Ministerio Público afirma que no existe certificación forense que respalde alegada condición de salud de Santiago Hazim
Santo Domingo, 14 diciembre. — El Ministerio Público aseguró que durante el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, imputado principal en el proceso de corrupción administrativa conocido como Operación Cobra, no fue acreditada ante el tribunal ninguna condición de salud que justifique la no imposición de prisión preventiva, tal como ha alegado la defensa del procesado.
De acuerdo con la información suministrada por el órgano acusador, ningún médico forense ha certificado ni presentado informe pericial alguno que respalde las supuestas complicaciones de salud invocadas por Hazim Albainy, argumento utilizado por su defensa con el objetivo de evadir la prisión preventiva que, a juicio del Ministerio Público, resulta proporcional a la gravedad, complejidad y magnitud de los hechos imputados.
El Ministerio Público sostiene que la alegada condición médica no fue demostrada conforme a los procedimientos legales vigentes, recordando que, para que un tribunal valore un estado de salud dentro de un proceso penal, es imprescindible que dicha condición sea verificada y documentada por un perito forense designado por el propio Ministerio Público o por el tribunal competente, situación que no se ha producido en este caso.
Asimismo, el órgano persecutor indicó que los testimonios recopilados durante la investigación establecen que Santiago Hazim Albainy mantenía una vida laboral y social completamente normal hasta el inicio del proceso judicial en su contra. Según los testigos, el imputado acudía de manera cotidiana a las instalaciones del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), entidad que dirigía, y participaba activamente en actividades sociales, sin que se evidenciara limitación alguna relacionada con su salud.
El Ministerio Público afirmó que el imputado y su equipo legal han introducido recientemente el argumento de salud como una estrategia defensiva, sin aportar pruebas médicas verificables que sustenten dichas afirmaciones. En ese sentido, recalca que no existe evidencia objetiva que confirme las supuestas complejidades médicas alegadas.
Hazim Albainy es señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una estructura de corrupción administrativa que operó durante años en el Seguro Nacional de Salud, mediante la cual se produjo un desfalco superior a los 15 mil millones de pesos, afectando de manera directa al Estado dominicano y a millones de afiliados del sistema público de salud.
Durante la audiencia celebrada el pasado viernes, el Ministerio Público solicitó al tribunal la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, así como la declaratoria de caso de tramitación compleja, dadas las características del proceso. En ese escenario, la defensa del imputado difundió ante los medios de comunicación la versión de una presunta condición médica que, según alegan, impediría su reclusión preventiva.
El órgano acusador expuso ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que la prisión preventiva constituye la medida más idónea y proporcional para varios de los imputados, entre ellos Santiago Hazim Albainy y el exconsultor jurídico del SeNaSa, Germán Robles, quienes figuran entre los principales beneficiarios de la red delictiva y habrían recibido más de dos mil millones de pesos en sobornos, según la investigación.
El Ministerio Público detalló que en el caso de Hazim Albainy se cumplen todos los criterios legales que justifican la imposición de prisión preventiva, destacando, entre otros aspectos, la pluralidad de imputados y víctimas, el grave daño ocasionado a la sociedad, y su condición de alto funcionario público, lo que implicaba un deber especial de garante del correcto funcionamiento del sistema de salud frente a millones de afiliados.
También subrayó la naturaleza de los delitos imputados, al tratarse de conductas que afectan bienes jurídicos fundamentales, como el derecho a la salud y la correcta administración de los fondos públicos. A esto se suman las falsificaciones y adulteraciones de documentos realizadas durante años para ocultar las operaciones ilícitas, así como la existencia de una estructura criminal organizada, caracterizada por su planificación, sistematicidad y jerarquización.
El órgano persecutor indicó además que el principal imputado habría ejecutado maniobras destinadas a ocultar bienes obtenidos producto de las actividades ilícitas, así como acciones deliberadas para impedir que personas vinculadas al proceso colaboraran con la investigación del Ministerio Público.
En cuanto al desarrollo del proceso, pasada la 1:00 de la madrugada del sábado, el juez Rigoberto Sena decidió aplazar la audiencia y fijó para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la lectura de su decisión sobre la solicitud de medida de coerción.
Durante el conocimiento de la audiencia, tres de los imputados admitieron los hechos ante el tribunal, declarando que realizaron pagos de sobornos tanto a Santiago Hazim Albainy como a otros exfuncionarios del SeNaSa, lo que fortalece la teoría del caso presentada por el Ministerio Público.
En el expediente acusatorio, el Ministerio Público ha depositado un voluminoso cuerpo probatorio que incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 pruebas testimoniales y diversos informes periciales, los cuales vinculan de manera directa a los imputados con los hechos investigados.
Finalmente, el órgano acusador informó que a los miembros de la red desmantelada en la Operación Cobra se les imputan múltiples delitos, entre ellos coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, configurando uno de los procesos de corrupción administrativa de mayor impacto en la historia reciente del país, según el Ministerio Público.
