Licitación del MIVED pone candidato millonario a la competencia
Por Miguel Liberato
La convocatoria del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED ) para la construcción de centros penitenciarios, con lotes que oscilan entre 253 y 1,033 millones de pesos, establece un requisito financiero que merece un análisis crítico, debido a que se exige a los oferentes una disponibilidad o línea de crédito extremadamente altos.
Entre la documentación financiera que se exige en el pliego de condiciones se incluye el suministro de cartas bancarias dirigidas al MIVED en las que se indiquen las líneas de créditos, montos en cuentas bancarias disponibles con las que el oferente
pueda solventar, en caso de resultar adjudicatario.
Dichas cartas no pueden ser por
valores inferiores a: (i) Para las grandes empresas, el treinta por ciento (30%) del
presupuesto de referencia del lote en el que participa y (ii) Para las MIPYMES, el
quince por ciento (15%) del presupuesto del lote en el que participa.
Aunque en apariencia se trata de un mecanismo para garantizar solvencia y ejecución responsable, en la práctica actúa como una barrera de entrada que restringe drásticamente la participación.
En el contexto dominicano, pocas empresas constructoras, y menos aún las medianas y pequeñas, pueden disponer de 38 a 76 millones de pesos líquidos o en líneas de crédito preaprobadas para el lote de menor presupuesto.
Para el caso del lote de mayor presupuesto (RD$1,033 millones) esos parámetros oscilarían entre 155 y 310 millones de pesos.
Este tipo de exigencia, más allá de fomentar transparencia o calidad, termina reforzando el monopolio de unos pocos grupos con capacidad financiera, marginando a firmas con experiencia técnica, pero con limitaciones de liquidez.
El principio de accesibilidad y libre concurrencia, consagrado en la ley de Compras y Contrataciones, se ve comprometido cuando los requisitos financieros son tan elevados que, de facto, excluyen a la mayoría de los actores del mercado.
Ciertamente es lógico que las licitaciones públicas deben equilibrar la seguridad de ejecución para el Estado y la inclusión de oferentes calificados para ampliar la competencia.
Sin embargo, cuando el péndulo se inclina demasiado hacia la exigencia financiera, se desvirtúa el objetivo central de la contratación pública referente a obtener mejores precios y calidad a partir de una concurrencia amplia y transparente.
En un escenario ideal, el MIVED y la Dirección de Compras y Contrataciones deberían revisar estos umbrales financieros para adecuarlos a la realidad del sector y garantizar el principio de igualdad de oportunidades.
Modelos como fianzas escalonadas pueden servir para equilibrar seguridad y accesibilidad sin excluir masivamente.
En conclusión, si la licitación pública es uno de los instrumentos más importantes para democratizar la economía y dinamizar el sector construcción, convertirla en un filtro de solvencia bancaria extrema no solo contradice la norma, sino que erosiona la credibilidad del Estado como promotor de desarrollo inclusivo.
Coincidimos con la petición hecha por el Comité Institucional Codiano (CIC) de que la Dirección General de Contrataciones Públicas disponga la suspensión inmediata de la licitación en cuestión, hasta tanto se revisen y ajusten sus requisitos para garantizar un proceso justo, competitivo y verdaderamente inclusivo.
