Los riesgos de la supermayoría legislativa
Flavio Darío Espinal
Justo después de las pasadas elecciones presidenciales y congresuales, esta columna abordó el tema de la mayoría legislativa y la gobernabilidad. A diferencia del parecer de muchos comentaristas políticos y figuras de la sociedad civil que veían como un mal del sistema político dominicano el hecho de que, durante varios períodos, el partido de gobierno contó con mayoría legislativa -argumento que, dicho sea de paso, no se ha vuelto a escuchar luego del triunfo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones de 2020-, la opinión de este articulista es que una mayoría legislativa alineada con el Poder Ejecutivo es un factor que contribuye a la gobernabilidad y la toma de decisiones.
Uno de los grandes problemas que se les presentó a las emergentes democracias latinoamericanas luego de las transiciones políticas de los años ochenta y noventa fue que muchos gobiernos no pudieron sacar adelante sus agendas de reformas por la obstrucción radical de cámaras legislativas controladas por partidos políticos opositores. En algunos casos, estos conflictos desembocaron en soluciones autoritarias, como ocurrió en el emblemático caso de Perú durante la primera presidencia de Alberto Fujimori, quien terminó disolviendo las cámaras legislativas y concentrando una enorme cantidad de poder. De hecho, uno de los grandes temas de la literatura sobre política y gobernanza en esos años fue cómo diseñar mecanismos electorales e institucionales que condujeran a que el partido de gobierno contara con mayoría legislativa, lo que llevó a algunos, incluso, a proponer un cambio de régimen a favor del parlamentarismo.
Tras el triunfo abrumador del PRM en las elecciones de este año que le otorgó la presidencia y una supermayoría en ambas cámaras legislativas, esta columna reafirmó el criterio antes expuesto, pero también puso una nota de cautela respecto de los riesgos que conlleva contar con una mayoría tan amplia en el Congreso Nacional. En tal sentido, este articulista señaló que «este tipo de control tan excesivo del poder político por parte del PRM coloca a este partido en la desafiante posición de tener que asumir prácticamente solo la tarea de enfrentar problemas críticos que requieren decisiones difíciles -reforma fiscal, manejo de la deuda pública, cambios en el sector energético, reforma laboral, entre otros-, sin poder ya culpar a los gobiernos anteriores o invocar el poco tiempo al frente de la cosa pública, lo cual pudo ser un discurso efectivo en un primer período, pero no así en un segundo mandato con el poder tan amplio que el electorado le ha otorgado».
Uno de los riesgos de confiar en las amplias mayorías legislativas es asumir que no es necesario tomar en cuenta a los partidos políticos de oposición cuando se emprenden proyectos de gran envergadura por la poca incidencia de estos al momento de la votación en el trámite legislativo. Si la mayoría no fuese tan amplia seguro habría un mayor incentivo por parte del partido de gobierno de discutir y negociar los proyectos, pero como tienen un margen tan holgado la inclinación es simplemente ignorar el sentir de los partidos opositores.
Algunas veces las decisiones sin consenso mínimo salen bien, como ocurrió con la reforma constitucional que se aprobó sin mayores contratiempos, aunque sólo el tiempo dirá si esta reforma alcanzará una legitimidad social fuerte más allá del partido de gobierno, como ocurrió con la reforma constitucional de 1994 que, a pesar de que los asambleístas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se ausentaron de la Asamblea Nacional al poco tiempo de esta empezar a deliberar, el tiempo se encargó de validarla y legitimarla. En cambio, con el proyecto de reforma fiscal las cosas no salieron bien no tanto por las críticas de los partidos de oposición en el Congreso Nacional, sino por las que recibió de los sectores empresariales y de amplios segmentos de la sociedad.
La hipótesis aquí es que si el gobierno no hubiese contado con una mayoría tan amplia en el Congreso Nacional lo más probable es que hubiese medido mejor el paso que dio al presentar un proyecto de reforma fiscal que no fue precedida de consultas con los sectores económicos ni con los partidos políticos de oposición. El problema ahora es que el gobierno se vio en la necesidad de retirar, pura y simplemente, el proyecto de reforma fiscal, lo que muestra más debilidad que fortaleza. Es un caso típico el que la fortaleza se convierte en debilidad, pues se espera que esa mayoría o, más bien, supermayoría legislativa le permita al Poder Ejecutivo emprender reformas de gran calado para dar respuestas a problemas estructurales de la economía y la sociedad.
Para alegría de unos y desconcierto de otros, el retiro del proyecto de reforma fiscal no se acompañó de un anuncio por parte del gobierno de que el proceso de reforma fiscal empezaría de nuevo con consultas a los sectores relevantes para arribar a consensos básicos sobre aspectos de la realidad fiscal del país que, sin dudas, necesitan ser abordados. Esto implica que algo que ha estado gravitando en el debate nacional en los últimos años como un punto prioritario en la agenda nacional se saca por completo del debate, lo cual será un factor negativo para quienes evalúan el desempeño de la economía nacional, especialmente las agencias extranjeras evaluadoras de riesgos que envían las señales a los tenedores de bonos que emite el país.
Pedirles a los partidos políticos de oposición que asuman la tarea de poner al gobierno a que retome la reforma fiscal es, al menos, una postura ingenua. Aunque se pueda calificar de mirada cortoplacista, el hecho es que los partidos opositores no tienen incentivo alguno para acompañar al gobierno en una tarea como esta cuando fueron ignorados la primera vez que se intentó. Por su parte, los sectores empresariales podrán proclamar su disposición al diálogo y a la colaboración en esta materia, pero la verdad es que tampoco ellos van a poner presión al gobierno para que retome el camino de la reforma fiscal luego de la fuerte oposición que le hicieron a la propuesta gubernamental.
Puede decirse, entonces, que el gobierno se quedó con la pelota de la reforma fiscal en su cancha sin poder usar la supermayoría que tiene en el Congreso Nacional para lograr una de las más importantes reformas -si no la más importante- que tiene por delante la sociedad dominicana. Todo parece indicar que habrá que esperar un buen tiempo, tal vez un nuevo período de gobierno, para retomar una cuestión que requiere ser abordada, si bien desde una perspectiva diferente a la que planteó el gobierno más centrada en el combate a la evasión y la reducción del gasto, para darle sostenibilidad a las cuentas fiscales y a la deuda del país, condición necesaria para continuar por el sendero del crecimiento económico y el desarrollo.
Diario Libre
