Mientras se desmantelan asentamientos en Mata Mosquito, el protocolo migratorio en hospitales genera controversia

Bávaro, Punta Cana – 23 de abril de 2025 – Las autoridades dominicanas han intensificado su política migratoria en diferentes frentes, con operativos simultáneos que abarcan tanto la intervención de comunidades ocupadas irregularmente como el control de la población extranjera que accede a servicios públicos de salud.

Estas acciones, lideradas por la Dirección General de Migración (DGM), forman parte de una estrategia nacional que busca poner orden ante el creciente flujo de inmigrantes, en su mayoría de origen haitiano, muchos de los cuales residen en el país sin la documentación correspondiente.

El martes, en la comunidad de Mata Mosquito, ubicada en la zona de Friusa, Bávaro, la DGM ejecutó un amplio operativo en coordinación con la Unidad Especial de la Policía Nacional, el Ejército de la República Dominicana y otras instancias del Estado.

Esta intervención resultó en la detención de más de 500 personas en situación migratoria irregular, así como en la demolición de estructuras habitadas de forma ilegal en terrenos privados.

Intervención en Mata Mosquito

La operación inició en las primeras horas de la mañana con el cierre de accesos al área por parte de agentes armados y equipos tácticos. Equipos de Migración, acompañados por miembros del ejército y unidades policiales, se desplegaron en la zona para identificar y detener a personas que, según informaron, no contaban con documentación que acreditara su legal permanencia en el país. De acuerdo con el informe oficial de la DGM, la totalidad de los detenidos eran ciudadanos haitianos.

Las viviendas, construidas principalmente con materiales precarios como zinc, madera y lonas, fueron consideradas por las autoridades como estructuras ilegales que ponían en riesgo tanto a sus ocupantes como a la planificación urbana del área.

Muchos de estos asentamientos fueron establecidos sin permisos en terrenos cuya titularidad corresponde a particulares o al Estado. El operativo incluyó maquinaria pesada utilizada para demoler las edificaciones, mientras unidades de vigilancia documentaban cada paso del procedimiento.

Este tipo de intervenciones, aunque frecuentes en zonas de alta densidad migratoria, ha generado reacciones mixtas entre la población local. Mientras algunos residentes apoyan las acciones del gobierno como una forma de recuperar el orden territorial y reducir la delincuencia, otros expresan preocupación por el impacto social que genera el desalojo de familias completas sin previo aviso y, en muchos casos, sin alternativas habitacionales claras.

Para prevenir nuevas ocupaciones irregulares en la zona, las autoridades establecieron un dispositivo de vigilancia permanente compuesto por personal militar y policial, el cual permanecerá en la comunidad de manera indefinida.

Según explicó la DGM, este tipo de medidas también busca asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos durante todo el proceso migratorio, desde la detención hasta la repatriación.

Control migratorio en hospitales: entre el orden y la polémica

Paralelamente a las acciones en el este del país, en el Gran Santo Domingo se ha desplegado un protocolo de verificación migratoria en varios hospitales públicos, en especial aquellos con altas tasas de atención a pacientes extranjeros.

El protocolo, activado por la DGM y respaldado por el Servicio Nacional de Salud (SNS), establece que los migrantes que acudan a los centros de salud deben presentar documentos que avalen su estatus legal en la República Dominicana.

La medida ha sido implementada en hospitales clave como la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina y el Materno Dr. Reynaldo Almánzar. A las afueras de estos centros, se han apostado autobuses y agentes de interdicción migratoria encargados de identificar a pacientes extranjeros en situación irregular.

El director del Hospital Materno Reynaldo Almánzar, Freddy Novas Cuevas, declaró que todos los pacientes que llegan al centro reciben atención médica, pero que, posteriormente, se activa el protocolo migratorio si el estatus del paciente lo amerita. “Se atiende a toda paciente que llega acá y ya luego acudimos al plan de regularización que tiene que ver con el protocolo migratorio”, señaló Novas.

Desde el SNS se ha aclarado que los servicios de salud no son negados a nadie por su estatus migratorio. Sin embargo, se detalló que se aplicará una facturación por insumos y medicamentos utilizados, exonerando otros gastos relacionados con honorarios médicos y administrativos. En casos donde el paciente requiera medicamentos esenciales para su recuperación, estos serán suministrados para garantizar la continuidad del tratamiento.

Denuncias y reacciones sociales

La implementación del protocolo no ha estado exenta de polémicas. Durante los primeros días, varias denuncias surgieron respecto a supuestas irregularidades en los procedimientos de verificación.

Un caso que captó la atención pública fue el de Ricardo, un joven dominicano cuya esposa, Raquel, una adolescente haitiana de 17 años en estado avanzado de embarazo, fue detenida a pesar de poseer un acta de nacimiento dominicana que prueba su nacimiento en el país.

Ricardo se presentó con el documento oficial en mano en la entrada del Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, exigiendo una explicación a las autoridades migratorias. “Ella tiene sus papeles, no sabemos por qué la suben en el camión”, manifestó con frustración, mientras su esposa permanecía en uno de los autobuses de Migración.

Estos incidentes han provocado fuertes reacciones del Colegio Médico Dominicano (CMD), que en una rueda de prensa expresó su preocupación por la aplicación de medidas que, consideran, ponen en riesgo la salud y la dignidad de personas vulnerables.

“¿Usted cree que eso es humano? ¿Una persona con cesárea, aún con los tejidos sin sellar, puede ser trasladada en una camioneta hacia Haití?”, cuestionó con indignación el presidente del gremio, Waldo Ariel Suero.

El CMD ha solicitado al gobierno una evaluación profunda del protocolo, proponiendo incluso la conformación de una mesa de trabajo conjunta con la DGM, el Ministerio de Salud Pública y el SNS.

Según Suero, muchos pacientes extranjeros en situación irregular están evitando acudir a los hospitales por miedo a ser detenidos, lo que puede derivar en complicaciones médicas graves e incluso la muerte.

Lucy Leonardo, presidenta regional Este del CMD, también se pronunció. Afirmó que si bien comprenden la necesidad de controles migratorios, estos no deben aplicarse de forma absoluta en contextos hospitalarios, donde la vida y la salud deben prevalecer. Advirtió que medidas como esta pueden tener efectos colaterales, como el aumento en la mortalidad materna, especialmente en comunidades de escasos recursos.

Entre la legalidad y la humanidad

El gobierno dominicano, bajo la administración del presidente Luis Abinader, ha reiterado que su compromiso es garantizar la seguridad jurídica y la sostenibilidad de los servicios públicos. Las medidas adoptadas forman parte de una estrategia de 15 acciones anunciadas para enfrentar la migración irregular, entre las cuales el control hospitalario es una de las más controversiales.

Sin embargo, sectores sociales, gremios médicos y defensores de derechos humanos instan al Ejecutivo a considerar el impacto humano de estas políticas. Si bien se reconoce la necesidad de ordenar el flujo migratorio, existe un consenso creciente en torno a la urgencia de implementar estos controles con un enfoque más sensible, que no vulnere los derechos fundamentales de personas en condición de vulnerabilidad.