Ministerio Público solicita siete años de prisión contra Elizabeth Silverio en nuevo juicio
Santo Domingo, 10 abril. – El Ministerio Público solicitó ante la Novena Sala Penal del Distrito Nacional la imposición de siete años de prisión contra Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el área de la salud mediante el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).
El órgano acusador también requirió la imposición de una multa equivalente a 50 salarios mínimos, el decomiso de las pruebas ocupadas y la variación de la medida de coerción por prisión, al considerar la gravedad de los hechos y el incremento del peligro de fuga, tomando en cuenta que la imputada ya fue condenada en un primer juicio y enfrenta la posibilidad de una nueva sentencia.
Durante la presentación de sus conclusiones, el Ministerio Público, representado por la procuradora de corte Magalys Sánchez y la procuradora fiscal Laura Vargas, sostuvo que la procesada desarrolló un esquema de estafa en perjuicio de padres de niños con trastorno del espectro autista (TEA), haciéndose pasar por doctora en neurociencia y psicóloga sin contar con la formación académica ni las acreditaciones legales requeridas.
El órgano acusador explicó que, tras conocer los hechos, inició una investigación que permitió verificar que Silverio Silien no posee registro académico válido ni habilitación legal para ejercer profesiones vinculadas a la salud, conforme a certificaciones emitidas por universidades extranjeras, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Dominicano de Psicólogos y el Poder Ejecutivo.
Asimismo, indicó que la imputada utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, con los que aparentaba una preparación profesional que no poseía, lo que le permitió generar confianza en las familias y captar pacientes a quienes ofrecía servicios en su centro.
Las pruebas testimoniales presentadas ante el tribunal, en especial las de los padres de los menores afectados, constituidos en querellantes y actores civiles, establecieron que la encartada realizaba evaluaciones, emitía diagnósticos y aplicaba terapias sin aval profesional, llegando a diagnosticar condiciones clínicas inexistentes, lo que provocó afectaciones en la salud de los niños y retrasos en la aplicación de tratamientos adecuados.
El Ministerio Público también señaló que el centro operado por la acusada funcionaba sin las habilitaciones requeridas por las autoridades competentes y que posteriormente fue clausurado por el Ministerio de Salud Pública tras comprobarse las irregularidades en su funcionamiento.
De igual forma, informes financieros incorporados al proceso evidenciaron que la actividad desarrollada por Silverio Silien tenía fines lucrativos, generando ingresos significativos a partir de los servicios ofrecidos a las familias.
El órgano persecutor destacó que estos hechos revisten gravedad al involucrar a víctimas en condición de vulnerabilidad, como niños que requieren atención especializada, cuyas familias depositaron su confianza en la imputada en busca de soluciones.
En ese sentido, indicó que la conducta atribuida se enmarca en los tipos penales de estafa, falsificación y uso de documentos falsos, en violación a los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 92, 93 y 156 numeral 7 de la Ley 42-01 General de Salud y el artículo 12 de la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Tras la presentación de las conclusiones del Ministerio Público, así como de la parte querellante y la defensa, la jueza Milagros Ramírez Cabrera cerró los debates y se retiró a deliberar, fijando la lectura del fallo para el martes 14 de abril de 2026, a las 2:00 de la tarde.
