Ministerio Público intensifica la Operación Camaleón con nuevos allanamientos en caso de corrupción en el Intrant
SANTO DOMINGO, 6 junio. El Ministerio Público desplegó este viernes un equipo de fiscales que ejecutan allanamientos en el Distrito Nacional y Punta Cana, como parte de las investigaciones en curso de la Operación Camaleón.
Esta operación tiene como objetivo desmantelar una red de corrupción que defraudó al Estado mediante el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Los allanamientos, coordinados por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), involucran a 15 fiscales. Entre los lugares allanados figura la residencia de Aquiles Jiménez, director de operaciones de la empresa Aurix S.A.S., propiedad de José Ángel Gómez Canaán (Jochi).
La Operación Camaleón ha implicado a varios exfuncionarios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), incluyendo a Hugo Beras, exdirector de la entidad, y a Jochi Gómez, propietario de Aurix S.A.S.
Ambos son acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Además de Beras y Gómez, el Ministerio Público procesa a Frank Díaz Warden, excoordinador de despacho del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director Administrativo y Financiero; y Carlos José Peguero Vargas.
El caso se centra en un contrato adjudicado a la empresa Transcore Latam S.R.L., vinculada a Jochi Gómez, para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Según las autoridades, el contrato fue otorgado de manera fraudulenta, y las empresas involucradas no contaban con las capacidades técnicas requeridas. Además, se alega que se desviaron fondos públicos mediante procesos fraudulentos y que se cometieron actos de sabotaje contra la red semafórica en agosto de 2024.
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para los imputados y la declaratoria de complejidad del proceso, argumentando la gravedad de los delitos y la necesidad de garantizar la integridad de la investigación.
