Más de 300 testigos respaldan acusación contra presunta red de corrupción militar desmantelada en Operación Coral y Coral 5G
SANTO DOMINGO, 9 mayo.- El Ministerio Público ha presentado más de 300 testigos de los más de 430 que conforman la acusación contra la presunta red de corrupción integrada por los generales Julio Camilo de los Santos Viola, Adán Cáceres Silvestre y otros oficiales de alto rango, acusados de estafar al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos.
El procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ofreció los detalles al concluir la audiencia celebrada este jueves.
En esta sesión, el órgano acusador culminó el interrogatorio al perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), responsable del informe financiero que fue presentado como prueba clave en el proceso.
El informe pericial evidenció numerosas transacciones financieras dirigidas a ocultar fondos públicos desviados y reveló que el general Julio Camilo de los Santos Viola adquirió más de 20 bienes inmuebles entre los años 2018 y 2021.
Además, se demostró, conforme al testigo del Ministerio Público, que los ingresos del general Adán Cáceres Silvestre eran insuficientes incluso para cubrir las cuotas de los préstamos que asumía, las cuales eran pagadas por Rafael Núñez de Aza, gerente financiero del grupo.
Pérez Fulcar destacó que los intentos de las defensas de los acusados por desacreditar el peritaje fracasaron, ya que el documento fue debidamente autenticado y admitido por el tribunal, consolidando su valor probatorio en el proceso judicial de corrupción administrativa con el mayor número de testigos en la historia reciente del país.
La audiencia fue recesada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional hasta el próximo martes 13 de mayo, a las 9:00 de la mañana, cuando el Ministerio Público continuará con la reproducción de pruebas en su esfuerzo por lograr condenas ejemplares.
Un entramado de corrupción institucional
La Pepca sostiene que esta red, liderada por los entonces jefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres Silvestre, y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, malversó fondos públicos entre 2012 y 2020.
Los métodos incluían la compra irregular de raciones alimenticias, combustibles y el nombramiento de policías y militares a quienes se les pagaba menos del 30 % de su salario real, apropiándose del resto de los fondos, según la acusación.
Junto a los generales De los Santos Viola y Cáceres Silvestre, también están imputados el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (alias “la Pastora”), su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento Alejandro José Montero Cruz, el general de la Fuerza Aérea De los Santos Viola (también vinculado a otras operaciones) y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.
