Los feminicidios casi se duplican en Guatemala durante 2022 en relación al 2021
Ciudad de Guatemala, 13 jun (EFE).- Los feminicidios casi se duplicaron en Guatemala durante los primeros cinco meses de 2022 en comparación con el mismo período de 2021, según un informe sobre la violencia divulgado este lunes por una organización humanitaria.
De acuerdo con el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), entre enero y mayo del año pasado fueron asesinadas en el país centroamericano 254 mujeres, pero en los cinco meses de 2022 la cifra aumentó a 376.
Ello representa que fueron asesinadas 122 mujeres más este año, es decir un incremento del 48 %, según explicaron los dirigentes de la agrupación durante una rueda de prensa.
El informe de la organización humanitaria resalta que el mes más violento en cuanto a homicidios de mujeres fue marzo, con 135 casos, seguido del mes de febrero, con 67.
Durante 2021, las muertes violentas de mujeres se incrementaron un 28 % en comparación con 2020, según las estadísticas oficiales, al pasar de 507 a 652 feminicidios reportados anualmente por las autoridades.
Guatemala es una de las 20 naciones más violentas del mundo, según organismos internacionales y durante 2021 contabilizó en total 4.078 asesinatos, un 16,5 % más que los 3.500 reportados en 2020.
En total, según el GAM, el país registró en los primeros cinco mes de este año un total de 1.797 asesinatos, un incremento de 11,7 % con respecto al mismo periodo de 2021, cuando se contabilizaron 1.608 homicidios.
La tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes en el país alcanza las 59 víctimas fatales a nivel nacional, aseguró la agrupación humanitaria.
Según el Ministerio Público guatemalteco, la violencia contra las mujeres es el delito más cometido y denunciado en la nación centroamericana.
La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia está recogido en acuerdos internacionales.
En el ámbito mundial, solo el 40 % de las mujeres busca ayuda tras sufrir violencia, lo que obliga a las instituciones a promover políticas de prevención y ayuda.
