Las Parras: Locuras argumentales
Guido Gómez Mazara
La raíz financiera para ejecutar el centro penitenciario Las Parras encontró en Odebrecht y 6,500 millones de pesos su fuente de sostenibilidad. Aunque “inaugurada” en agosto del 2020, su carácter inhabitable dio paso a un escándalo de corrupción caracterizado por devoluciones, confesiones y una acusación que comprometió al procurador general Jean Alain Rodríguez. Ubicada en el municipio de Guerra y, de paso, contrariando todos los parámetros relativos a criterios estandarizados internacionalmente en materia del sistema carcelario, finalmente fue la sistemática voluntad de Roberto Santana y Jorge Subero Isa que permitió concluir la primera etapa de un penal diseñado para 8,500 internos.
Lo que comenzó como un cándido interés en humanizar un sistema carcelario convertido en motivo de vergüenza terminó diluyéndose en las manías de siempre del tigueraje y su afán de acumulación indecorosa, amparadas por el eterno club de beneficiados de contratos estatales: los mismos ganadores de licitaciones, muy diestros en repartir comisiones. Y, como de costumbre, la acción institucional de mejorar el sistema terminó viendo degradado su objetivo esencial como resultado del aumento artificial de los montos presupuestados.
Una sociedad con un modelo penitenciario con 50 años de atraso trastorna los criterios de inserción de privados de libertad, a los que les asiste el derecho de reconducir sus conductas para convertirse en ciudadanos de bien. Por desgracia, el régimen de descomposición que caracteriza las circunstancias en que se desenvuelven los presos difícilmente los bien incorpore, profundizando así las causas del encierro y abriendo una puerta de retorno al mundo delictivo.
Una organización partidaria que, hoy en la oposición, alega como presea de sus ejecutorias la conclusión y apertura del centro penitenciario Las Parras, debe ser consciente también de las implicaciones éticas de una infraestructura convertida en pieza de escándalo y foco de maniobras administrativas muy cuestionables. Además, el perfil que prevalece en amplísimos núcleos de la sociedad alrededor del responsable de ejecutar esa obra, representa un referente de escaso valor ético. Por eso, si las razones de la derrota en el año 2020 están asociadas al desbordamiento de los parámetros de decencia durante el ejercicio gubernamental, reiterar la idea en el imaginario popular de ese tipo de funcionario recrea episodios desfavorables y de un gigantesco costo electoral.
Finalmente, el peso de los argumentos políticos, esencialmente desde el litoral opositor, tiende a subestimar la inteligencia de los ciudadanos, y así transita con facilidad hacia locuras e incomprensiones que recrean figuras y episodios de ingrata recordación y fuente de eterna desconfianza para actores de reconocidas inconductas. Lamentablemente, no se dan cuenta.
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