Ministerio Público lanza la Operación Pandora para desmantelar red criminal integrada por policías
Santo Domingo, 17 de noviembre. El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía, puso en marcha la Operación Pandora, destinada a desmantelar una red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional.
Esta organización, encabezada por el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien dirigía la Intendencia de Armas de la institución, sustrajo más de 900,000 proyectiles, según revelaron las autoridades.
La investigación que llevó a esta operación comenzó en octubre, tras una solicitud de las máximas autoridades del Ministerio de Interior y Policía y de la Policía Nacional. La acción incluyó la participación de más de 200 agentes de unidades especiales, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), junto a un equipo de más de 40 fiscales. Los allanamientos se realizaron en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
En el operativo fueron arrestados el coronel Féliz Romero, responsable de la custodia de las armas y municiones, y el subintendente Juan Miguel Pérez Soler. También se detuvo al capitán Nelson Valdez, encargado del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; al capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien está acusado de falsificar auditorías para ocultar el robo de municiones; y al segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, encargado de armería en la Dirección Regional Cibao Central.
Otros implicados detenidos son el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, además de Miguelina Bello Segura, quienes cumplían roles clave en la operación criminal.
El Ministerio Público destacó que el capitán Santos, con más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, fue un actor principal en la red. Además de encubrir irregularidades en una auditoría realizada en febrero, intentó manipular los registros nuevamente a medida que avanzaba la investigación, pero los fiscales detectaron rápidamente esta maniobra.
Los allanamientos permitieron incautar armas, municiones, evidencias digitales, registros de transacciones económicas, testimonios y datos obtenidos de dispositivos electrónicos, lo que ha fortalecido significativamente el caso que será presentado ante el juez de instrucción. Las pruebas recabadas incluyen no solo infracciones de carácter disciplinario, sino también violaciones penales graves.
En un comunicado, el Ministerio Público calificó este caso como un hito en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado dentro de las instituciones de seguridad. Subrayó la importancia de la colaboración entre entidades estatales para lograr resultados efectivos y valoró el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de derecho.
“Este caso marcará un antes y un después en el combate a la corrupción dentro de las fuerzas del orden”, afirmó el organismo, destacando que esta operación refleja el esfuerzo del Gobierno por transformar la seguridad y la institucionalidad en el país.
