MP solicita coerción contra directivas del Colegio Leonardo Da Vinci por muerte de niña en excursión
SANTO DOMINGO, 7 DICIEMBRE. – El Ministerio Público solicitó este domingo la imposición de medidas de coerción contra cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci, acusadas de homicidio involuntario por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada el pasado 14 de noviembre durante una excursión escolar en la hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, Santiago.
La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago. El órgano persecutor pidió al tribunal imponer una garantía económica de 50 millones de pesos para cada imputada, a través de una aseguradora especializada, así como impedimento de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica ante el Ministerio Público y la colocación de localizadores electrónicos.
Las medidas fueron requeridas contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
El Ministerio Público considera que estas medidas son proporcionales y adecuadas, conforme a lo establecido en los numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 226 del Código Procesal Penal.
La muerte de la menor ha sido calificada jurídicamente como homicidio involuntario, en violación al artículo 319 del Código Penal. Además, se les imputa abandono y maltrato de menores, conforme al artículo 351-2 del mismo código, y se les atribuye responsabilidad por infringir el artículo 14 de la Ley 136-03 sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Stephora Anne-Mircie Joseph murió ahogada en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, durante una excursión organizada por el Colegio Leonardo Da Vinci, ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.
La investigación está a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, bajo instrucciones de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso. Ambos son responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).
Según la investigación, el colegio trasladó a 87 niños al lugar con apenas tres cuidadoras, sin cumplir con protocolos mínimos de seguridad. No se llevaron salvavidas, ni se verificó si los menores sabían nadar. Tampoco se exigieron chalecos salvavidas, lo que denota una grave negligencia, respaldada por evidencias visuales.
El Ministerio Público también ha solicitado al Ministerio de Educación una inspección conjunta del colegio, a fin de identificar posibles prácticas institucionales que vulneren los derechos fundamentales de los niños y niñas.
