Ministerio Público deposita solicitud de coerción contra imputados en Operación Panthera 7

El órgano acusador solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso

Santo Domingo, 14 enero. – El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva para los imputados durante la ejecución de la Operación Panthera 7, vinculada a la incautación de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo el pasado mes de diciembre de 2024. Los fiscales actuantes también solicitaron la declaración de caso complejo.

La medida de coerción fue solicitada contra José Nicolás Castillo Hart (a) “Nikito”; Winston Armando Tejera Rodríguez (a) “Barbikin”; Cristian Rayner Canela Aybar; Nelson Neftalí Mercedes Lugo; Dulvi Jesús De los Santos; Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito, señalados por el Ministerio Público como miembros de una red internacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en una operación conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En las acciones contra la red criminal, desarrolladas en forma autónoma por República Dominicana, participaron 89 fiscales y 564 agentes de fuerzas especiales, quienes realizaron arrestos y allanamientos.

Según la solicitud de coerción, durante los allanamientos fueron incautados más de 22 millones en efectivo, en pesos y en dólares. Además, 20 vehículos livianos, 10 vehículos pesados, 10 contenedores, tres motocicletas, tres pasolas y cinco motores fuera de borda; así como armas de fuego.

Los representantes del Ministerio Público catalogaron a la Operación Panthera 7 como una de las mayores ofensivas operativas en contra del crimen organizado realizada en el hemisferio. Al tiempo que, reiteraron que, en el transcurso de la investigación, se han recolectado evidencias que demuestran que los 9,587 paquetes con un peso de 9,889 kilos de cocaína fueron traídos a la República Dominicana desde Colombia por vía marítima, específicamente, por Bayahibe, La Romana y Pedernales, en meses previos a diciembre de 2024.

El Ministerio Público sostiene que los imputados violaron los artículos 59, 60, 265, y 266 del Código Penal Domnicano, el cual tipifica “Asociación de malhechores”, así como, los artículos 58, 59, 60, 75 y 85 de la Ley 50-88, sobre Drogas Narcóticas, los cuales tipifican “Tráfico de Drogas y Patrocinio”.

Además, a Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito también se les acusa de violar los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y el artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, en perjuicio del Estado Dominicano.

La droga estaba en RD

Una de las interrogantes de este decomiso fue establecer de dónde provino la droga y dónde estaba almacenada: es el decomiso más grande de la historia del país y su volumen implicaría que este territorio estaría dejando de ser un simple puente para el tráfico de sustancias para convertirse en parte de una estructura criminal.

Las autoridades han revelado que los 9,587 paquetes con un peso de 9,889 kilos de cocaína fueron traídos a la República Dominicana desde Colombia por vía marítima, específicamente, por Bayahibe, La Romana y Pedernales, en meses previos a diciembre de 2024.

De acuerdo con el presidente de Colombia, el Catatumbo, uno de los corredores de cocaína de flujo más continuo en el mundo, fue el lugar desde donde se envió el cargamento.

Catatumbo es una región donde opera el Ejército de Liberación Nacional (ELN), donde los campesinos viven de la producción de hoja de coca, materia prima para la fabricación de cocaína, y es zona fronteriza con Venezuela, desde donde se presume se les da luz verde a las operaciones del narcotráfico.

El Ministerio Público afirma que la organización criminal captó a varios empleados del Puerto Multimodal de Caucedo, que contribuyeron a la entrada del cargamento a la terminal a bordo del contenedor número FFAU4542281 y que opera las empresas Grasswey Group SRL y GWG Transport, de transporte de contenedores, las cuales utilizaban para el tráfico internacional de drogas.

Las evidencias muestran que la operación que se realizaba era sacar los paquetes de cocaína del contenedor que había entrado a Caucedo, para entrarlo al contendor con destino a Bélgica, pero fue interrumpido por la actuación de las autoridades. Razón por la que ambos contenedores tenían paquetes al momento de la ocupación.

Para hacer espacio en el contenedor nevera, como se le conoce al procedente de Guatemala con destino a Bélgica, se sacó parte de la carga de bananos que este llevaba.

Asegura que para custodiar el cargamento, al puerto entraron cuatro hombres con armas de asalto dentro del contenedor vacío con la complicidad de empleados de la referida terminal.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación, se establece que los cuatro hombres armados, con armas largas y encapuchados, raptaron a un camionero, que se encontraba dejando un contenedor, trataron de salir de la terminal a bordo del camión conducido por el raptado, pero ya la DNCD en coordinación con la seguridad del puerto, había dispuesto el cierre de lugar, por lo que los miembros de la organización que se conocen en ese mundo como “Clavadores”, al ver que no podrían salir por el despliegue de las agencias, se escaparon por una verja perimetral.

Añade que el camión marca Mack, modelo CXU613, color azul, placa L380563, rótulo de la RNTT S503, fue comprado en Santiago de los Caballeros, a nombre de un testaferro y miembro de la organización, pero las pruebas evidencian que el pago y las diligencias para la adquisición del vehículo los hizo uno de los principales ejes operativos de la red criminal. Luego del hecho, la organización criminal ocultó el camión, pero este fue localizado y secuestrado por las autoridades por el despliegue de acciones de inteligencia y un análisis 360 del sistema de cámaras.

Al camión utilizado para entrar el contenedor cargado con la droga se le ocupó un GPS que la organización criminal no tenía conocimiento de que lo poseía.

La mapificación del GPS corrobora, junto a otras evidencias, que el lugar principal donde fue cargado el contenedor con la cocaína y que se encuentra ubicado a pocos minutos del puerto, es propiedad de uno de los principales imputados, que se encuentra arrestado, el presidente de la compañía GWG Transport, que no había traspasado el inmueble, pero el Ministerio Público tiene en su poder el acto de venta y las evidencias que acreditan que es de su propiedad.

La embajada de los Estados Unidos en el país destacó la cooperación con las autoridades para el decomiso de cocaína. En un mensaje publicado en X, resaltó el trabajo interinstitucional.

“Más de 9.8 toneladas de cocaína fueron confiscadas en la Operación Panthera 7, gracias a un esfuerzo conjunto y estrategias avanzadas de inteligencia entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público con el apoyo estratégico de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Continuamos trabajando en ardua colaboración en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos”, escribió.