Ministerio Público afirma que desfalco en Senasa fue estructurado, sistemático y sostenido entre 2020 y 2025

Santo Domingo, 11 Diciembre. – El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), sostiene que el desfalco cometido en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) fue producto de un entramado de corrupción estructurado, sistemático y sostenido en el tiempo, ejecutado por funcionarios que se valieron de sus cargos e influencias para exigir y cobrar sobornos entre los años 2020 y 2025.

Esta afirmación forma parte de la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano acusador contra diez personas hasta ahora formalmente implicadas en el caso, a quienes se les imputa el manejo fraudulento de recursos públicos, manipulación financiera y adjudicación irregular de contratos en el sistema de salud estatal.

Según se establece en la acusación, las pruebas documentales, testimoniales y periciales recopiladas a lo largo de la investigación apuntan a que los imputados utilizaron sus funciones en Senasa para beneficiar a empresas vinculadas a sus intereses personales, políticos y económicos, y que la estructura operaba con un alto nivel de coordinación interna para disfrazar las operaciones ilegales.

En el proceso investigativo se han identificado 51 testigos clave, entre los cuales figuran diez empleados actuales o antiguos del Senasa, seis auditores médicos de esa entidad, así como amigos y afiliados cercanos a los imputados. Estos testigos han permitido trazar un mapa detallado del esquema delictivo, que operaba desde áreas financieras y administrativas hasta los niveles más altos de decisión.

Entre los principales testigos del Ministerio Público se encuentra Gustavo Adolfo Güílamo Hirujo, quien fue coordinador de Gabinete del Senasa e integró el Comité de Contrataciones Médicas.

Este órgano tenía la responsabilidad de asignar contratos a prestadoras de servicios de salud, y según la acusación, se convirtió en un canal para favorecer entidades ligadas al círculo político y de amistad de Santiago Hazim, entonces director de Senasa.

Contra Güílamo Hirujo se presentó una querella el 28 de septiembre de 2025, y una orden judicial de arresto fue emitida el 4 del mismo mes. También figuran Nidia Esmeralda Valdez De Lun, analista del Departamento de Gestión de Redes y Contrataciones Médicas; Isa Beatriz Santana Gantier, analista de la Gerencia de Salud; y Roberto Antonio Canaán Acta, gerente de Servicios a Usuarios y Prestadores, todos señalados por su rol en facilitar contrataciones irregulares y omitir los controles internos.

El Ministerio Público también señala a Juan Domingo Toca Simó, asesor financiero externo, quien declaró que durante los años 2022 y 2023 se implementó un patrón deliberado para ocultar deudas institucionales, en una estrategia que permitió la continuidad del esquema de corrupción sin alertar a los órganos de control.

En el mismo tenor, Rosanna Henríquez Ogando y Luz Melanny Peguero Reynoso, del área financiera de Senasa, habrían recibido órdenes directas de Gustavo Enrique Messina para modificar registros contables y ocultar déficits mediante ajustes artificiales.

A ellas se suman Melissa Noemy Cabrera Martínez, directora financiera; Jaime Miguel Licairac Hernández, exgerente financiero tras la salida de Messina en septiembre de 2024; y Yeimi Cristina Guerrero, coordinadora de Cuentas Contables con 22 años de servicio en la institución.

La acusación también involucra a varios miembros del equipo médico y auditor del Senasa, quienes habrían validado procesos inexistentes o inflados a favor de prestadoras vinculadas.

Entre ellos se encuentran Indiana Dirocié De la Cruz, analista de investigación; la doctora Helen Navil Encarnación Alcántara, subgerente de auditoría médica; la doctora Crisffanny Lisse Ferreras Garcés, coordinadora de Cuentas de Auditoría Médica; la doctora Estefani Lucía de la Cruz Pérez y la doctora María Antonia Moreno de Jesús De Sena, ambas auditoras médicas; así como Giselle M. Herrera Segura, coordinadora de la unidad de investigación de Senasa.

Un punto crucial del expediente es el testimonio de José Manuel José Fermín, chofer de José Pablo Ortiz Giráldez, amigo personal de Santiago Hazim. Fermín declaró que por órdenes de Ortiz Giráldez, realizó múltiples recogidas de dinero en efectivo en fundas selladas, provenientes del Grupo Read, entregadas por Julián Olivero Rosado.

En total, estas operaciones se habrían repetido más de quince veces, alcanzando montos mensuales de hasta 43 millones de pesos. Ortiz Giráldez, figura de confianza del entonces director de Senasa, habría cobrado los sobornos tanto dentro de la institución como en la Dirección de Casinos y Juegos de Azar durante el mismo periodo investigado.

La red también incluye empresarios como Richard De Jesús Marine Alvarado y Milagros Almonte Encarnación, ex propietarios de la empresa Nutrimed; Julián Olivero Rosado, tesorero del Grupo Read Estrella; y Juan Carlos Miura Victoria, abogado del grupo durante más de tres décadas.

También se menciona a Luz del Carmen Medina García, representante del Centro Médico Eca Advanced Medical Center, y a la doctora Sabrina López Camacho, en calidad de auditora médica. Estas personas son señaladas por su presunta participación en operaciones de lavado de activos y triangulación de fondos públicos a través de contrataciones simuladas.

El expediente ha contado con la colaboración de técnicos y especialistas de la Contraloría General de la República, entre ellos Yariely Hernández Camacho, Andreinys D. Guerrero Ortiz, Marielis Abad Díaz, Teodosa del Rosario, Massiel Cubilete, Julio Caraballo, Jiselle del C. Paulino Cáceres, Yasmin Peguero y Digmari Rodoli, esta última encargada de inteligencia y casos especiales de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

También figuran particulares como Lisa María Cabrera Espinal, vendedora de Constructora Arpel; Rafael Polanco Sánchez, representante de la empresa Proyecto LC, S.R.L. y amigo personal de Germán Rafael Robles Quiñones; y Emmanuel Chinweoke Ajá, ciudadano nigeriano que denunció haber sido estafado por Rafael Luis Martínez Hazim por una suma de cuarenta mil dólares.

Además, varios afiliados de Senasa figuran como víctimas de suplantación para justificar servicios médicos no prestados. Entre ellos están Benjamín Franklin Díaz Calván, Confesor Obispo Díaz Olivero, Felipe Cruz Javier e Ignacio Antonio Rodríguez Espinal, este último miembro de la seguridad presidencial.

Se documentaron casos en los que se realizaron registros de consultas especializadas y telemedicina sin el conocimiento de los titulares. Lisbeth Alexandra Liranzo Matos, bioanalista afiliada al Senasa Máximo, también fue víctima de estas prácticas.

El Ministerio Público incorporó a agentes de la Policía Nacional como testigos sobre los procedimientos de arresto. Entre ellos se encuentran el segundo teniente Julio Alejandro Alayón Morel, el coronel Julio Sterling Ramírez Lugo, el cabo Leticia Roa Matos, el sargento Roselin Encarnación Amador y el raso Idelsonfo Alcántara Alcántara.

Finalmente, los peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), Evelin José Gerez, Wanda María Ramírez Rodríguez, Esther María Perdomo y Valentina Suero de la Cruz, aportaron elementos técnicos esenciales para sustentar las pruebas del caso.