Ministerio Público afirma que desmonta con pruebas los argumentos de las defensas en caso de presunta sustracción de RD$19 mil millones
Santo Domingo, 14 Feb. — El Ministerio Público aseguró que ha comenzado a desmontar, con pruebas documentales y técnicas, los argumentos presentados por las defensas de los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, así como de los demás imputados en el proceso por la presunta sustracción de más de RD$19 mil millones del Estado.
La información fue ofrecida por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien afirmó que durante la audiencia preliminar el órgano acusador ha ido refutando uno a uno los planteamientos de los abogados defensores.
Según explicó Ortiz, el Ministerio Público inició formalmente las réplicas ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se conoce el expediente. “En el día de hoy, con elementos de pruebas fehacientes, propios del proceso, hemos ido derrumbando uno por uno cada uno de sus argumentos”, sostuvo la magistrada al salir del tribunal.
De acuerdo con la procuradora de corte, las defensas han intentado desvirtuar la acusación utilizando datos aislados y, en algunos casos, interpretaciones que —según indicó— no se corresponden con el contexto completo de las evidencias presentadas por el Ministerio Público.
En ese sentido, afirmó que el órgano persecutor ha demostrado la inconsistencia de esos planteamientos tanto en sede judicial como frente a la opinión pública.
Ortiz expresó que las pruebas incorporadas al proceso evidencian la solidez de la acusación contra los señalados como integrantes de una presunta red de corrupción desmantelada en 2023 mediante la denominada Operación Calamar. “Construyeron un castillo de naipes y le estamos retirando su base”, manifestó la representante del Ministerio Público, al referirse a la estrategia de defensa.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó al tribunal rechazar los incidentes planteados para excluir pruebas, argumentando que todas fueron obtenidas conforme a la ley y dentro de los parámetros procesales establecidos.
La magistrada también indicó que, en su exposición ante la jueza Altagracia Ramírez, explicó que las barras de la defensa no han podido desvirtuar los fundamentos centrales de la acusación. Asimismo, sostuvo que el uso de metadatos por parte de los abogados defensores se ha realizado, según su criterio, de forma incorrecta y con la intención de confundir.
El equipo litigante del Ministerio Público está encabezado por Mirna Ortiz e integrado por los fiscales Miguel Collado, Elvira Rodríguez, Jhensy Víctor, Melbin Romero y Miguel Crucey.
En cuanto al fondo del expediente, el Ministerio Público sostiene que los imputados formaban parte de una estructura que habría desviado fondos públicos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como a través de sobornos que, presuntamente, se utilizaron para financiar la campaña electoral de 2020.
La acusación involucra a 46 personas físicas y jurídicas, a quienes se les atribuyen cargos como asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, entre otros delitos.
Entre los imputados mencionados en el expediente figuran también el abogado Ángel Lockward; Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda; el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa; y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, así como otros señalados en la investigación.
La audiencia preliminar fue aplazada para el miércoles 18 de febrero a las 9:00 de la mañana, cuando el tribunal continuará con el conocimiento de las réplicas del Ministerio Público.
