Nace el Observatorio Nacional de Migración Laboral y otras 151 propuestas para una frontera sostenible como resultado del diálogo en el CES
SANTO DOMINGO, 12 sept. — En una jornada que marca un antes y un después en la política migratoria y laboral del país, el Consejo Económico y Social (CES) presentó el Informe Final Consolidado del “Diálogo sobre la Crisis Haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana”.
El documento, entregado al presidente Luis Abinader, reúne 26 líneas de acción y 151 propuestas agrupadas en seis ejes temáticos: migración, comercio bilateral, seguridad nacional, relaciones internacionales, desarrollo de comunidades fronterizas y asuntos laborales.
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la creación del Observatorio Nacional de Migración Laboral, concebido para monitorear la situación de los trabajadores migrantes y asegurar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.
Observatorio Nacional de Migración Laboral: misión y funcionamiento
El nuevo organismo estará articulado con el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Migración (DGM), el Instituto Nacional de Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores y entidades académicas del país, aún sin especificar cuáles serán estas universidades colaboradoras.
La idea pivota sobre el fortalecimiento institucional: el Ministerio de Trabajo será reafirmado como rector del ámbito laboral, pero deberá robustecerse en sus capacidades técnicas y operativas.
En este contexto, se prevé fortalecer la Dirección General de Empleo, el Servicio Nacional de Empleo (SENAE) y el Servicio de Inspección de Trabajo, dotándolos de recursos para perfeccionar la fiscalización y la resolución de conflictos laborales.
Formalización laboral e inclusión financiera
Entre los mecanismos propuestos destaca la implementación de sistemas eficientes de identificación laboral orientados a garantizar seguridad jurídica para empleadores y trabajadores, en plena consonancia con la Ley 87-01 de Seguridad Social, la Ley de Migración 285‑04 y su reglamento 631‑11.
El informe advierte: “La informalidad laboral está estrechamente ligada a la irregularidad migratoria”.
La inclusión financiera emerge como una innovación: se evaluarán medidas que permitan a los trabajadores migrantes, formalmente contratados, abrir cuentas de nómina y acceder a servicios bancarios.
También se contempla, con determinación, aplicar sanciones a contratistas que operen fuera del marco legal, ofrecer incentivos para la formalización y utilizar herramientas tecnológicas de última generación para vigilar el cumplimiento normativo, sin comprometer la confidencialidad de los datos personales.
Para respaldar estas acciones, se plantea ampliar el cuerpo de inspectores laborales y focalizar esfuerzos en los sectores de mayor riesgo, aunque el informe aún no detalla el alcance exacto de estos refuerzos.
Información y formación laboral: conocer, anticipar, formar
El documento propone la creación de un Sistema Nacional de Información y Monitoreo de la Oferta y Demanda de Trabajo, a cargo de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Ministerio de Trabajo. La finalidad es contar con estadísticas actualizadas para planificar políticas laborales sin improvisaciones.
Además, se proyecta alinear la formación técnica con las necesidades reales del mercado laboral, en colaboración con INFOTEP, universidades y el sector productivo.
Se contemplan programas cortos en áreas con alta demanda —como agropecuaria, construcción y servicios— para favorecer la inserción de dominicanos en sectores donde tradicionalmente predomina la mano de obra migrante.
Desarrollo productivo y sostenibilidad local
Para apoyar a las Mipymes, el informe sugiere líneas de crédito preferenciales, cofinanciamiento para innovación tecnológica y acompañamiento técnico. El propósito es mejorar la productividad, formalizar empleos y reducir la dependencia de mano de obra migrante informal.
Se plantea también un programa nacional de mecanización agropecuaria, con financiamiento y asistencia técnica, la fundación de centros regionales de innovación agrícola y la creación de fondos de inversión territorial diseñados para insertar más trabajadores dominicanos en áreas con alta presencia de trabajadores haitianos.
Control migratorio, justicia y dignidad
El eje migratorio del informe aborda la necesidad de reforzar el control fronterizo mediante la implementación de un sistema biométrico unificado que involucre a la DGM, la Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio de Salud Pública. También se propone la creación de unidades jurídicas especializadas —en el Ministerio Público y en la DGM— para combatir el tráfico y la trata de personas.
Todas estas medidas reivindican un equilibrio: aplicar la ley con firmeza sin sacrificar el respeto a la dignidad humana, un enfoque que el CES resalta como parte esencial del marco propuesto.
Comercio fronterizo y desarrollo regional
El informe denuncia la elevada informalidad en la frontera y propone una serie de acciones: construcción de vías internacionales para conectar provincias limítrofes, corredores sanitarios exclusivos para productos perecederos y esquemas tributarios simplificados adaptados a la realidad local.
Se sugieren también ventanillas únicas móviles para trámites aduaneros y un fondo de garantía que facilite el acceso a crédito para los pequeños comerciantes. El objetivo: transformar los pasos fronterizos en espacios de desarrollo sostenible.
Seguridad nacional: verja, vigilancia e infraestructura crítica
Frente al aumento de presiones derivadas de la crisis en Haití —como migración irregular, contrabando y crimen organizado—, el documento promueve la conclusión de la verja fronteriza en su dimensión física y tecnológica, junto con un presupuesto especializado para la zona.
Se proyecta también la creación de un Centro Nacional de Coordinación de Seguridad Fronteriza e Inteligencia, un “Muro Energético” para proteger infraestructuras esenciales y protocolos para garantizar la continuidad operativa de instalaciones críticas. Estos instrumentos se diseñarán bajo principios de soberanía, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
Desarrollo de comunidades fronterizas: equidad territorial
El informe subraya los déficits estructurales en las zonas fronterizas, que provocan problemas como el despoblamiento y la vulnerabilidad social. En respuesta, propone un programa integral que incluya infraestructura esencial —agua, saneamiento, electricidad, conectividad digital y vivienda—, así como la transformación de liceos en politécnicos, extensiones universitarias y becas con residencias para jóvenes de estas comunidades aisladas.
Además, se contempla la creación de zonas económicas especiales y microparques industriales, fortalecimiento de cooperativas y Mipymes, todo bajo un modelo de gobernanza participativa y alianzas público-privadas.
Relaciones internacionales y diplomacia proactiva
El texto señala que la crisis haitiana representa una amenaza para la estabilidad nacional y regional. Por ello, la política exterior dominicana debe asumir una postura firme, coordinada y articulada en organismos como la ONU, OEA, CELAC y CARICOM, para elevar la crisis a prioridad hemisférica.
Se propone adicionalmente apoyar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) y desarrollar un programa hemisférico para la reconstrucción de Haití, con enfoque en seguridad, fortalecimiento institucional, desarrollo económico y servicios sociales. También se sugiere profesionalizar el servicio diplomático y crear un Consejo Binacional de Innovación Social con participación de sociedades dominicana y haitiana.
Mecanismo de seguimiento y llamado a la ciudadanía
El CES recomienda que el Poder Ejecutivo cree una Comisión de Veeduría, integrada por los sectores empresarial, laboral y social, así como otros actores que el Gobierno considere pertinentes. Esta comisión tendría la misión de evaluar los avances, identificar obstáculos y proponer correcciones.
Además, insta a promover una estrategia de comunicación pública clara y continua, que facilite conocimiento ciudadano y fortalezca la confianza en el proceso y sus resultados.
El informe lo califica como un “esfuerzo sin precedentes” por reunir a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía con el presidente en ejercicio, junto a sectores empresariales, sociales, laborales y académicos en una mesa común para construir soluciones compartidas.
El documento concluye con una afirmación poderosa: estos acuerdos “no son un punto de llegada, sino un punto de partida”, una hoja de ruta que, bien implementada, apunta a preservar la soberanía nacional, reforzar el Estado de derecho y responder de manera cohesionada a los retos vigentes
