Ministerio Público presenta conclusiones en el Caso Coral por desfalco superior a RD$4,500 millones
SANTO DOMINGO, 4 Feb. — El Ministerio Público avanzó esta semana hacia la fase final del proceso judicial del denominado Caso Coral, al presentar argumentos conclusivos respaldados por lo que define como «amplio cuerpo probatorio» contra los principales imputados, acusados del saqueo de más de RD$4,500 millones de fondos públicos pertenecientes a los contribuyentes dominicanos.
Según informó el órgano persecutor, la acusación se sostiene en pruebas contundentes contra los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, señalados como figuras clave de una red que desvió recursos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani).
El Ministerio Público detalló que durante la jornada más reciente se completó la presentación de los argumentos finales en contra de los imputados Julio Camilo de los Santos Viola y José Manuel Rosario Pirón. No obstante, la audiencia fue aplazada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
La suspensión se produjo a solicitud del abogado del acusado Pedro Castillo Nolasco, quien alegó que su defendido sufrió un mareo durante el receso del almuerzo en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El tribunal reprogramó la audiencia para el jueves 5, a las 2:00 de la tarde.
Para esa fecha, el Ministerio Público continuará con la exposición de sus conclusiones en contra de los imputados Esmeralda Estrella Polanco y Alejandro Montero Cruz. El tribunal precisó que esta reprogramación no altera el calendario del juicio, ya que todas las defensas iniciarán sus discursos de clausura el martes 10 de febrero.
Durante la audiencia, la jueza Esmirna Giselle Méndez explicó que el tribunal ha solicitado a las partes estar preparadas con antelación, ante la posibilidad de imprevistos que puedan afectar el desarrollo de las exposiciones finales, a fin de garantizar el uso efectivo del tiempo procesal.
Amplio cúmulo probatorio
El Ministerio Público estuvo representado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a los fiscales Arolin Lemos, Miguel Collado, Jonathan Pérez y Enmanuel Ramírez, quienes detallaron un voluminoso expediente probatorio.
Entre las evidencias documentales presentadas contra De los Santos Viola figura la copia de un cheque por RD$50 millones, emitido en 2016 para supuestos trabajos de inteligencia vinculados a viajes presidenciales a Colombia y Nicaragua en 2018, así como transcripciones de conversaciones telefónicas entre las acusadas Jehohanan Rodríguez y Rossy Guzmán Sánchez, alias “La Pastora”.
El órgano acusador corroboró que De los Santos Viola fue beneficiado con un total de 185 cheques, de los cuales 158 estaban destinados, según su descripción, a “actividades de inteligencia” del Cusep, mientras que otros 23 correspondían a supuestos reembolsos mensuales. Durante allanamientos también se ocuparon bienes como un vehículo Toyota, un carnet a su nombre hallado en un apartamento y equipos de poligrafía propiedad del Cusep, presuntamente utilizados para fines personales.
Bienes incautados y estructura de la red
Además de los generales imputados, el expediente incluye a otros altos oficiales y civiles, entre ellos el coronel Rafael Núñez de Aza; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; Rossy Guzmán Sánchez; su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán; y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como varios colaboradores civiles.
El Ministerio Público informó que ha presentado 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 testimonios, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales, incluyendo armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
Asimismo, se identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto cilindraje y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en decomiso. Los bienes incautados han generado ingresos por alquileres y producción agrícola que superan los RD$86 millones, también reclamados a favor del Estado.
De acuerdo con la acusación, Adán Cáceres Silvestre encabezó una red integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos, incluidos recursos sensibles destinados a labores de inteligencia, en uno de los casos de corrupción administrativa más relevantes conocidos por la justicia dominicana.
