La Sentencia del Supremo que otorga inmunidad a Trump desata controversia y temor por la democracia

Washington, 2 de julio – La reciente sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que otorga inmunidad a Donald Trump por sus actos como presidente ha generado una fuerte controversia y un profundo temor por el futuro de la democracia en el país.

La decisión, respaldada por la mayoría conservadora del tribunal, exime de responsabilidad al presidente en el ejercicio de su autoridad constitucional y lo declara inmune a todos los actos oficiales. Esta sentencia, según las tres juezas progresistas del Supremo, abre la puerta a “escenarios de pesadilla” donde un presidente podría ser declarado inmune incluso por asesinatos, sobornos y golpes de Estado. Para las juezas disidentes, esta decisión convierte al presidente en un “rey por encima de la ley”, manifestando su “miedo por la democracia”.

El voto particular discordante, redactado por la jueza Sonia Sotomayor y secundado por Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, se expresa en términos muy duros. “El presidente de Estados Unidos es la persona más poderosa del país, y posiblemente del mundo. Cuando utiliza sus poderes oficiales de cualquier manera, según el razonamiento de la mayoría, ahora estará protegido de la persecución penal”, indica el voto.

“¿Ordena al Equipo Seal 6 de la Marina asesinar a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para aferrarse al poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune. Dejemos que el presidente viole la ley, dejémosle explotar las trampas de su cargo para beneficio personal, dejémosle usar su poder oficial para fines malvados. Porque si supiera que algún día puede enfrentarse a la responsabilidad por violar la ley, no sería tan audaz y valiente como nos gustaría que fuera. Este es el mensaje de la mayoría hoy”, señalaban las juezas en su voto particular de este lunes.

“Aunque estos escenarios de pesadilla nunca lleguen a producirse, y rezo para que nunca lo hagan, el daño ya está hecho. La relación entre el presidente y el pueblo al que sirve ha cambiado irrevocablemente. En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley”, añaden las juezas progresistas. Destacan que, ya sea presunta o absoluta, según la tesis de la mayoría, “el uso por parte de un presidente de cualquier poder oficial para cualquier fin, incluso el más corrupto, es inmune a la persecución”. “Esto es tan malo como suena, y carece de fundamento”, dicen.

Además, critican otro aspecto de la sentencia que también sirve para blindar a Donald Trump y hacer más difícil su persecución por los presuntos delitos que cometió para alterar los resultados de las elecciones de 2020.

La sentencia declara que las pruebas relativas a los actos por los que el presidente es inmune no pueden desempeñar ningún papel en ningún proceso penal contra él. “Esta afirmación, que impedirá al Gobierno utilizar los actos oficiales de un presidente para probar el conocimiento o la intención en el enjuiciamiento de delitos privados, carece de sentido”, señalan.

La polémica decisión de la mayoría, escrita por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, sostiene que “el presidente no puede ser procesado por ejercer sus principales poderes constitucionales, y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales”. Afirma que siempre que el presidente actúe de una manera que “no exceda de forma manifiesta o palpable [su] autoridad”, está llevando a cabo una acción oficial.

La mayoría conservadora trata de matizar el contenido de la sentencia con algunas precisiones y obviedades, como que “el presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales”, que “no todo lo que hace el presidente es oficial”, y que la inmunidad “se aplica por igual a todos los ocupantes del Despacho Oval, independientemente de su política o partido”. La sentencia beneficia directamente a Trump, pero parece que los jueces se ven obligados a decir que no es una decisión a medida para él.

Ningún otro presidente ha necesitado apelar a esa inmunidad. El voto particular recuerda cómo el presidente Gerald Ford concedió un indulto a Richard Nixon tras su dimisión por el caso Watergate. Tanto el indulto de Ford como la aceptación del mismo por parte de Nixon “descansaban necesariamente en el entendimiento de que el expresidente se enfrentaba a una posible responsabilidad penal”, explican.

“Nunca en la historia de nuestra República un presidente ha tenido motivos para creer que sería inmune a la persecución penal si utilizaba las circunstancias de su cargo para violar la ley penal. Sin embargo, a partir de ahora, todos los expresidentes gozarán de dicha inmunidad. Si el ocupante de ese cargo hace un uso indebido del poder oficial en beneficio propio, el derecho penal que el resto de nosotros debemos acatar no servirá de protección. Temiendo por nuestra democracia, disiento”, termina su voto particular.

La sentencia llega en un momento en que Donald Trump aspira a ser elegido para un segundo mandato en las elecciones del próximo 5 de noviembre. De hecho, con la demora en resolver el caso y el sentido de su decisión, los jueces del Tribunal Supremo han despejado el camino de Trump.

Si a eso se suma su victoria en el debate de la semana pasada en Atlanta y las dudas que ha sembrado entre los demócratas sobre la capacidad de Joe Biden para hacer frente a un segundo mandato, las probabilidades de que Trump vuelva a ocupar la Casa Blanca son altas. Ahora, lo haría con esa especie de blindaje concedido por los jueces, incluidos los tres a los que él mismo nombró.

“Acaban de entregar a Donald Trump las llaves de una dictadura”, ha dicho en una llamada con periodistas el director adjunto principal de la campaña de Biden, Quentin Fulks. “El Tribunal Supremo le acaba de dar a Trump un permiso para asesinar y encarcelar a quien quiera para conseguir el poder”, ha añadido. “El tribunal de Trump ha dejado a nuestro país vulnerable a un ataque desde dentro. Ha eliminado las barreras que nos protegen de un presidente que intenta ser un dictador, dejándonos a los caprichos de la persona que ocupa un puesto. Ahora, más que nunca, debemos unirnos y evitar que Donald Trump vuelva a ocupar ese puesto”, ha añadido Fulks.

El escenario político en Estados Unidos se encuentra en una situación delicada. La decisión del Tribunal Supremo no solo influye en la percepción del poder ejecutivo, sino que también tiene un impacto significativo en el contexto electoral. Las críticas de las juezas progresistas reflejan una profunda preocupación por el futuro de la democracia y la posibilidad de que la figura presidencial se convierta en un ente impune. Esta decisión podría tener repercusiones duraderas en la relación entre el gobierno y los ciudadanos, así como en la forma en que se concibe la justicia y la responsabilidad en el más alto nivel del poder.

La sentencia del Supremo también plantea preguntas sobre el equilibrio de poder entre las ramas del gobierno y cómo se protege la integridad de las instituciones democráticas. La percepción de que un presidente puede actuar sin consecuencias legales socava la confianza pública en el sistema judicial y en la capacidad del Estado para garantizar la justicia para todos sus ciudadanos. La reacción de los sectores progresistas y de la campaña de Biden subraya la importancia de mantener controles y balances efectivos para evitar abusos de poder.

En este contexto, la decisión del Tribunal Supremo se convierte en un tema central en la campaña electoral, con implicaciones que van más allá de la política partidista. La inmunidad presidencial, tal como se ha definido en esta sentencia, es vista por muchos como una amenaza a los principios fundamentales de la democracia estadounidense. La discusión en torno a esta decisión es un reflejo de las tensiones y divisiones profundas que existen en la sociedad estadounidense y la lucha constante por preservar la integridad del sistema democrático.

A medida que se acercan las elecciones, el impacto de esta sentencia continuará siendo un punto de debate y análisis. Los votantes deberán considerar no solo las políticas y propuestas de los candidatos, sino también la visión que tienen sobre el papel del presidente y la importancia de la rendición de cuentas en el más alto nivel del gobierno. La sentencia del Tribunal Supremo ha añadido una nueva dimensión a la contienda electoral, y su legado se sentirá en los años venideros, independientemente del resultado de las elecciones de noviembre.

Con datos de El País, de España