Ministerio Público solicita prisión preventiva contra hombre acusado de falsificar defunciones en Valverde
Mao, Valverde, 9 sept. . – El Ministerio Público solicitó la imposición de un año de prisión preventiva contra Máximo Mendoza, un hombre acusado de registrar varias defunciones con información falsa en centros médicos y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE), en la provincia Valverde.
La audiencia, conocida en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde, fue aplazada para el próximo viernes 12 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana, tras acoger la jueza Yiberty Polanco Herrán una solicitud de la defensa del imputado.
El arresto y los cargos
Mendoza fue detenido en Mao, durante un allanamiento a su residencia, luego de que las autoridades recopilaran diferentes evidencias que lo vinculan con la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos.
De acuerdo con la investigación, el imputado habría cometido los hechos entre diciembre de 2024 y junio de 2025, con el propósito de perjudicar a personas a quienes previamente había prestado dinero bajo condiciones abusivas. Para ello, simulaba su fallecimiento, buscando borrar deudas económicas pendientes y generar un impacto directo en los registros oficiales.
Hasta el momento, el Ministerio Público ha identificado seis víctimas: cinco cuyos procesos de defunción fueron completados en el Ministerio de Salud Pública y en la Junta Central Electoral, y una sexta que solo llegó a registrarse en el sistema de Salud.
El modus operandi
Los registros fraudulentos eran elaborados por médicos en pasantía que aún no contaban con exequátur para ejercer la profesión. Mendoza recurría a distintos turnos en la Unidad de Atención Primaria (UNAP) de Mao y en la de Esperanza, presentándose como primo, tío o esposo de las supuestas personas fallecidas.
Uno de los aspectos más alarmantes es que las víctimas eran personas en condiciones de alta vulnerabilidad económica. Estas, generalmente beneficiarias de programas estatales de asistencia social que les otorgaban un aporte mensual de RD$2,100, accedían a préstamos informales con Mendoza, que oscilaban entre RD$5,000 y RD$15,000.
El imputado se aseguraba el cobro reteniendo las tarjetas de asistencia social. Cuando no podía recuperar el dinero prestado, recurría a la falsificación de defunciones, con lo cual buscaba bloquear o manipular los registros oficiales y dejar sin efecto las deudas.
Según el expediente, Mendoza desplegaba una capacidad notable para fingir dolor y angustia en los centros de salud, simulando estados emocionales de duelo con el objetivo de convencer al personal médico de la veracidad de su relato.
Fundamentos legales
El Ministerio Público sostiene que la conducta de Mendoza constituye una violación al Código Penal dominicano por falsificación y uso de documentos públicos, así como al artículo 208 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil (Ley 4-23), que sanciona la falsedad documental.
Los fiscales a cargo del caso, Víctor Manuel Mejía Rodríguez (titular de Valverde) y Esther María González Peguero (representante ante la JCE), subrayaron que la prisión preventiva es la medida de coerción más idónea, proporcional a la gravedad de los hechos y necesaria para garantizar la presencia del imputado durante todo el proceso judicial.
Además, solicitaron que el caso sea declarado de tramitación compleja, conforme a los artículos 369 y siguientes del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15. Esta calificación se fundamenta en la multiplicidad de víctimas, la reiteración de los hechos, el uso de documentos públicos falsificados y la afectación directa a los sistemas de salud y registral, lo que requiere una investigación técnica y prolongada.
Colaboración interinstitucional
En el proceso de investigación colaboran la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral, con el propósito de identificar todas las irregularidades en los registros manipulados por el imputado.
La audiencia preliminar continuará el próximo viernes 12 de septiembre, cuando la jueza Polanco Herrán deberá decidir sobre la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
