Más de 300 pruebas fortalecen caso contra implicados en operaciones Coral y Coral 5G por patrimonio ilícito, segun el MP
SANTO DOMINGO, 3 junio.– El Ministerio Público reafirmó este lunes ante el tribunal la solidez del expediente contra el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y otros altos mandos militares y policiales, al incorporar más de 300 pruebas documentales y periciales que sustentan el informe sobre su enriquecimiento ilícito y un incremento patrimonial injustificado.
Estas pruebas sirvieron como base técnica para el informe financiero elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ya admitido por el tribunal, que revela cómo los imputados acumularon bienes que no pueden justificar con sus ingresos lícitos.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó como testigo a la exencargada del Departamento de Auditoría del Inacif, quien explicó que las pruebas, entre ellas certificaciones de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la Superintendencia de Bancos y otras instituciones, fueron fundamentales para elaborar el análisis financiero.
El fiscal litigante Jonathan Pérez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó que estos documentos refuerzan la acusación al demostrar el crecimiento patrimonial desproporcionado de los procesados. “Cada prueba contribuye a evidenciar cómo el patrimonio de los acusados creció sin justificación frente a sus ingresos lícitos”, afirmó Pérez.
El juicio, que se sigue por las operaciones Coral y Coral 5G, fue recesado hasta el jueves 5 de junio a las 9:00 de la mañana, momento en que el Ministerio Público continuará presentando pruebas ante las juezas Gisselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El proceso
El entramado de corrupción administrativa que defraudó al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones fue desmantelado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
El Ministerio Público señala como cabecilla principal al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), quien junto a 30 personas físicas y 18 jurídicas operó esta red entre 2012 y 2020.
La acusación también detalla el desvío de fondos provenientes de las partidas de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Entre los procesados figuran los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou (FARD); el coronel policial Rafael Núñez de Aza; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz; Rossy Guzmán Sánchez (conocida como “la Pastora”) y su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán.
Otros implicados son José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
