Letitia James defiende las leyes santuario de Nueva York ante ofensiva federal

Nueva York, 24 Feb. – La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, presentó un escrito amicus curiae en defensa de las leyes de ciudad santuario de la Ciudad de Nueva York, en respuesta a una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) que busca impugnar estas normativas locales.

La acción legal del gobierno federal cuestiona las leyes municipales que limitan la participación de funcionarios y fuerzas del orden locales en la aplicación de la ley federal de inmigración civil.

En su intervención ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, James solicita que se conceda la moción presentada por la ciudad para desestimar la demanda.

Seguridad pública y confianza comunitaria

Según argumenta la fiscal general, las leyes santuario son fundamentales para la seguridad pública, ya que permiten que los inmigrantes colaboren con las autoridades locales sin temor a represalias migratorias.

Estas políticas facilitan que las personas denuncien delitos, actúen como testigos y soliciten ayuda o servicios municipales sin que su estatus migratorio —o el de sus familiares— se convierta en un riesgo.

“Las leyes santuario de la Ciudad de Nueva York ayudan a mantener seguras a nuestras comunidades”, afirmó James. “Nuestra ciudad fue construida por inmigrantes, y los intentos de esta administración de revocar las leyes locales que los protegen son injustos e inconstitucionales. Siempre defenderé a las comunidades inmigrantes de Nueva York y el estado de derecho”.

Las normativas se remontan a la década de 1980 y han contado con respaldo tanto de alcaldías republicanas como demócratas. Su propósito ha sido enfocar los recursos policiales en prioridades estrictamente locales, como la reducción de la violencia armada y la lucha contra la delincuencia, evitando que las agencias municipales asuman funciones propias de la aplicación de leyes federales de inmigración civil.

James subraya que estas disposiciones no impiden la cooperación entre autoridades locales y federales en asuntos penales, sino que delimitan su alcance en materia de infracciones civiles migratorias.

La demanda federal

En julio de 2025, el DOJ presentó una demanda contra la Ciudad de Nueva York, alegando que las leyes que restringen la participación local en la aplicación de la ley migratoria federal son incompatibles con el marco legal nacional.

En su escrito amicus curiae, la fiscal general sostiene que las leyes municipales están en consonancia con las normas estatales y federales, y que no han sido anuladas ni sustituidas por legislación superior.

Además, recuerda que la legislación del estado de Nueva York no otorga a las agencias policiales locales autoridad para arrestar o detener personas por infracciones civiles de inmigración, incluso cuando exista una solicitud de autoridades federales.

Evidencia sobre impacto en seguridad

La fiscal general también citó investigaciones que respaldan el impacto positivo de estas políticas en la seguridad pública. Un estudio reveló que aproximadamente la mitad de los inmigrantes —y más de dos tercios de los indocumentados— son menos propensos a denunciar delitos o proporcionar información a la policía por temor a que se investigue su estatus migratorio o el de terceros.

Al limitar la intervención municipal en asuntos migratorios civiles, se fomenta la confianza entre comunidades inmigrantes y autoridades locales, lo que a su vez fortalece la capacidad de prevención y persecución del delito.

Liderazgo en la defensa de inmigrantes

La intervención en defensa de las leyes santuario se suma a una serie de acciones encabezadas por James en favor de las comunidades inmigrantes. Durante el último año, ha presentado escritos amicus en defensa del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua, Nepal y Honduras.

En noviembre, interpuso una demanda para proteger los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para decenas de miles de residentes permanentes legales en Nueva York. Ese mismo mes, defendió con éxito la ley estatal que prohíbe arrestos civiles en tribunales estatales.

Asimismo, en septiembre obtuvo una orden judicial que impidió a la administración del expresidente Donald Trump vincular los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a políticas estatales de control migratorio.

En julio, también presentó un escrito en respaldo de las leyes de ciudad santuario de Rochester.