La seguridad nacional y el fundamentalismo liberal
Andrés Dauhajre Hijo
“¿Qué salió mal? Tres hipótesis sobre el fracaso masivo de la Inteligencia de Israel” es el título del artículo de Haleigh Bartos y John Chin, profesores del Carnegie Mellon Institute for Strategy & Technology de la Universidad de Carnegie Mellon, publicado el pasado 31 de octubre por el Modern War Institute en West Point. Luego de analizar las tres hipótesis de los posibles fallos que a la fecha han costado más de 800 vidas de civiles israelitas, los expertos recomiendan la creación de una investigación similar a la realizada por la Comisión 9/11 con el objetivo de analizar plenamente los fallos de la inteligencia y la seguridad de Israel, y concluyen que “ciertamente hay lecciones que aprender, no solo para el aparato de inteligencia y seguridad israelí, sino también para los servicios de inteligencia a nivel mundial. La lucha contra el terrorismo requiere que las agencias de inteligencia enfrenten prejuicios, luchen contra la complacencia y piensen creativamente sobre la naturaleza cambiante de los ataques terroristas y cómo, cuándo y por qué las organizaciones terroristas desplegarán una variedad de tácticas en el futuro.”
Muchos perciben muy distante el conflicto entre israelíes y palestinos, exacerbado por grupos terroristas como Hamás y Hezbolá, y que tiene como origen formal la Declaración de Balfour consistente en la carta enviada el 2 de noviembre de 1917 por el Secretario de Estado británico, Arthur Balfour, al banquero Lionel Walter Rothschild, uno de los principales líderes de la comunidad judía en Inglaterra, en la cual expresaba su apoyo al establecimiento del “hogar nacional para el pueblo judío” en Palestina, lo que dio origen al establecimiento del estado de Israel en 1947 y la partición inicial de Palestina en dos estados, uno judío que recibiría el 55% del territorio y otro árabe que retendría el restante 45%. El Mandato Británico de Palestina aprobado por las Naciones Unidas, dio lugar también a “al-Nakba”, la catástrofe o el desastre que significó para cerca de 800,000 árabes musulmanes y cristianos la expulsión definitiva y permanente de sus tierras y viviendas en Palestina.
Está claro que ese no es el caso de las complicadas relaciones dominico-haitianas. Los dominicanos simplemente expulsamos a los haitianos de nuestro territorio luego de los inefables 22 años de la ocupación haitiana (9 de febrero de 1822 y el 27 de febrero de 1844). Los dominicanos lo tenemos muy claro. Eso no quiere decir, sin embargo, que el 100% de los haitianos coincida con nuestra narrativa. No son pocos los haitianos que nos perciben como ocupantes ilegales de un territorio que a ellos pertenece e incluso, responsables de la pobreza y el hambre que los afecta. No debemos olvidar que cuando la pobreza es intensa y el hambre es profunda, más efectiva resulta la conculcación de leyendas sobre “colonizadores dominicanos” que expulsaron a sus antepasados haitianos y provocaron la partición de la “una e indivisible isla de Santo Domingo” en dos estados, uno dominicano con el 63% del territorio y otro haitiano, con el 37% restante.
Es cierto además que Haití, todavía, no tiene en su territorio grupos terroristas como Hamás y Hezbolá. Lo que si tienen es a Chen Mechan, 400 Mawozo, Kraze Baryie, Fantom 509, G-PEP, 5 Segonn, a la G9 An Fanmi e Aliye que dirige “Barbecue” y a otras 200 bandas, gangas y pandillas, algunas lideradas por figuras que no esconden un profundo resentimiento hacia los dominicanos. Al igual que ocurre en Gaza con Hamás, estas bandas y pandillas criminales tienen más poder y control del territorio de Haití que el que puede exhibir el inexistente o, en el mejor de los casos, fallido Estado haitiano. Cuentan también con dirigentes carismáticos, golpistas y condenados por lavado de dinero que han sido repatriados por Estados Unidos y que algunos asocian a la realización de un atentado contra el presidente dominicano que visitó Haití en el 2005.
Sus fronteras marítimas y terrestres son lo suficientemente porosas para que Haití opere exitosamente como un país de tránsito de la droga manufacturada por Colombia y otros nuevos productores del Cono Sur. La porosidad ha favorecido además un influjo sin precedentes de armas procedentes del este de los Estados Unidos, haciendo posible que el superávit de violencia prevaleciente en su territorio se desahogue de manera ruidosa a través de un inventario creciente de armas de todos los calibres que ha pasado de 291,000 en el 2018 a 600,000 e el 2022. Más de 3,000 asesinatos, cientos de secuestros y abundante piratería en los puertos forman parte del brebaje de violencia que sacude a un territorio que está a la espera de una fuerza militar keniana de pacificación financiada en gran parte por Estados Unidos.
Aunque la mayoría celebra la eventual llegada de los 1,000 militares kenianos, unos pocos se preguntan hacia donde podrían huir los miembros de las 200 bandas y pandillas haitianas, conscientes de que el objetivo de la fuerza pacificadora es la eliminación de las mismas. No podemos descartar que algunos miembros de las mismas traten de ingresar por la frontera porosa hacia el lado este de la isla. Si R. Evan Ellis, profesor investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU., está en lo correcto cuando sostiene que “aunque las cada vez más poderosas pandillas haitianas no suelen involucrarse en la violencia en el lado dominicano de la frontera, según los entrevistados para este documento, muchos utilizan la República Dominicana como depósito de su dinero, base para planificar operaciones y zona segura para las familias de los líderes de las pandillas”, la posibilidad de una inmigración de haitianos para trabajar en la industria del crimen en nuestro país constituiría un reto importante para los organismos encargados de velar por la seguridad nacional.
Si esta fuese la única fuente potencial de riesgo a nuestra seguridad nacional, la superioridad de las fuerzas militares dominicanas frente a las representadas por las 200 bandas y pandillas haitianas (al igual que sucede con las israelíes vis-à-vis los terroristas de Hamás), permitiría catalogar dicho riesgo como controlable. Lamentablemente, hay otros riesgos que no se originan en Haití sino en un Cono Sur que por alguna razón ha tomado la decisión de acelerar la generación de ingresos de divisas expandiendo las exportaciones de cocaína y otras drogas más perjudiciales a la salud. En el período 2016- 2019, las exportaciones de cocaína de Colombia (excluyendo las incautadas) registraron un promedio anual de 681 toneladas métricas. En el 2022, ascendieron a 1,067, para un aumento de 57%, lo que se traduce en riesgos crecientes para los países que, como República Dominicana, han sido identificados como geografías de tránsito. En septiembre del año pasado, el presidente Petro aseguró que la cocaína ha desplazado al petróleo como el primer producto de exportación de Colombia.
Mientras en el 2016-2019 el promedio anual de hectáreas sembradas de coca en Colombia fue de 160,000, en el 2022 la siembra alcanzó 230,000 hectáreas, para un crecimiento de 44%. Según el gobierno de los EE. UU., otros países del Cono Sur que anteriormente operaban como países de tránsito han comenzado a incursionar, en la siembra de coca y la producción de cocaína. República Dominicana es un país de tránsito de la cocaína producida en el Cono Sur y que se destina no sólo a EE. UU. sino también, de manera creciente, hacia Europa. Las grandes incautaciones de drogas que han tenido lugar en nuestro país en los últimos años reflejan, en parte, el mayor volumen de cocaína manufacturada en el Cono Sur que logró ser exportada desde los puertos y aeropuertos de los países suramericanos productores. Si alguien piensa que los riesgos a la seguridad nacional provocados por el narcotráfico son menores en los países de tránsito que en los países productores, debería observar lo sucedido en Ecuador durante las últimas dos semanas. Al igual que nosotros, Ecuador es un país de tránsito de la cocaína y otras drogas producidas en Colombia.
Los riesgos derivados de las acciones militares de grupos terroristas, bandas y pandillas, así como los derivados de la lucha entre los carteles de la droga, tienen serias repercusiones sobre la economía de las naciones vecinas y los países de tránsito de las sustancias ilícitas. En Israel, por ejemplo, la llegada de turistas cayó de 370,000 en noviembre de 2022 a 39,000 en noviembre de 2023, mientras que el desempleo pasó de 3.5% a 10% en el mismo período. En Ecuador, a pesar de que la violencia provocada por la rebelión de los carteles de la droga no tiene lugar en las Islas Galápagos y la Amazonía, las zonas geográficas preferidas por los turistas que visitan ese país, la violencia del conflicto armado en las calles de Quito y otras ciudades que ha recogido la prensa internacional y las redes sociales, ha provocado la cancelación de más del 80% de las reservas, un nivel de cancelación superior a las generadas por la pandemia del Covid-19. Ni Israel ni Ecuador dependen tanto del turismo como la República Dominicana. ¿Imagina alguien el efecto que podría tener que una banda o pandilla de criminales haitianos aborde un crucero en el puerto turístico de Pedernales y secuestre un centenar de turistas y los lleve de manera forzada a Haití? ¿Habría alguien en el país capaz de pensar que semejante acontecimiento dejaría inmune la llegada de turistas a Punta Cana?
Ante el tsunami de riesgos de seguridad que enfrenta el mundo, incluyendo los riesgos de ataques y/o “hackeos” de equipos, redes, aplicaciones de software, sistemas críticos y bases de datos que han estimulado una creciente inversión en ciberseguridad, todos los expertos internacionales en seguridad nacional recomiendan fortalecer las instituciones de seguridad, lo que incluye los organismos de inteligencia.
Luego de la reciente aprobación de la Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), reforma que debió aprobarse a más tardar a principios del 2017 ( véase el Art. 29, numeral 4, Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030), algunos han planteado que la misma podría dar lugar a interpretaciones que entrarían en contradicción con ciertos preceptos constitucionales, específicamente, con lo establecido en el Artículo 70 de Hábeas data en el sentido de que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.” Esta percepción emana de una interpretación que hacen del Artículo 11 de la nueva Ley que entraría en contracción con los preceptos constitucionales. No creemos que el espíritu del legislador se oriente en la dirección que conduciría a violentar la Constitución, pues sabe que, si así fuere, el dispositivo sería declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. No creemos tampoco que ese sería el espíritu de las presentes y futuras autoridades de la Dirección Nacional de Inteligencia, aunque respetamos el derecho que tienen algunos analistas de pensar erradamente que el propósito de la presente administración es reestablecer la institución del “caliesaje” que prevaleció durante la dictadura de Trujillo.
Antes de concluir me gustaría dejar esta pregunta a los defensores del respeto inalienable de las fuentes de información periodística. Como la ley aprobada se circunscribe al objetivo de salvaguardar la seguridad nacional de la cual se deriva el clima de paz social, uno de los factores fundamentales del progreso económico y social que ha exhibido nuestro país durante las últimas seis décadas, ¿debería “respetarse” ese precepto constitucional en el caso de un periodista cuya fuente le haya revelado la existencia de planes concretos de bandas criminales haitianas para incursionar en las provincias fronterizas con el objetivo de asesinar a todas las familias dominicanas de la zona y secuestrar un centenar de ellas para esconderlas en el territorio haitiano? ¿En el ranking de los derechos que obsesionan a los fundamentalistas liberales, cual de los derechos debería seleccionarse en una situación en la cual la coexistencia de ambos resulta imposible? ¿El derecho a la protección de la fuente periodística o el derecho a la vida de las familias a punto de ser asesinadas?
Necesitamos “Adults in the Room” cuando lo que se va a discutir son temas trascendentales como la estrategia de seguridad nacional. El mundo de hoy es diferente, muy diferente al que enfrentaron los padres del pensamiento liberal clásico, específicamente Locke y Montesqieu. En aquellos tiempos no confluían al mismo tiempo todas las facetas del terrorismo, el narcotráfico, el lavado de activos, los ataques cibernéticos, el tráfico global de armas modernas, los crímenes transnacionales y el descontrol en los flujos migratorios ilegales que hoy deshacen las fronteras entre naciones y desencadenan presiones fiscales insostenibles. Pensar que un Estado minimalista en extremo es la solución para hacer frente a los retos a la seguridad nacional que hoy enfrentan las naciones del mundo, es una tomadura de pelo.
La “derechocracia” aunque nos ahoguemos en la anarquía no constituye una oferta sensata y racional para mantener la convivencia pacífica entre los individuos que forman parte de un Estado nación liberal. Aferrarse con obsesión al fundamentalismo liberal como el que ha permitido la desaparición de la frontera entre México y EE.UU., que ha provocado el colapso de ciudades y aeropuertos de la “nación” estadounidense, puede llevarnos a saltar en el vacío. A los liberales, quizás drogados por inyecciones de un individualismo irracional, se nos olvida que al vivir en una sociedad somos fundamentalmente seres sociales. La geografía individual no existe; es simplemente una construcción teórica viable en el mundo de Robinson Crusoe narrado por Daniel Defoe en 1719. En ocasiones, sin embargo, cuando observamos la obsesiva exaltación que se hace del individualismo y del amplio inventario de derechos inalienables que se le ha otorgado al homo-individŭus, hemos llegado a pensar que el fundamentalista liberal, sin darse cuenta, ha plagiado a Luis XIV, al dejar entrever que “La Sociedad soy Yo”.
El Caribe
