Ministerio Público presenta acusación formal contra presunta red de estafadores inmobiliarios
Santo Domingo, 1 de octubre – El Ministerio Público presentó formalmente este martes una acusación en contra del empresario Emmanuel Ledezma Rivera y otras seis personas, quienes presuntamente forman parte de una compleja red de estafadores inmobiliarios desmantelada durante la Operación Nido en enero de este año.
Esta operación sacó a la luz uno de los esquemas fraudulentos más grandes de los últimos tiempos en el país, centrado en la oferta de proyectos inmobiliarios ficticios con los que se habrían estafado más de RD$700 millones a ciudadanos, según la acusación del Ministerio Público.
La acusación estuvo a cargo del fiscal Andrés Mena y fue liderada por la magistrada Yeni Berenice Reynoso, una figura clave en los casos de corrupción de alto perfil en la República Dominicana. También participó en la presentación la procuradora de corte, quienes, en conjunto, han llevado adelante este complejo caso que ha sacudido al sector inmobiliario y financiero del país.
Se espera que el caso avance rápidamente hacia el tribunal, donde se llevará a cabo el juicio preliminar en las próximas horas. En este juicio, se determinará si la evidencia presentada por el Ministerio Público es suficiente para llevar a los acusados a un juicio formal.
Entre los imputados se encuentran varios miembros de la familia Ledezma, quienes, según las autoridades, operaban bajo una estructura organizada que ofrecía viviendas en proyectos que nunca se construyeron, logrando engañar a decenas de personas con falsas promesas de propiedades.
En enero de este año, como parte de las primeras medidas cautelares, el juez Rigoberto Sena impuso prisión preventiva a los acusados principales. Emmanuel Ledezma Rivera, identificado como el cabecilla de la red, y su hijo Eduardo Rivera Pichardo, fueron enviados a cumplir 18 meses de prisión preventiva en el centro penitenciario de Najayo-Hombres.
Junto a ellos, otras personas vinculadas directamente a la operación fraudulenta también recibieron medidas cautelares severas. Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar López también fueron enviados a prisión preventiva en Najayo-Hombres, en espera de que se inicie el proceso judicial en su contra.
El Ministerio Público asegura que ha recabado una considerable cantidad de pruebas que vinculan a estos acusados con la administración y promoción de los proyectos inmobiliarios inexistentes.
Mientras tanto, María Gabriela Rivera Pichardo, otra hija del empresario, se encuentra bajo arresto domiciliario y ha sido equipada con un grillete electrónico para asegurar su permanencia en el país durante el proceso. A pesar de que su participación en la red parece haber sido menos activa que la de su padre y su hermano, las autoridades han considerado necesario restringir su libertad debido a la gravedad de las acusaciones que enfrenta.
Reilin Arismendy Rosario García, otro de los implicados en la operación, también enfrenta arresto domiciliario, además de tener que presentarse periódicamente ante las autoridades como parte de las medidas de coerción impuestas.
Por otro lado, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, esposa de Emmanuel Ledezma, también está bajo arresto domiciliario y ha sido equipada con un grillete electrónico. Además, a Cruz Figueroa se le impuso un impedimento de salida del país, lo que le prohíbe abandonar la República Dominicana mientras se desarrollan las investigaciones y el juicio. Las autoridades consideran que su participación fue clave en la gestión de los fondos obtenidos a través del esquema de fraude, aunque su rol exacto en la operación aún está siendo investigado más a fondo.
