Ministerio Público afirma que existen “pruebas sobreabundantes” para enviar a juicio a exfuncionarios acusados en caso Calamar
Santo Domingo, 13 marzo. – El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que el expediente de presunta corrupción administrativa que involucra a los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, junto a otros imputados, cuenta con pruebas “sobreabundantes y evidentes”, por lo que solicitó al tribunal que el proceso sea enviado a juicio de fondo.
Las declaraciones fueron ofrecidas al concluir las réplicas del Ministerio Público durante la audiencia preliminar del caso que se conoce en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el órgano acusador pidió que todos los encartados enfrenten juicio por la supuesta defraudación al Estado dominicano de más de RD$19,000 millones.
Camacho, procurador adjunto y titular de la Dirección General de Persecución, sostuvo que el volumen de evidencias presentadas en el proceso es suficiente para que el tribunal disponga la apertura a juicio. “Este es un caso en el que las pruebas son sobreabundantes y evidentes, en el que el tribunal no tiene que hacer ningún esfuerzo extraordinario para verificar la necesidad de que este proceso se envíe a juicio”, expresó.
El funcionario explicó que el Ministerio Público concluyó sus réplicas este viernes y reiteró su solicitud al tribunal para que se envíe el proceso a juicio contra todos los acusados, al considerar que así lo ameritan las evidencias presentadas en el expediente.
Asimismo, el representante del órgano persecutor pidió al tribunal rechazar los incidentes planteados por las defensas y acoger las pruebas presentadas por el Ministerio Público, al considerar que no existe fundamento jurídico para que dichas objeciones prosperen.
Camacho indicó que las defensas se han limitado a emitir opiniones, tanto dentro como fuera del tribunal, sin refutar los hechos señalados por el órgano acusador. “Las opiniones las puede tener cualquiera, pero los hechos son objetivos y verificables”, sostuvo.
El procurador adjunto señaló que, según la acusación, existen hechos que —a juicio del Ministerio Público— no han sido desmentidos por las defensas, entre ellos una supuesta reunión celebrada en el Palacio Nacional en 2019 en la que presuntamente se habría instruido buscar fondos y la posterior creación de un lugar denominado “La Casita”, ubicado en el sector Bella Vista, donde alegadamente se recibían esos recursos.
También mencionó como parte de las pruebas el testimonio del empresario Bolívar Ventura, quien, según el Ministerio Público, declaró haber entregado más de RD$1,200 millones en pagos relacionados con el caso. Camacho afirmó que Ventura participa en el proceso en calidad de testigo.
De igual forma, indicó que personas vinculadas a la implementación de un supuesto programa relacionado con el sector de casinos y juegos de azar, el cual —según la acusación— habría funcionado como un sistema de sobornos identificado como “El Programa” o “El Proyecto”, también figuran como testigos dentro del proceso.
El equipo del Ministerio Público que participa en la audiencia está encabezado por Wilson Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). También lo integran los fiscales Jhensy Víctor, Rosa Alba García, Melbin Romero, Rosa Ysabel y Miguel Crucey.
Durante la audiencia, Ortiz solicitó al tribunal ordenar la apertura a juicio contra cada uno de los imputados señalados en el expediente acusatorio y mantener la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, además de rechazar todos los incidentes presentados por las defensas.
La audiencia se desarrolla en la Sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, debido a limitaciones de espacio, y es presidida por la jueza Altagracia Ramírez, titular del Cuarto Juzgado de la Instrucción.
El proceso judicial
Los imputados fueron arrestados en el marco de la Operación Calamar, investigación en la que el Ministerio Público sostiene que existía una presunta estructura que habría desviado más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como mediante supuestos sobornos que, según la acusación, habrían sido utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
Además de los exministros Donald Guerrero Ortiz (Hacienda) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas), y del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, el expediente también incluye a otros exfuncionarios.
Entre ellos figuran Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional.
Asimismo, están incluidos en el expediente Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, quienes también enfrentan cargos dentro del proceso que actualmente se encuentra en fase de audiencia preliminar.
