Ley para saldar deuda a ingenieros sin contrato espera promulgación del Poder Ejecutivo

Santo Domingo, 18 enero. – La ley aprobada por el Congreso Nacional que ordena al Poder Ejecutivo el pago de deudas a ingenieros y empresas por la ejecución de obras públicas sin contratos formales se encuentra a la espera de su promulgación, tras haber sido aprobada el pasado 12 de enero por ambas cámaras legislativas.

El proyecto, impulsado por el senador Franklin Romero y respaldado por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), fue declarado de urgencia en la Cámara de Diputados con el respaldo de la bancada oficialista del Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo que permitió su aprobación en dos lecturas consecutivas, a pesar del rechazo de los partidos opositores.

Según lo establecido en el artículo 101 de la Constitución, el presidente de la República, Luis Abinader, dispone de un plazo de cinco días para observar o promulgar la ley desde el momento en que fue recibida por el Poder Ejecutivo, ya que fue aprobada bajo declaratoria de urgencia.

Si no es observada dentro de ese plazo, quedará promulgada automáticamente y la Cámara de Diputados, como última cámara que la aprobó, tendría la responsabilidad de publicarla.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si la ley ha sido observada o promulgada. Reporteros intentaron comunicarse con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para conocer el estatus del documento, sin obtener respuesta por parte de las autoridades.

Una de las principales críticas que generó el proyecto en el Congreso provino de los bloques del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), quienes expresaron su preocupación por la falta de transparencia en cuanto al monto total que el Ministerio de Hacienda deberá pagar a los beneficiarios de la ley.

A pesar de que los diputados de ambos partidos indicaron no oponerse a la intención de reconocer y saldar deudas acumuladas, cuestionaron la ausencia de un listado detallado de obras, beneficiarios y fechas de ejecución.

El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, criticó abiertamente la falta de información en la pieza legislativa. Señaló que no se especifica el monto a pagar ni se identifican las obras incluidas, lo que, a su juicio, abre la puerta a posibles pagos irregulares.

Castillo advirtió que sin un mecanismo claro de control, existe el riesgo de que se utilice la ley para beneficiar a empresarios vinculados políticamente al Gobierno.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó que el registro de deudas relacionadas con obras públicas sin contratos formales se remonta a 1990. El CODIA, promotor de la ley, ha defendido su aprobación al argumentar que muchos profesionales del área llevan décadas esperando el reconocimiento de sus servicios, y que la situación representa una deuda histórica del Estado con ese sector.

La ley tiene como propósito permitir el pago de obras públicas que fueron ejecutadas sin la debida formalización contractual, bajo el entendido de que, aunque se realizaron al margen de los procedimientos establecidos, deben ser reconocidas por su contribución al desarrollo de infraestructura. Sin embargo, la ausencia de parámetros específicos y la falta de un censo detallado de los acreedores continúan generando inquietudes sobre su implementación.

En caso de que el Poder Ejecutivo no emita ninguna observación antes del plazo constitucional, la ley quedará automáticamente promulgada con el contenido enviado por la Cámara de Diputados, lo que marcaría el inicio de un proceso de ejecución presupuestaria aún rodeado de cuestionamientos.