Migración ante el reto de hacer que las empresas cumplan desde hoy el famoso 80-20 en la contratación de su personal

Santo Domingo, 5 Ene – Justo cuando el país percibe un aumento de la presencia de haitianos indocumentados, las autoridades advierten sobre el vencimiento del plazo otorgado a las empresas para que se acojan a la ley de migración en cuanto a la contratación de mano de obra extranjera.

Diario Libre destaca en esta fecha declaraciones del viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, recordando que a partir de ahora deberá entrar en acción la Dirección General de Migración, responsable de velar por el cumplimiento de la ley 285-04.

Se recuerda que el Consejo Nacional de Migración dio un ultimátum a las empresas establecidas en el país para que se acojan a lo establecido en la ley de que solo el 20% de su plantilla laboral debe ser de origen extranjero debidamente documentada y el restante 80% nacional.

La violación a esta disposición conlleva multas que van de cinco a 30 salarios mínimos. A partir de esta resolución, anunciada al país tras una reunión que encabezó el Presidente Luis Abinader, hubo preocupación entre empresarios del sector de la construcción y el área agropecuaria, mayores empleadores de manos de obra haitiana.

Fue el 28 de septiembre de 2021 que el Gobierno anunció que las empresas y empleadores tienen tres meses para emplear acorde a los estatutos basados en la Ley General de Migración a extranjeros. Ese plazo vence en esta fecha.

El viceministro Rosario aclaró que no se trata de reglamentar el estatus migratorio del empleado, sino de establecer la contratación de trabajadores extranjeros que cuentan con documentos o, en su efecto, de emplear a dominicanos.

“Nosotros abogamos para que todo se haga conforme a las instituciones dominicanas”, expresó el funcionario.

Además de esa disposición, el Consejo Nacional de Migración dijo que vigilará el cumplimiento del artículo 135 del Código de Trabajo del país que determina que los extranjeros no pueden superar el 20 % de la plantilla de una empresa.

Juan Manuel Rosario especificó que si existe un sector que realmente requiera de la mano de obra extranjera, se debe solicitar al Consejo Nacional de Migración una evaluación sobre la demanda de esa mano de obra, pero regulada.

“Usted no puede justificar la ilegalidad alegando que los resultados de la producción van a tener problemas”, manifestó Rosario.

Este anuncio puso en alerta a las organizaciones de apoyo a los migrantes y afirmaron que miles de trabajadores migrantes haitianos en situación irregular corren el riesgo de perder su trabajo y ser repatriados.

El Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM-Haití) y la Red Fronteriza Jeannot Succès llamaron al Estado haitiano a buscar con su contraparte dominicana una fórmula para facilitar la regularización de los haitianos.

Más de tres cuartas partes (76.4 %) de los inmigrantes haitianos se concentran en tres grupos laborales: 33.8 % en el agropecuario, 26.3 % en la construcción y 16.3 % el comercio, según la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana de 2017.

Rosario aseguró que se “avanza” en la auditoría al Plan Nacional de Regularización para determinar si califican quienes se acogieron a este.

Detalló que en el plan se regularizaron más de 260,000 personas pero, cuando se hizo el llamado de renovación, la cifra descendió a 203,000. Rosario indicó que el Plan de Regularización pueden servir como una base de datos para los empleadores.

“Estamos auditando cada uno de esos expedientes para ver cuáles se hicieron conforme a la ley y si cumplieron con los requisitos. En eso hemos avanzado muchísimos y en los próximos días vamos a dar a conocer los resultados de esa auditoría ”, adelantó.

Lo cierto es que la nueva escalada de la crisis en Haití generada a partir del asesinato del Presidente Jovenel Moise con la consecuente inestabilidad e inseguridad en el vecino país ha provocado un aumento en la inmigración ilegal hacia la vecina República Dominicana.