Ministerio Público acusa a Hugo Beras, Jochi Gómez y otros 15 implicados por corrupción, lavado de activos y terrorismo en caso Operación Camaleón

Santo Domingo, 27 oct. – El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), presentó formal acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a la red de corrupción administrativa y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Camaleón.

La acusación fue presentada por la procuradora general de Corte de Apelación, Mirna Ortiz, junto al procurador Héctor García Acevedo y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Miguel Collado, Arolin Lemos Feliz y Enmanuel Ramírez.

De acuerdo con la acusación, el Ministerio Público establece que las investigaciones revelaron la existencia de un entramado criminal que operaba desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Defensa, vulnerando los principios de transparencia, legalidad y seguridad institucional, mediante la manipulación de contratos, licitaciones y operaciones tecnológicas.

Entre los acusados figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant; José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas. A ellos se suman Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

Las personas jurídicas acusadas son Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.

Según la acusación, estas empresas fueron utilizadas como instrumentos financieros y operativos del esquema de corrupción, mediante contratos fraudulentos y transferencias ilícitas de fondos públicos.

El Ministerio Público identificó a José Ángel Gómez Canaán como eje central de la red, responsable de dirigir las operaciones financieras y tecnológicas de las empresas Transcore Latam, Dekolor, PagoRD Xchange y Aurix, que fueron empleadas para estafar al Estado, lavar activos, realizar espionaje tecnológico y sabotaje a infraestructuras críticas, incluyendo el sistema semafórico y de videovigilancia del Gran Santo Domingo.

El expediente detalla que Hugo Beras facilitó adjudicaciones irregulares a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red tecnológica del Intrant. Frank Díaz Warden manipuló procesos de compras para beneficiar a las empresas del entramado. Samuel Baquero Sepúlveda falsificó certificaciones técnicas; Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones presupuestarias falsas; Pedro Vinicio Padovani Báez intervino en licitaciones fraudulentas y en el lavado de fondos; Carlos José Peguero Vargas movilizó capitales a través de INPROSOL S.R.L.; Mariano Gustini y Manuel Mora Vázquez actuaron como testaferros de PagoRD Xchange; y Henry Darío Féliz Casso fungió como intermediario financiero en el desvío de recursos públicos.

En cuanto a las personas jurídicas, el Ministerio Público especificó que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para controlar la red semafórica mediante contratos fraudulentos; PagoRD Xchange S.R.L. para desviar ingresos públicos y adquirir bienes de lujo; Industria Soltex Dominicana S.R.L. en operaciones de contrabando y lavado; Dekolor S.R.L. para falsificar y desviar licencias; Aurix S.A.S. en espionaje y sabotaje tecnológico; INPROSOL S.R.L. como canal de transferencias financieras ilícitas; y OML Inversiones S.R.L. para la adquisición de inmuebles con fondos ilegales.

El Ministerio Público señala que estas conductas constituyen violaciones a múltiples disposiciones legales, incluyendo el artículo 146 numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana (corrupción administrativa); los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405 del Código Penal (coalición de funcionarios, falsificación, desfalco, asociación de malhechores y estafa al Estado); los artículos 11, 17, 27 y 28 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (sabotaje, terrorismo y robo de identidad); los artículos 5, 33, 34, 35 y 36 de la Ley 17-19 sobre Contrabando y Comercio Ilícito; los artículos 2 al 10 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; los artículos 5, 8, letra F, y 26 de la Ley 267-08 sobre Terrorismo; y los artículos 66, 67 y 69 de la Ley 631-16 sobre Control de Armas y Municiones.

El caso fue declarado complejo en octubre de 2024 por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien además impuso medidas de coerción a varios de los imputados principales.