La tercera consulta popular de Ecuador en 14 meses pone a examen a Noboa y su lucha contra el crimen

QUITO, 21 abril  — Los ecuatorianos vuelven el domingo a las urnas para un referendo y consulta popular convocados por el presidente Daniel Noboa, quien busca conseguir el respaldo para hacer los cambios legales que le permitan reforzar su lucha contra la inseguridad y, entre otras cosas, pueda mantener al ejército en las calles.

Unos 13,6 millones de ecuatorianos están registrados para votar en la que será la tercera consulta popular en poco más de un año, aunque la primera de Noboa, un empresario millonario de 36 años que asumió el poder en noviembre por un periodo de apenas 18 meses y que puede presentarse a la reelección en febrero del próximo año.

En ese corto mandato aspira a sacudir varias normas, mientras busca contener la violencia de bandas asociadas al narcotráfico que han sumido al país sudamericano en la inseguridad en los últimos tres años.

Las 11 preguntas, en las que los ciudadanos deberán responder “sí” o “no” en una sola papeleta, es un nuevo intento para reformar normas que según las autoridades dificultan la lucha contra la violencia. Cinco de ellas son de referendo, es decir, que implican enmiendas a la Constitución, y seis de consulta popular, que no implican cambios a la carta magna, pero sí a leyes secundarias.

Entre los temas sobre los que deben pronunciarse los ecuatorianos está si la presencia militar debe continuar en las calles para el control de la seguridad interna, como ordenó Noboa a inicios de año en medio de una oleada de ataques de bandas y de motines en prisiones. En situaciones ordinarias, el control y vigilancia de la seguridad ciudadana es únicamente competencia de la policía y en las cárceles, del organismo rector del sistema penitenciario.

La votación para la consulta popular iniciará a las 07.00 y cerrará a las 17.00. El sufragio es obligatorio para los ecuatorianos entre 18 y 64 años y opcional para los jóvenes de 16 y 17 años. Ecuador es un país con 17 millones de habitantes.

Cerca de 430.000 ecuatorianos residentes en el extranjero están habilitados para votar. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral suspendió los comicios en cuatro países. En Israel, por el conflicto bélico con Hamas; en México, por falta de recursos para contratar seguridad privada en los consulados y garantizar el sufragio; y en Rusia y Bielorrusia, por “contratiempos logísticos”.

La consulta también plantea un aumento de penas para los delitos de terrorismo y otros conexos a la delincuencia organizada y el narcotráfico, así como la tipificación de los delitos de tenencia y porte de armas, cuyo uso es exclusivo de las fuerzas del orden.

Ecuador lleva tres años sumido en un clima de inseguridad, con un aumento récord de asesinatos que elevaron la tasa de muertes violentas al cierre de 2023 a 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del continente. El año pasado hubo más de 7.600 crímenes. Las autoridades lo atribuyen a la acción de bandas criminales relacionadas con el narcotráfico.

Como parte de la estrategia para combatir la violencia en el país —que también ha registrado un aumento de secuestros, asaltos, extorsiones y otros delitos—, el gobierno de Noboa declaró a Ecuador en un conflicto armado interno, que permite a las fuerzas armadas realizar patrullajes conjuntos con la policía en las calles y en las cárceles del país y que identifica a una veintena de bandas criminales como “terroristas”.

Aún con la movilización de uniformados para controles callejeros, donde revisan si quienes consideran sospechosos tienen tatuajes que aludan a las bandas que operan en el país, los asesinatos no han cesado. En el feriado de Semana Santa, a finales de marzo, hubo más de 130 crímenes en un solo fin de semana.

El plebiscito supone un examen de validación a la gestión del presidente Noboa, a mitad de un mandato corto y a meses de unas nuevas elecciones en las que podría presentarse a la reelección. El país tendrá de nuevo elecciones presidenciales y legislativas en febrero de 2025.

Las consultas populares son un termómetro de la aceptación de quien las convoca, según el docente de Comunicación Política de la Universidad de Los Hemisferios, Santiago Cahuasquí.

Para el analista, ganar la consulta le significará a Noboa “relanzar el liderazgo puertas adentro” y “un trampolín hacia las elecciones presidenciales de 2025”.

En el caso de Noboa, apunta el analista político, “la narrativa de la guerra interna ha sido altamente eficaz”. El presidente cosechó en apenas cinco meses de gestión una aprobación superior al 60%.

La presencia militar en las calles, indica Cahuasquí, “se comprueba a simple vista” y aunque eso no se haya traducido en una disminución real de la violencia, la consulta popular buscar afianzar ese modelo que apela a la fuerza y al control. Es lo “que la gente estaba esperando”, considera el docente, desde que se disparó la violencia en gobierno anteriores.

El nuevo proceso electoral también llega con el país sumido en la semana previa a ir a votar en racionamientos de energía eléctrica de al menos seis horas diarias que obligaron al gobierno a suspender la jornada laboral por dos días y casi dos semanas después de la ruptura de relaciones diplomáticas con México, tras la irrupción de la policía ecuatoriana a su embajada en Quito, un movimiento condenado de forma generalizada por la comunidad internacional.

En febrero de 2023, el expresidente Guillermo Lasso convocó a otra consulta también sobre seguridad, que fue rechazada por los ecuatorianos; mientras en agosto, durante la primera vuelta de los comicios presidenciales, se consultó sobre la explotación petrolera y minera en una reserva natural del Yasuní y en el Chocó Andino.

En el nuevo llamado a las urnas, hay además una pregunta para permitir la extradición de ecuatorianos a otros países, que hasta ahora está prohibida por ley y otra para la creación de judicaturas especializadas en temas constitucionales. Las autoridades han denunciado que la vía constitucional ha sido utilizada de forma abusiva por delincuentes para salir de la cárcel, llevando sus recursos a juez locales o provinciales.

También se consulta la posibilidad de que el armamento, municiones y otros artículos incautados a delincuentes puedan ser usados inmediatamente por la fuerza pública y que los bienes decomisados pasen a ser propiedad del Estado.

Pese a ser una consulta popular enfocada en la seguridad, el gobierno incluyó dos preguntas para que se permita la vigencia de los contratos laborales a plazo fijo y por horas, hasta ahora no reconocidos en la legislación ecuatoriana, y para que los arbitrajes internacionales sean un método de solución de controversias. Están prohibidos en la Constitución.

AP