Los avances democráticos en la República Dominicana

Juan Temístocles Montás

(Cuarta parte)

Pero no todo ha sido color de rosa. A lo largo del periodo 1978-2020 son múltiples los temas que siguen gravitando negativamente sobre el sistema político. Mencionaré algunos.

Uno de los temas que más problemas le han ocasionado al sistema político dominicano ha sido el de la reelección. Sus efectos han sido notorios en los grandes partidos políticos del país. La reforma constitucional de 1994 se produjo, en gran medida, para poner un candado transitorio a ese tema. Sin embargo, en 2002, siendo presidente de la República Hipólito Mejía se reformó la constitución para permitir la reelección presidencial inmediata una sola vez, pero sin posibilidad de volver a ser candidato presidencial. La decisión de Hipólito Mejía de buscar la candidatura presidencial en 2004 produjo la división del PRD. Hatuey Descamps abandonó la organización expresando su oposición al proyecto reeleccionista de Hipólito, y formando una nueva organización política.

En el marco de la nueva constitución aprobada en 2010 se volvió de nuevo a cambiar las reglas de reelección ya que con las reglas establecidas en 2002, Leonel Fernández jamás podrías postularse de nuevo a la presidencia de la República. Se volvió a establecer que un ex presidente podría volver a postularse después de un periodo fuera del poder, como se había establecido en 1994. Resultaba obvio que el objetivo de esta decisión era dejarle la puerta abierta a Leonel Fernández para que pudiera participar en las elecciones de 2016. Sin embargo, en 2015 se produjo de nuevo una reforma a la constitución que le permitió a Danilo Medina reelegirse por un nuevo periodo, estableciéndose a partir de entonces el esquema que se había aprobado en la reforma constitucional de 2002. Este nuevo cambio constitucional sentó la base para la división del PLD.

La interrogante que hoy existe es si el cambio que se estableció en la reforma de 2015 se mantendrá en el tiempo y no surgirán nuevas iniciativas para tocar ese tema.

Otro tema que ha generado grandes problemas en el sistema de partido en República Dominicana es el relativo al voto preferencial. Como se expresó en un trabajo previo, su introducción se hizo en las elecciones de 2002 con el propósito de pasar, en el caso de las candidaturas a diputados, de listas cerradas y bloqueadas, donde las direcciones de los partidos imponían a los electores el orden en el que los candidatos serían elegidos, al de listas cerradas y no bloqueadas en el que el elector debe escoger entre los candidatos propuestos pero decide libremente a cual de ellos escoger. Si bien, la Junta Central Electoral derogó esta metodología mediante la resolución 74-2010, el Congreso Nacional, mediante la ley 157-13 aprobó el voto preferencial.

A pesar de que el objetivo del voto preferencial era hacer más democrático la escogencia de los diputados y fortalecer el sistema de partidos, los resultados han sido todo lo contrario. Esta metodología ha generado un incremento de las luchas internas en los partidos, que en muchos casos han sido desgarradoras, pero también han contribuido al elevar los costos de las campañas electorales. Esto ocurre porque cada candidato a diputados tiene que actuar como si el fuera un partido, convirtiéndose en recaudador de fondos para poder ganarle a los otros aspirantes que también terminan actuando como si fueran otro partido, buscado fondos, convirtiendo la competencia electoral en una mera lucha económica. En ese contexto, todo deviene en clientelismo. Se erosiona el compromiso con el partido y se incrementa el individualismo. Esta situación ha sido un factor determinante del transfuguismo político.

La ampliación del voto preferencial a la elección de regidores, con toda seguridad, complicará aún más la situación descrita.

Finalmente, hay que mencionar el tema del financiamiento de los partidos. En la ley 275-97 se estableció el financiamiento público de los partidos y se estableció también que solo  se considerarían lícitos los ingresos provenientes del Estado canalizado a través de la Junta Central Electoral y las contribuciones de personas físicas. Se prohibía la aceptación de ayudas materiales de grupos económicos, de gobiernos e instituciones extranjeras y de personas físicas vinculadas a actividades ilícitas. Estos criterios se asumieron y se reforzaron en la ley 33-18.

O sea, que además, del financiamiento público, las mencionadas leyes electorales dejaron abierta la puerta para el financiamiento privado. Y eso se ha convertido en un tremendo problema ya que se ha estado comprobando la entrada no solo de dinero sino de candidatos vinculados a actividades ilícitas sin que las autoridades electorales hayan podido evitarlo. Este es un tema que erosiona la credibilidad de los partidos políticos que hay que enfrentar con urgencia.