del 40 % de la deuda sobre el PIB», manifestó a Diario Libre.
Rijo Presbot informó que este lunes sostendrá una reunión para discutir el borrador del reglamento de la ley, una herramienta que tendrá más detalles sobre cómo debe aplicarse esta nueva normativa y que se trabajará «rápido».
Además, se tiene contemplado limitar el incremento del déficit fiscal, manteniéndolo al mismo nivel que en 2024, a fin de mantenerlo por debajo de la meta de inflación, que es del 4 %. «El gasto no se va a incrementar más allá del 3 % con relación al presupuesto de este año», explicó, señalando que la esencia de una regla fiscal es que el Gobierno se obligue a realizar gastos en función de las prioridades, evitando incrementar el déficit.
La Ley de Responsabilidad Fiscal, introducida por el Poder Ejecutivo el año pasado, fue aprobada el pasado jueves, a fin de darle «certeza y predictibilidad» a la trayectoria del coeficiente de deuda.
El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, afirmó que el Gobierno está dispuesto a ponerse «límites razonables» al crecimiento del gasto público para cumplir con las funciones estatales, al tiempo que se garantiza la sostenibilidad de la deuda pública, según puntualizó la institución en una nota de prensa.
El economista Nelson Suárez manifestó que, para que esta ley tenga éxito en su cumplimiento, necesita establecer directrices que no sean «ni tan rígidas» que impidan llevarlas a cabo, «ni tan flexibles» que sean pasadas por alto, enfatizando la importancia de estudiar con detenimiento la pieza ya aprobada.
A principios de julio, otros cinco economistas conversaron con Diario Libre y coincidieron en que la pieza jugaría un rol importante para la aplicación de reformas estructurales. «El país necesita una regla fiscal que delimite de qué manera los gastos corrientes aumentan, para evitar cualquier hemorragia», señaló el consultor financiero José Luis de Ramón Picazo en ese momento.
Por su parte, la experta Magdalena Lizardo considera que la ley debe considerarse como un componente integral del conjunto de reformas que las autoridades quieren implementar. La economista especializada en manejo tributario, Germania Montás, planteó que las autoridades deben estar comprometidas a darle cumplimiento a la pieza y propuso que se involucre a las universidades y a otros actores de la sociedad civil en su supervisión.
Luis Reyes, pasado director general de Presupuesto, considera que el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal constituye «un desafío enorme» bajo las condiciones presupuestarias actuales, definidas por altas presiones de gasto, una inversión pública reducida e ingresos insuficientes.
«Si tenemos restricciones como esas y tenemos una presión tributaria tan baja, lo único que uno puede pensar es que la reforma fiscal es inminente», manifestó Reyes al ser entrevistado el pasado viernes en el programa radial El Sol de la Mañana, agregando que el Gobierno está mandando una señal «en la dirección correcta» y apuntando a que propondrá una reforma fiscal para los próximos días o semanas.
