Legisladores exigen cambios en el sector eléctrico ante persistente crisis energética

Santo Domingo, 20 agosto. — La creciente desesperación ciudadana por los prolongados cortes de electricidad ha provocado una oleada de críticas desde el Congreso Nacional, donde legisladores de distintos partidos exigieron este miércoles la destitución de funcionarios responsables del área energética, incluyendo al presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini.

Desde el oficialismo, el diputado Ramón Bueno, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), advirtió que la población no solo sufre las consecuencias de la inestabilidad del servicio, sino que responsabiliza directamente a Marranzini por la crisis.

Afirmó que su permanencia en el cargo resulta “insostenible”, al considerar que no ha ofrecido soluciones concretas. “Si tuviera la facultad, lo destituiría hoy mismo”, declaró el legislador del Distrito Nacional.

En esa misma línea crítica, la senadora oficialista Aracelis Villanueva, representante de San Pedro de Macorís, admitió que el país atraviesa uno de sus peores momentos en materia energética, con apagones que se han intensificado en los últimos meses.

Si bien reconoció los esfuerzos del presidente Luis Abinader —incluyendo visitas a plantas como Punta Catalina—, subrayó que “cuando un funcionario no da resultados, hay que considerar su salida”. Añadió que confía en que el mandatario tomará decisiones “con objetividad y prudencia”.

Desde la oposición, las críticas fueron aún más severas. El diputado Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), acusó al Gobierno de haber fracasado en la gestión del sistema eléctrico, al igual que en sectores como salud y educación.

Díaz defendió el legado de la pasada administración en este ámbito, destacando la entrega de la central Punta Catalina como “la salvación del sistema”, pese a las controversias que rodearon su construcción.

Díaz también exigió la interpelación inmediata de Marranzini ante el Congreso, amparado en la nueva ley de fiscalización y control recientemente promulgada, para que rinda cuentas sobre el agravamiento de la crisis eléctrica.

Por su parte, el diputado Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), acusó al PRM de incumplir su promesa de resolver el problema energético en un plazo de dos años. “Hoy lo que tenemos es un empeoramiento constante”, aseguró.

Criticó además el endeudamiento de aproximadamente 130 mil millones de pesos destinados a las empresas distribuidoras (EDEs), mientras la población continúa recibiendo un servicio deficiente y caro.

Raposo también se mostró dispuesto a apoyar la interpelación de Marranzini y de otros funcionarios del área energética que, según él, han fallado en su labor.

Desde el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el senador Rogelio Genao planteó que la solución de fondo pasa por una reestructuración completa del modelo eléctrico. El legislador de La Vega sugirió adoptar un esquema de concesiones verticales, en el que un solo operador asuma generación, transmisión y comercialización, bajo regulación estatal.

Genao calificó el modelo actual como “parasitario”, al señalar que las ineficiencias en cada eslabón del sistema son absorbidas por el Estado, lo que ha impedido una mejora real del servicio pese a los cambios de gobierno.

A pesar de las presiones, el gobierno mantiene su postura. El presidente Abinader prometió que en los próximos cinco meses se integrarán 600 megavatios adicionales a la red como medida de contingencia.

Además, reconoció que el país ha enfrentado picos de demanda energética y anunció que ya se están realizando procesos de contratación para instalar nuevas plantas de generación con costos más bajos que los de Punta Catalina.

Mientras tanto, las protestas ciudadanas continúan en distintas zonas del país, reflejando el malestar social ante un servicio eléctrico que sigue siendo inconsistente, costoso y políticamente polémico.