Ministerio de Justicia instalará oficinas de derechos humanos en todas las cárceles del país
Santo Domingo, 12 Feb. – El Ministerio de Justicia anunció la instalación de oficinas de derechos humanos en todos los recintos penitenciarios de la República Dominicana, en lo que constituye una de las reformas institucionales más significativas del sistema carcelario en las últimas décadas.
La información fue confirmada en exclusiva por el ministro Antoliano Peralta, quien explicó que la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar el respeto integral de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario.
La decisión se produce luego de que el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, solicitara formalmente la creación de una oficina especializada en derechos humanos dentro de cada centro de reclusión del país.
La petición fue presentada durante el tradicional Desayuno de Listín Diario, moderado por el director del periódico, Miguel Franjul, y el subdirector Fabio Cabral, en un diálogo abierto sobre los desafíos estructurales del sistema penitenciario dominicano.
Peralta manifestó su respaldo inequívoco a la propuesta. “Sí, nosotros estamos de acuerdo con eso”, afirmó al referirse a la necesidad de institucionalizar un órgano estatal con presencia permanente en los centros de detención.
Según explicó, la medida no persigue un objetivo simbólico, sino que constituye una herramienta operativa destinada a establecer controles efectivos y mecanismos de rendición de cuentas dentro del sistema carcelario.
Un enfoque integral de derechos humanos
De acuerdo con Santana, la función principal de estas oficinas será vigilar que se respeten los derechos humanos tanto de los privados de libertad como del personal que labora en los recintos.
El funcionario enfatizó que la protección de los derechos fundamentales no puede circunscribirse únicamente a la población penitenciaria, sino que debe extenderse a los agentes y empleados que forman parte del engranaje institucional.
“Yo fui a cárceles en Comayagua, en Honduras, donde el personal penitenciario vivía en peores condiciones que los presos. En Honduras y aquí ha pasado”, señaló, subrayando que la dignidad humana es un principio transversal que no admite excepciones.
Santana advirtió que las vulneraciones pueden producirse en distintos ámbitos: durante las visitas familiares o conyugales, en la falta de traslados oportunos a audiencias judiciales, en la calidad y cantidad de la alimentación suministrada o en la asistencia médica brindada a los internos.
“Hay derechos humanos que tienen que ver con alimentación, derechos humanos del paciente”, precisó, ampliando la noción tradicional que reduce el debate penitenciario a la disciplina y la seguridad.
En la misma línea, el ministro Peralta subrayó que no trasladar a un interno a su audiencia en el tiempo correspondiente constituye una violación directa de sus derechos fundamentales. “No llevar a un interno a su audiencia oportunamente es una violación a sus derechos”, puntualizó, reconociendo que los retrasos procesales afectan la credibilidad del sistema judicial y prolongan innecesariamente la privación de libertad.
Reorganización administrativa y eficiencia operativa
Uno de los problemas históricos del sistema ha sido la logística para el traslado de privados de libertad a los tribunales. Según Santana, con la nueva estructura todo el proceso pasa a ser responsabilidad directa del Ministerio de Justicia, lo que permitirá mayor eficiencia y control.
El director de Servicios Penitenciarios detalló que las limitaciones presupuestarias no se reducen únicamente a combustible, vehículos o personal de conducción. “Nosotros no únicamente tenemos necesidades de combustible o de vehículos o de chóferes. Tenemos necesidades de alimento para los privados de libertad. No es cualquier cosa. De hecho, es la mayor parte del presupuesto”, afirmó.
En ese sentido, la reforma implica no solo la creación de oficinas de supervisión, sino también una redefinición de prioridades financieras y administrativas. Santana describió la iniciativa como un punto de inflexión en la historia penitenciaria nacional.
“Este tema penitenciario, con esta nueva impronta del gobierno, realmente le pone los pantalones largos al compromiso del Estado con el tema de los derechos humanos”, sostuvo.
El “peso” institucional del Estado
Durante el conversatorio, Santana reflexionó sobre el concepto de contrapeso en una democracia. “Si hay un sistema político en la denominada versión de la democracia, eso se basa en los contrapesos. Contrapeso quiere decir que hay un peso. Entonces hay un contrapeso”, explicó.
Recordó que en el país han existido organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, como la antigua Unión de los Derechos Humanos (UDU), la Comisión de los Derechos Humanos y otros movimientos de la sociedad civil. Sin embargo, enfatizó que no existía un órgano gubernamental con presencia directa y permanente en los centros penitenciarios.
“Ahora tenemos un peso. Ahora hay una persona encargada específicamente de los derechos humanos por el gobierno. Es la primera vez. No es un detalle cualquiera”, subrayó.
Santana reveló que en el pasado intentó introducir estructuras similares mediante ONG, incluso desarrollando experiencias piloto en la cárcel de La Victoria y en el centro penitenciario del 15 de Azua. No obstante, esos esfuerzos no prosperaron debido a la falta de obligatoriedad institucional.
“Son ONG. ¿Cuál es la obligación que tienen? La que ellos quieran. Tú no le puedes exigir más allá que lo que ellos quieran. Finalmente, yo no pude concretar eso”, explicó.
Con la nueva modalidad, las oficinas dependerán directamente del Estado y contarán con capacidad de supervisión continua, lo que permitirá establecer protocolos formales de actuación y seguimiento.
La desaparición del “preboste”
Uno de los puntos más sensibles abordados durante el diálogo fue la figura del “preboste”, tradicionalmente asociada a prácticas de violencia, extorsión y control informal dentro de las cárceles. Ante la pregunta de si esta figura continuaría bajo el nuevo esquema, Santana respondió categóricamente: “Esa figura en la reforma feneció”.
La eliminación de ese rol informal representa un cambio cultural profundo en la administración penitenciaria, al sustituir prácticas heredadas por estructuras formales de autoridad y supervisión.
El retorno institucional del Ministerio de Justicia
Santana calificó el traslado del sistema penitenciario bajo la sombrilla del Ministerio de Justicia como un “retorno” institucional. Recordó que históricamente el ministerio ha sido creado, suprimido y restituido en distintos momentos desde la independencia nacional.
Durante los últimos 62 años, el sistema penitenciario operó bajo la órbita del Ministerio Público. Según explicó, esa dualidad de funciones generó limitaciones estructurales. “El que está investigando, persiguiendo y litigando en los tribunales no podía estarse encargando de soltar preso, buscar preso, que la familia, los sueldos de los empleados”, indicó.
A su juicio, esa mezcla de responsabilidades impidió consolidar una reforma penitenciaria efectiva. “Eso nunca dio pie con bola”, afirmó con franqueza.
Ahora, con la rejerarquización institucional, el sistema penitenciario queda vinculado al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia como órgano de apoyo al sistema judicial, dotado de autonomía funcional, jurídica, administrativa y financiera.
La aclaración del ministro Antoliano Peralta
El ministro Peralta fue enfático en aclarar que la creación de estas oficinas no implica interferencia alguna en la labor de los jueces ni en la autonomía del Ministerio Público. La reforma, explicó, forma parte de un rediseño institucional impulsado por el presidente Luis Abinader con el objetivo de garantizar una justicia “justa y oportuna”.
Peralta recordó que el Ministerio de Justicia es una institución del gobierno central, con naturaleza político-administrativa. “Yo no soy un funcionario de la justicia, yo soy un funcionario del gobierno central”, expresó, al tiempo que llamó a la ciudadanía y a los profesionales del derecho a comprender la distinción entre la función administrativa del Ejecutivo y la función jurisdiccional de los tribunales.
“Estamos trayendo todas las tareas que el Poder Ejecutivo tenía metidas dentro del Ministerio Público hacia su lugar natural. El Ministerio de Justicia no tiene relación directa con la función de juzgar personas; es una institución del gobierno central”, enfatizó.
Un antes y un después
La instalación de oficinas de derechos humanos en cada cárcel del país representa, según sus promotores, un paso trascendental en la consolidación del Estado de derecho. Más allá de la creación de una nueva dependencia, la iniciativa busca establecer una cultura de respeto, supervisión permanente y responsabilidad institucional.
El desafío ahora radica en la implementación efectiva de la medida: dotación presupuestaria suficiente, capacitación del personal, establecimiento de protocolos claros y coordinación con otras instancias del sistema judicial y de salud pública.
Si la reforma logra materializarse con rigor técnico y voluntad política sostenida, la República Dominicana podría colocarse a la vanguardia regional en materia de supervisión penitenciaria estatal. Como afirmó Santana, se trataría de un modelo singular en el que el propio Estado asume la vigilancia de su actuación dentro de los recintos de reclusión.
