Maxy Montilla acuerda colaborar con el Ministerio Público y testificar contra acusados en Operación Antipulpo
Santo Domingo, 4 de septiembre. – Maxy Gerardo Montilla Sierra, cuñado del expresidente Danilo Medina, firmó un acuerdo con el Ministerio Público que podría marcar un punto de inflexión en uno de los casos más emblemáticos de corrupción administrativa en la República Dominicana.
El empresario aceptó colaborar de manera activa con la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), comprometiéndose no solo a devolver más de RD$3,000 millones al Estado, sino también a testificar contra otros implicados en la red mafiosa que operaba en el sector eléctrico.
El documento, formalizado bajo la figura de un criterio de oportunidad, establece que Montilla deberá brindar información clave sobre los miembros de la asociación de malhechores con los que operaba, revelando detalles que podrían ampliar el alcance de las investigaciones.
La base de este acuerdo, según el propio Ministerio Público, es “su arrepentimiento y su intención de cooperar para someter a los demás responsables”.
Testimonio contra una red mafiosa
El criterio de oportunidad señala expresamente que Montilla se comprometió a “testificar con respecto a la información que conoce y a los involucrados que componen la asociación de malhechores que se dedica a este tipo de actividades en perjuicio del Estado dominicano”.
Además, la Pepca destaca que ya ha colaborado de manera efectiva en la investigación del entramado de corrupción.
Este pacto no significa impunidad total. A cambio de que se desista de la acción penal en su contra, Montilla debe entregar dinero en efectivo, bienes inmuebles y proceder con la disolución de varias de sus empresas.
El Ministerio Público informó que, como parte de este proceso, el empresario autorizó el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado, además de una indemnización de RD$600 millones que deberá ser pagada a las tres distribuidoras de electricidad: EdeEste, EdeSur y EdeNorte.
A esto se suma el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en concepto de compromisos fiscales pendientes. Asimismo, Montilla entregará un terreno de 200.18 metros cuadrados, ubicado en la avenida Roberto Pastoriza, casi esquina Ortega y Gasset, en el Ensanche Naco, Distrito Nacional, con un valor de RD$50,901,692.13.
Disolución de empresas vinculadas
El acuerdo también contempla la disolución en un plazo de dos años de un amplio entramado empresarial que sirvió como soporte para la red de corrupción. Entre las compañías que deberán desaparecer figuran: Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globales, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL y MG Solomon Corporation.
La Pepca considera que estas sociedades eran utilizadas como vehículos para inflar contratos, sobornar funcionarios y desviar recursos del Estado, principalmente en las operaciones de compra y distribución de equipos eléctricos.
Querella penal previa
El acuerdo de cooperación llega después de que, el pasado 15 de junio, el Estado dominicano y las empresas distribuidoras de electricidad interpusieran una querella penal contra Montilla y otros exfuncionarios y empresarios. Entre los coimputados figuran Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto De León Núñez, Julio César Correa, Rubén Montás Domínguez y Radhamés Del Carmen Maríñez.
A este grupo también se vincula a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Medina y condenado en otro proceso de corrupción; así como a Julián Esteban Suriel Suazo y Wacal Bernabé Méndez Pineda, también condenados en la misma red.
Entre los señalados se encuentra igualmente Alexander Montilla Sierra, hermano de Maxy y cuñado del expresidente.
Las acusaciones contra este grupo incluyen estafa agravada contra el Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad documental, uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.
