Los migrantes enfrentan una nueva serie de obstáculos para pedir asilo en EE. UU.

Por Eileen Sullivan

Reportando desde Washington

The New York Times

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En las primeras semanas tras implementarse las nuevas políticas fronterizas del presidente Joe Biden, el gobierno de EE. UU. registró una significativa disminución en la cantidad de personas a las que se les permitió solicitar asilo después de ingresar de manera ilegal al país.

Pero los abogados que orientan a los inmigrantes que buscan asilo afirmaron que los cambios hacen casi imposible realizar su trabajo y dejan a las personas más desprotegidas con más dificultades para encontrar ayuda.

Los abogados no pueden reunirse con clientes que están bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza. Tampoco pueden llamarlos o dejarles mensajes. No existe un sistema para averiguar dónde se encuentra detenido un cliente. Además, el gobierno establece los horarios de las reuniones clave en las que debe estar presente un abogado y a menudo cambia las fechas y los horarios sin previo aviso.

Estos obstáculos han sido generados por los cambios sobre cómo y dónde el gobierno realiza lo que se conoce como la entrevista de “temor creíble”, un paso crucial que determina si alguien que cruzó la frontera ilegalmente y teme ser perseguido o torturado en su lugar de origen puede solicitar asilo en Estados Unidos.

Antes de los cambios, las entrevistas se realizaban en los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), cuyas políticas tradicionales permiten a los detenidos acceder a abogados. Los migrantes eran transferidos allí desde la detención fronteriza y tomaba un promedio de 30 días desde el momento en que la Patrulla Fronteriza recogía a alguien hasta la decisión final sobre si se le permitiría a la persona solicitar asilo.

Ahora, muchas personas están siendo entrevistadas en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), lo que reduce el tiempo a un promedio de 13 días.

El gobierno también elevó los estándares respecto a quién cumple los requisitos para solicitar asilo, lo que redujo la cantidad de personas a las que se les permite solicitarlo después de cruzar la frontera de manera ilegal. En junio de 2019, alrededor del 74 por ciento de las personas entrevistadas tuvieron la oportunidad de solicitar asilo. El mes pasado, solo al 30 por ciento se le permitió hacer la solicitud, según datos del gobierno.

Los funcionarios del gobierno de Biden dicen que las nuevas reglas están funcionando al limitar la capacidad de solicitar asilo a las personas con buenas posibilidades de ganar su caso. El gobierno incorporó cientos de teléfonos y cabinas privadas a las instalaciones fronterizas para que las personas puedan consultar con un abogado.

“El Departamento de Seguridad Nacional ha tomado medidas significativas para garantizar que los no ciudadanos que afirman tener miedo de regresar tengan un proceso seguro y eficiente que proteja su confidencialidad y privacidad”, dijo en un comunicado Luis Miranda, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, ente que supervisa a la CBP.

“Estamos operando dentro de un sistema descompuesto que solo el Congreso puede arreglar”, agregó.

El gobierno de Trump también implementó políticas para limitar quién es elegible para solicitar asilo, pero enfrentó impugnaciones legales. Biden decidió no continuar los procesos judiciales por esas políticas cuando asumió el cargo.

Pero a medida que los cruces ilegales en la frontera con México fueron alcanzando niveles récord, Biden adoptó medidas cada vez más restrictivas y emitió reglas similares a las de la era Trump. Los funcionarios de su gobierno dijeron que su estrategia, que también enfrenta una impugnación legal, es diferente al del expresidente Donald Trump porque, afirmaron, el acceso a la asesoría legal está integrado en su plan.

Pero en entrevistas, informes y presentaciones judiciales, los abogados de asilo dicen que, de hecho, la realidad es muy diferente.

“Es solo una medida paliativa de acceso legal”, dijo Greg Chen, quien dirige la división de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

Algunos abogados han tenido que rechazar a clientes porque la calidad de la representación que pueden brindarles en estas circunstancias está muy comprometida, dijo Chen.

“Básicamente, los abogados están entrando en una guerra de guerrillas solo para acceder a un proceso más parecido a un juego de ‘Whac-A-Mole’”, dijo Faisal Al-Juburi, portavoz y vicepresidente de desarrollo del grupo sin fines de lucro RAICES, una de las cinco organizaciones presentes en una lista que el gobierno proporciona para ayudar a los migrantes que están bajo custodia de la CBP.

Desde hace tiempo, los abogados se vienen quejando de las condiciones y ubicaciones remotas de los centros de detención de ICE. Sin embargo, afirmaron que aquellas que administra la CBP son mucho peores.

Las instalaciones de la CBP fueron diseñadas para registrar y presentar cargos contra los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente. Su objetivo nunca fue retener a las personas por más de unos pocos días o proporcionar acceso desde el mundo exterior.

Un centro de procesamiento de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en El Paso. Las instalaciones fueron diseñadas para registrar y presentar cargos contra migrantes, no para retener a las personas por más de unos pocos días.Credit…Patrick T. Fallon/Agence France-Presse — Getty Images

Pero el gobierno de Biden encargó a la CBP que se asegurara de que los inmigrantes pudieran intentar contactar con un abogado antes de las entrevistas que podrían marcar sus vidas para siempre.

Un alto funcionario de la CBP, que estaba autorizado a ofrecer declaraciones bajo condición de anonimato, dijo que la agencia estaba al tanto de las dificultades que enfrentan los abogados de asilo y que estaba claro para el gobierno que la demanda de representación legal era mayor que nunca. Pero, según el funcionario, el mero hecho de que los abogados planteen estas preocupaciones basándose en sus experiencias demuestra que los migrantes bajo custodia de la CBP tienen cierto nivel de acceso a asesoría legal.

Además de incorporar cabinas telefónicas para migrantes, el gobierno creó cuentas de correo electrónico de enlace con la CBP a las que los abogados pueden contactar para ayudar a enviar a los detenidos los formularios que deben firmar para formalizar la representación.

Sin embargo, los abogados dicen que el acceso de un migrante a los teléfonos parece ser impredecible. Lisa Koop, directora nacional de servicios legales del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes aseguró que, a menudo, las cuentas de correo electrónico de enlace son agujeros negros.

Ruth Pebror, abogada de la organización, dijo que pueden pasar horas sin que llegue ni una sola llamada a una línea directa de asistencia legal. Otro abogado dijo que en varias ocasiones han llegado hasta 150 llamadas a la vez.

Durante uno de sus turnos, Pebror respondió una llamada de un colombiano de 20 años que aseguró haber huido de su país porque los grupos paramilitares lo habían amenazado a él y a su familia.

Después de su llamada, Pebror envió un correo electrónico a una cuenta de la CBP, con la intención de formalizar su representación del cliente. Pasaron los días y Pebror dijo que no supo más nada mientras entrevistaban a su cliente sin ella y se determinó que no satisfacía las condiciones para solicitar protección. Pebror esperaba poder ayudarlo durante su apelación ante un juez de inmigración. Pero el tribunal cambió la hora de su audiencia a una hora más temprana sin decírselo. El juez negó la apelación de su cliente y Pebror nunca volvió a hablar con él.

“Hasta donde yo sé, fue expulsado”, dijo.

Cynthia Bautista, una abogada radicada en California, contó que un oficial de asilo le dijo que realizaría la entrevista de temor creíble de su cliente a las 9 a. m. o a las 2 p. m. del día siguiente. Pero según Bautista, el oficial nunca llamó ese día, y ella no tuvo forma de averiguar qué le sucedió a su cliente.

“Casi exploto de la furia”, dijo, preocupada de que el gobierno ya hubiera deportado a su cliente.

Al día siguiente, un sábado, Bautista recibió la llamada que había esperado 24 horas antes. Era mediodía y el oficial de asilo le dijo que era hora de la entrevista. Bautista contó que tuvo suerte de estar en casa y poder atender la llamada, la cual duró tres horas. Al final, su cliente fue liberado y se le permitió solicitar asilo.

Eileen Sullivan es corresponsal en Washington que cubre el Departamento de Seguridad Nacional. Anteriormente trabajó en The Associated Press, donde ganó un Pulitzer en 2012 en la categoría de Periodismo de Investigación. Más sobre Eileen Sullivan

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