Ministerio Público pide prisión preventiva para presuntos implicados en red de estafa y lavado de activos desmantelada con Operación Guepardo
Santo Domingo, 4 octubre. – El Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra cuatro personas acusadas de estafa electrónica y lavado de activos, en el marco de la continuación de la Operación Guepardo, una investigación que persigue a una presunta red delictiva vinculada a la captación fraudulenta de fondos a través de proyectos inmobiliarios simulados.
La solicitud fue depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, donde el Ministerio Público pidió además que el caso sea declarado de tramitación compleja. Se espera que el tribunal fije en los próximos días la fecha para conocer la medida.
Los presuntos implicados son Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de la empresa Novasco Real Estate, S.R.L.; Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la compañía; y las denominadas “masters brokers” Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto. Según la acusación, estas personas habrían participado en maniobras fraudulentas mediante las cuales se ofrecían proyectos inmobiliarios inexistentes, engañando a decenas de víctimas.
De acuerdo con la instancia, el abogado Ulloa Bueno supuestamente utilizaba la intimidación para enfrentar a los afectados que reclamaban la devolución de su dinero, mientras que los demás acusados habrían gestionado la captación de fondos y la simulación de transacciones inmobiliarias.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana desarrollan las investigaciones con apoyo del Departamento de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilatf) de la Policía Nacional.
Allanamientos y arrestos
Los arrestos se produjeron el pasado jueves durante allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Punta Cana, provincia La Altagracia. En el operativo fueron detenidos Guerrero Milián en Punta Cana; Ulloa Bueno en San Cristóbal; Rydelis Bello en el Distrito Nacional; y Barreto en La Romana.
Durante las diligencias, las autoridades incautaron vehículos de lujo, dinero en efectivo, propiedades, aparatos electrónicos y documentación societaria relacionada con las operaciones investigadas, así como prendas de alto valor.
El Ministerio Público sostiene que la red, en presunta asociación de malhechores, habría movilizado más de 18 millones de dólares, afectando a cientos de personas que entregaron sus ahorros bajo la promesa de adquirir apartamentos de bajo costo que nunca fueron construidos.
Avances del proceso y otros implicados
Por este caso guardan prisión preventiva otros presuntos miembros de la estructura, entre ellos Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux. Asimismo, Loany Lismeiry Ortiz Nova fue arrestada en Colombia cuando intentaba cruzar hacia Venezuela, y permanece detenida desde febrero de 2025 a la espera del proceso de extradición hacia República Dominicana.
El expediente del Ministerio Público establece que la red habría utilizado la empresa Novasco Real Estate, S.R.L. como fachada para cometer los ilícitos. Con el propósito de ganar credibilidad, la compañía obtuvo la franquicia de Re/MAX, una reconocida marca internacional del sector inmobiliario, lo que permitió atraer a clientes confiados en la reputación de la firma. Sin embargo, según las autoridades, todo formaba parte de un esquema fraudulento.
Compromiso del Ministerio Público
Estas acciones forman parte del plan institucional dirigido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, en su lucha contra las redes de crimen organizado, estafa y lavado de activos.
Los fiscales Mayerling Rondón y Claudio Cordero, de la Fiscalía de La Romana y de la Procuraduría Antilavado de Activos, respectivamente, están a cargo de la investigación.
