Ministerio Público desmantela remanentes del cartel desarticulado en la Operación Arrecife
Santo Domingo, 4 de julio de 2025. – El Ministerio Público dominicano continúa su ofensiva contra el narcotráfico y el lavado de activos al ejecutar este jueves 13 allanamientos en las provincias de Samaná y Santo Domingo Este, con el objetivo de desarticular a remanentes de la estructura criminal internacional que fue impactada con la Operación Arrecife.
Las acciones estuvieron a cargo de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en coordinación con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, y contaron con el apoyo de más de 70 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y un equipo técnico especializado.
Durante los operativos, se incautaron diez propiedades, documentos relevantes, títulos de propiedad y diversos aparatos electrónicos, los cuales serán sometidos a análisis pericial. Las intervenciones se realizaron en sectores como Loma Atravesada, Las Galeras y Las Terrenas (Samaná), así como en varios puntos de Santo Domingo Este.
Según las autoridades, esta red criminal era liderada por Omar Ortiz Mosquea y Arantza García Eusebio, quienes ya se encuentran procesados judicialmente. La estructura se dedicaba al tráfico de drogas a nivel local e internacional, así como al lavado de activos provenientes de estas actividades ilícitas, en violación a las leyes 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El expediente judicial detalla que el 20 de febrero de 2023 fueron ocupados 243 paquetes que contenían 250.58 kilogramos de cocaína clorhidratada, cantidad confirmada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Además, se atribuye al grupo el patrocinio de la salida de estos cargamentos hacia Puerto Rico, donde también se incautaron otros 328 kilogramos de cocaína.
Con las ganancias generadas por estas operaciones, los imputados adquirieron bienes muebles e inmuebles, simularon ventas y colocaron grandes sumas de dinero en el sistema financiero, acciones que derivaron en una segunda fase del caso: la denominada Operación Arrecife 2.0, que permitió ampliar el expediente e incluir a más involucrados.
El Ministerio Público presentó una acusación penal sustentada en más de 600 pruebas, entre documentales, testimoniales, periciales, audiovisuales y materiales, que vinculan de forma directa a los acusados con los hechos criminales. La investigación está a cargo de los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada.
También figura como implicado en el caso el prófugo Joel Antonio Estévez Batista, cuya localización continúa siendo prioridad para las autoridades.
