Legisladores dominicanos: Costos y controversias del gasto público en el Congreso
Santo Domingo, 12 de junio de 2024 – Los legisladores dominicanos son objeto de atención no tanto por las leyes que aprueban, sino por los elevados costos que representan para el erario público. En los primeros cinco meses de este año, el Congreso Nacional ha gastado un total de 2,251,387,247.50 pesos en remuneraciones, dietas, gastos de representación, sobresueldos y contribuciones a la Seguridad Social, lo que equivale al 70 % del presupuesto de la Cámara de Diputados y el Senado.
Aunque el «barrilito» —el fondo de asistencia social de los senadores— suele captar gran parte de la atención pública, existen otros fondos igualmente cuantiosos manejados por el Congreso que crecen cada año y se alejan de las funciones legislativas.
Según el reporte semanal de ejecución presupuestaria del Gobierno, publicado por la Dirección General de Presupuesto (Digepres), la mayor parte de los 2,251,387,247.50 pesos ha sido dedicada a remuneraciones, gastos de representación y dietas. El desglose incluye 103,962,583 pesos en dietas y gastos de representación, 258,200,666.80 pesos en gratificaciones y bonificaciones, 122,804,792.10 pesos en sobresueldos, 410,893,853.70 pesos en contribuciones a la seguridad social y 1,355,525,351.90 en sueldos y remuneraciones.
Además, otros gastos en 2024 incluyen contrataciones de servicios y compras de suministros, que abarcan alrededor del 30 % del presupuesto y suman 957,535,312.70 pesos. Esto lleva el gasto total a 3,208,922,560.20 pesos, según los datos de la Digepres. El presupuesto del poder legislativo se consignó en 7,714,072,665 pesos para 2024, según la Ley de Presupuesto.
La partida de remuneraciones incluye el cuestionado fondo de asistencia social, conocido como «barrilito», que representa un gasto anual de 252,852,000 pesos. A pesar de las críticas, el barrilito se mantiene en el Senado, con legisladores defendiéndolo firmemente.
Los senadores Antonio Marte y Lenin Valdez, ambos oficialistas, han justificado el barrilito argumentando que las carencias provinciales obligan a los congresistas a ejecutar obras sociales. Valdez, representante de Monte Plata, incluso propuso aumentar el barrilito para su provincia, señalando que la población ha crecido desde 2006, cuando se creó el fondo. Valdez argumenta que el barrilito se otorga según el número de votantes de una provincia y considera incoherente que Monte Plata, una de las localidades más pobladas, reciba solo 739,000 pesos mensuales.
Nuevos senadores electos también han defendido el barrilito, argumentando que las provincias pobres, donde la intervención del Gobierno es limitada, necesitan el auxilio de los congresistas para cubrir necesidades educativas, sanitarias o de vivienda. Sin embargo, en el período 2020-24, la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán y el de Santiago, Eduardo Estrella, optaron por no tomar las partidas que les correspondían por el fondo de ayuda social, argumentando que esas no son funciones senatoriales.
El fondo de asistencia social, conocido como «barrilito», fue creado en el año 2006 y anualmente representa un gasto de 252,852,000 pesos. Esta medida, aunque bien intencionada en su origen, ha generado un debate constante sobre la efectividad y la necesidad de que los legisladores manejen estos recursos, en lugar de destinar los fondos directamente a programas gubernamentales administrados por las autoridades correspondientes.
