Nacionalidad dominicana, una herida que no cicatriza
Eduardo García Michel
A pendón herido es el título de un excelente artículo publicado recientemente por Julio César Castaños Guzmán, que narra el proceso mediante el cual la Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia, el 14 de diciembre de 2005, que «declaró conforme a la Constitución los artículos 28, 36, 49, 56, 58, 62, 100, 101, 103, 138 y 139, de la Ley General de Migración 285-04, del 27 de agosto del 2004, y puso límites determinando el ámbito de nuestra nacionalidad».
Mediante esa sentencia y la actuación posterior del Tribunal Constitucional, el concepto y alcance de la nacionalidad dominicana dejó de habitar en el vacío y quedó bien definido por la jurisprudencia y la Constitución.
No lo estaba antes, se interpreta, porque quienes debieron de producir las adecuaciones legislativas y sus correspondientes reglamentos no lo hicieron de manera oportuna. Honor, pues, a todos aquellos que aunaron esfuerzos para consolidar el bloque de constitucionalidad en esta materia.
El pendón de la dominicanidad fue puesto a salvo en el ámbito jurídico, pero continúa herido, no redimido, en el económico y social. Y aquí surge la contradicción entre la envoltura legal de las cosas y la realidad cotidiana que la contradice y anula.
Ni siquiera hemos podido amainar el peligro que existe en los hechos sobre nuestro pendón.
En efecto, en un proceso que lleva ya muchos cuatrienios en desarrollo los trabajadores indocumentados haitianos han ido ocupando espacios geográficos y laborales cada vez más extensos, al tiempo que los dominicanos han estado siendo desplazados de sus labores, inducidos a ejercer ocupaciones marginales (moto concho, lotería, bancas de apuestas, entretenimiento), o a emigrar al exterior.
Poco a poco, de más en más, se ha ido permitiendo que indocumentados haitianos se instalen y permanezcan en el país, creen familia, cambien nuestras costumbres, incidan sobre nuestro destino, ejerzan una presión social que con el tiempo adquiere matices de irresistible, indoblegable.
Y todo esto sin consentimiento explícito soberano, aunque sí implícito, por inacción inconsecuente.
Esta situación afecta en profundidad al conjunto de valores que nos identifica, hace pensar, sentir y ser dominicanos.
En permuta catastrófica se ha estado cambiando nacionalidad por un beneficio económico que atañe solo a un segmento de la población y perjudica al resto.
Se ha formado una pinza poderosa con intereses convergentes. Por un lado, los indocumentados haitianos buscan con ansiedad resolver sus problemas de sobrevivencia. Por otro, una parte del sector empleador los contrata para mejorar su competitividad, ajustando costos a la baja, entre ellos el laboral y regulatorio.
Lo anterior se origina en políticas públicas que contribuyen a la baja competitividad, junto al incumplimiento flagrante de algunas leyes por activa y pasiva (empleadores y custodios de la ley). Ambas situaciones abonan el camino de la desnacionalización.
Entre los factores señalados se encuentran: a) sistema tributario espeso; b) tipo de cambio anclado con relativa rigidez; c) fomento de la llegada de remesas; d) tasas de interés elevadas; e) sistema eléctrico deficiente y costoso; f) mercado laboral con rigideces regulatorias; g) sistema educativo deficiente.
Algunos de los referentes señalados facilitan mantener la estabilidad de precios, de valor innegable, pues es la base de la confianza. Pero, junto a otros, generan efectos indeseados que requieren ser neutralizados o corregidos.
Sobre todo, corroen la competitividad de la producción dirigida tanto al mercado local como exportable, producen desequilibrios en las cuentas públicas por medio del crecimiento incesante del déficit cuasi fiscal, generan repercusiones negativas sobre el mercado laboral y por esa vía estimulan la llegada de inmigrantes haitianos indocumentados.
Los efectos indeseados plantean un serio reto a nuestros atributos soberanos y obligan a iniciar acciones concretas contundentes que corrijan esas tendencias. Tal disyuntiva no debe ser resuelta una a cambio de la otra, sino conciliándolas para que todas vayan en la dirección deseada.
Una sociedad en la que sus hijos no encuentran ocupación en sectores productivos o la abandonan por otros destinos, tiene serios problemas de cohesión, que empeoran en círculo vicioso si se ve arrollada por inmigrantes irregulares que ocupan sus espacios y los desplazan.
En esas condiciones las cifras de crecimiento económico pierden significado.
De ahí que sea necesario mantener un marco de políticas públicas que preserve la estabilidad, consolide el crecimiento, mejore la competitividad, haga viable contratar mano de obra dominicana con protección social y salarios dignos, minimice la contratación de mano de obra extranjera dotada con permisos de trabajo, excluya la indocumentada. Y, por encima de todo, que se haga cumplir la ley.
Diario Libre
