MP acusa de homicidio involuntario a los hermanos Espaillat por negligencia en el caso Jet Set
Por Manuel Jiménez
Santo Domingo, 17 de noviembre.– El Ministerio Público atribuye a Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera responsabilidad penal por homicidio involuntario, al sostener que ambos incurrieron en negligencia e imprudencia en la administración de la discoteca Jet Set, lo que habría provocado el desplome del techo por sobrecarga estructural, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y alrededor de un centenar de heridos.
Con base en esta acusación, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público remitió la solicitud de apertura a juicio, y el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el 12 de enero de 2026 la celebración del juicio preliminar contra los hermanos Espaillat.
Según el expediente, el techo del Jet Set mostraba señales evidentes de deterioro progresivo, de las cuales —afirma el Ministerio Público— los procesados tenían pleno conocimiento.
La acusación indica que estos problemas no se limitaban a filtraciones de agua, sino también a la presencia de escombros acumulados en la cubierta que caían directamente sobre el plafón falso, situación documentada por diversas vías y notificada en reiteradas ocasiones a los administradores.
La acusación está sustentada en peritajes estructurales, testimonios de víctimas y empleados, así como en documentación técnica y financiera que, según el órgano acusador, evidencia un manejo irregular y significativamente descuidado del establecimiento.
Los estudios periciales concluyen que el colapso del techo, ocurrido el 8 de abril del presente año, se produjo por una sobrecarga excesiva. En ese momento, el cantante Rubby Pérez amenizaba una fiesta en el lugar, evento durante el cual también perdió la vida.
Como parte de las pruebas, el expediente incluye las notificaciones realizadas por el empleado Gregorio Adames Arias a Antonio Espaillat. Incluso el día previo al derrumbe, Adames le habría reportado que los plafones caídos el 5 de abril no habían sido reparados y que partes del falso techo continuaban desprendiéndose.
Los peritos determinaron que la carga total calculada sobre una de las vigas críticas alcanzó 2.822 toneladas por metro lineal, cifra que superaba en un 123 % la capacidad de la estructura.
Esta sobrecarga, sostiene el Ministerio Público, fue consecuencia de la acumulación y adición continua de materiales y equipos pesados a lo largo de los años sin que se realizara una evaluación profesional que verificara la capacidad real de la edificación para soportar dicho peso.
El documento también recoge un recuento de las múltiples modificaciones estructurales realizadas en la discoteca, que, según la acusación, se ejecutaron de manera irregular y sin supervisión técnica adecuada. Estas alteraciones habrían contribuido al debilitamiento general de la infraestructura, hasta desembocar en la tragedia.
Dentro de los elementos que incrementaron la carga del techo, los peritos identificaron la presencia de cuatro capas de morteros o finos, colocadas consecutivamente y que en conjunto sumaban 37.5 centímetros de espesor.
Adicionalmente, se instalaron cuatro tinacos de agua, seis unidades de aire acondicionado y siete casetas de aluzinc. El análisis estructural reveló que la relación demanda/capacidad para flexión en la viga más comprometida (VE1) alcanzaba el 123 %, mientras que la prueba de las vigas postensadas mostraba una relación de utilización del 126 %, excediendo ampliamente los límites permitidos para una operación segura.
Uno de los hallazgos más significativos fue la eliminación previa de una columna en el lado oeste de la estructura. En lugar de esta, se habría colocado un perfil metálico soldado a una placa de mampostería, solución improvisada que intentaba suplir la función original de la columna y mantener la estabilidad de la viga perimetral. Sin embargo, esta intervención se consideró inadecuada y, eventualmente, falló, según las conclusiones periciales incorporadas al expediente.
El Ministerio Público sostiene que la suma de modificaciones irregulares, la falta de mantenimiento adecuado, la desatención a señales críticas de deterioro y la ausencia de supervisión técnica constituyeron una cadena de imprudencias atribuibles a los administradores del establecimiento.
Bajo estos argumentos, el órgano acusador reiteró su petición de que el caso sea enviado a juicio, donde presentará todas las pruebas que, asegura, demuestran la responsabilidad penal de los hermanos Espaillat en una de las tragedias más graves ocurridas en un centro de entretenimiento del país.
