Ministerio Público presenta acusación formal contra 13 implicados en alijo de 10 toneladas de cocaína en Operación Panthera 7
Santo Domingo, 25 marzo. – El Ministerio Público depositó formalmente la acusación contra 13 personas vinculadas al decomiso de un cargamento de casi 10 toneladas de cocaína, incautado en diciembre de 2024 durante la denominada Operación Panthera 7, considerada una de las mayores acciones contra el narcotráfico en la historia de la República Dominicana.
El expediente fue presentado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y la Fiscalía de Santo Domingo Este, encabezadas por el procurador adjunto Wilson Camacho, la procuradora de corte Sourelly Jáquez y el fiscal Milcíades Guzmán. La instancia fue depositada en la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de esa jurisdicción.
Entre los imputados figuran José Nicolás Castillo Hart (Nikito), Winston Armando Tejera Rodríguez (Barbikin o Ñojote), Luis Rafael García Alfonseca (el Duartero), José Alexander Santana Andújar (Alex), Cristian Rayner Canela Aybar y Nelson Neftalí Mercedes Lugo. También fueron acusados Dulvi Jesús de los Santos, Ángel Miguel de la Rosa Polanco, Enriquillo Luis Brito, Enrique José Luis Brito, Moisés Hinojosa Natera (Jovale), Alexander Henríquez Castro (John) y Joel Jesús Jáquez.
Las autoridades indicaron que el proceso se encuentra a la espera de que se designe el tribunal correspondiente y se fije la fecha para el inicio de la etapa preliminar del juicio.
Red internacional y uso de criptomonedas
La titular de la Procuraduría Especializada Antidrogas, Sourelly Jáquez, explicó que la organización criminal operaba a nivel internacional y utilizaba mecanismos modernos para movilizar recursos económicos, incluyendo criptoactivos.
Según detalló, la red logró transferir aproximadamente cinco millones de dólares mediante criptomonedas y billeteras virtuales, canalizando esos fondos hacia distintos países, entre ellos México y varias naciones de Europa.
Jáquez destacó que este constituye el primer caso en la República Dominicana en el que se han congelado criptoactivos como parte de una investigación penal vinculada al narcotráfico.
Implicación de estructuras logísticas y portuarias
El Ministerio Público también incluyó en la acusación a una empresa de transporte ubicada en la zona de Boca Chica, presuntamente involucrada en la operación logística del alijo incautado en el Puerto Multimodal Caucedo.
De acuerdo con las investigaciones, la organización contaba con la colaboración de personal vinculado a operaciones portuarias, incluyendo empleados y supervisores, lo que habría facilitado el movimiento de la droga dentro del país.
Asimismo, las autoridades revelaron que durante el proceso investigativo fueron ocupados documentos que evidencian pagos realizados por la red criminal. “Se secuestraron documentos que muestran pagos a autoridades y militares, aunque no se especifican nombres”, indicó Jáquez.
Magnitud del decomiso y rutas utilizadas
El expediente establece que el cargamento estaba compuesto por 9,587 paquetes de cocaína, con un peso total de 9,889 kilogramos, lo que lo convierte en el mayor decomiso de esta sustancia en territorio dominicano.
Las investigaciones determinaron que la droga fue introducida al país desde Colombia por vía marítima, utilizando rutas que incluyeron puntos como Bayahibe, La Romana y Pedernales, en meses previos a su incautación en diciembre de 2024.
Amplio despliegue operativo
La Operación Panthera 7 fue ejecutada mediante un amplio despliegue de fuerzas, en el que participaron 89 fiscales y 564 agentes de unidades especiales, quienes realizaron múltiples allanamientos y arrestos.
Durante estos operativos, las autoridades incautaron más de 22 millones de pesos y dólares en efectivo, así como una significativa cantidad de bienes utilizados por la red. Entre los objetos decomisados figuran 20 vehículos livianos, 10 vehículos pesados, 10 contenedores, tres motocicletas, tres pasolas, cinco motores fuera de borda y varias armas de fuego.
El Ministerio Público calificó esta operación como una de las mayores ofensivas contra el crimen organizado en el hemisferio, destacando la coordinación entre instituciones nacionales como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y organismos internacionales, incluyendo la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Tipificación penal
En la acusación, el órgano persecutor sostiene que los imputados incurrieron en violaciones a diversas normativas, incluyendo el Código Penal Dominicano, la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 631-16 sobre Control de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
