Negligencias estructurales y omisiones provocaron la tragedia del Jet Set Club, según Ministerio Público
Por la Redacción
Santo Domingo, 15 de junio de 2025. – La madrugada del 8 de abril de 2025 quedará grabada en la memoria colectiva de la República Dominicana como uno de los momentos más trágicos en la historia reciente del país. En pleno concierto del merenguero Rubby Pérez, mientras interpretaba “De Color de Rosa” ante una multitud eufórica que colmaba el emblemático Jet Set Club, el techo del establecimiento colapsó estrepitosamente.
El saldo fue devastador: más de doscientas treinta personas perdieron la vida y al menos ciento ochenta resultaron heridas. El Ministerio Público ha detallado en su expediente que esta tragedia no fue resultado de un accidente fortuito, sino el desenlace de una larga cadena de omisiones, negligencia y acciones irresponsables por parte de los propietarios del lugar, Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Las investigaciones revelan que desde el año 2024, la estructura del Jet Set Club venía mostrando señales claras de deterioro. Específicamente, el techo presentaba filtraciones de agua, desprendimiento de plafones y caída de escombros.
Estos problemas estructurales, según la acusación, eran conocidos por los propietarios, pero fueron ignorados o tratados de forma superficial y sin la intervención de personal calificado. Las reparaciones eran realizadas por Manuel Jiménez Mateo, un empleado de Radio Cadena Comercial (RCC Media), empresa también dirigida por Antonio Espaillat.
Jiménez, junto a otros trabajadores no especializados, se encargaba de realizar parches improvisados, como la colocación de lonas plásticas para contener el agua filtrada, el uso de cemento para cubrir grietas y la sustitución de plafones con materiales poco duraderos.
Uno de los aspectos más alarmantes del caso es que sobre el techo de la estructura se instalaron seis unidades de aire acondicionado de entre 15 y 20 toneladas cada una, sin que se realizara previamente un estudio técnico para determinar si el techo podía soportar semejante carga.
Estas instalaciones fueron realizadas por los mismos empleados no calificados, bajo la autorización directa de Antonio Espaillat. A esto se sumaban otros elementos pesados como tinacos de agua y múltiples capas de recubrimiento, elevando significativamente el peso sobre una estructura ya debilitada.
El expediente judicial también documenta que en múltiples ocasiones Antonio Espaillat era informado de las condiciones del techo mediante mensajes, fotos y videos enviados por Manuel Jiménez Mateo.
Estas comunicaciones evidencian el conocimiento pleno de los problemas estructurales por parte del principal encartado. Pese a ello, no se tomaron medidas adecuadas ni se contrató personal técnico especializado para evaluar ni mucho menos reparar adecuadamente las deficiencias estructurales del local.
A medida que se acercaba la fecha del concierto de Rubby Pérez, el deterioro se hizo más evidente. El 5 de abril, tres días antes del colapso, cayeron varios plafones, situación que fue reportada por el empleado Gregorio Adames Arias, conocido como Gregory.
El día 7, durante la mañana, este volvió al club para organizar el mobiliario y constató que las reparaciones realizadas eran insuficientes. Inmediatamente reportó la situación a Antonio Espaillat, destacando que los plafones estaban siendo empujados hacia abajo por escombros provenientes del techo.
Ese mismo día, en horas de la tarde, Manuel Jiménez Mateo se presentó al local junto a otros trabajadores, entre ellos José Luis García y dos ciudadanos haitianos conocidos como “Caballito” y “El Grande”. Procedieron a sustituir algunos plafones y a retirar el agua acumulada en las lonas colocadas entre el techo y el falso plafón.
Sin embargo, como indicaron después, los plafones no estaban húmedos por filtraciones, sino rotos debido a los escombros que caían del techo principal, lo que era señal inequívoca de un daño estructural severo.
A las 2:33 de la tarde del 7 de abril, Gregory envió un mensaje a Antonio Espaillat señalando que había un problema urgente con los plafones. Minutos más tarde, Manuel Jiménez informó a Espaillat que los plafones deteriorados ya habían sido reemplazados, pero que Gregory insistía en que caían piedras del techo y que había contactado a una empresa para realizar un levantamiento técnico de la estructura.
Dicha inspección estaba prevista para el miércoles o jueves siguiente. A pesar de esta advertencia directa, el imputado Antonio Espaillat no suspendió el evento previsto para esa misma noche.
Esa noche, durante el desarrollo de la fiesta, alrededor de las 11:40, uno de los plafones del techo cayó sobre Remberto José Durán Cabrera, un asistente que se encontraba con su esposa. Aunque sufrió una herida, optó por no ser trasladado al hospital y decidió quedarse en el lugar.
Gregory notificó este hecho a Maribel Espaillat, quien se encontraba a cargo del local en ausencia de su hermano. Al sugerirle suspender la actividad, Maribel respondió que eso solo podía decidirlo Antonio Espaillat, quien se encontraba fuera del país. La actividad continuó como si nada hubiera ocurrido.
Fue poco después de la medianoche, ya en la madrugada del 8 de abril, cuando la tragedia se concretó. A las 12:44 a.m., mientras Rubby Pérez y su orquesta interpretaban una de sus canciones más populares, el techo colapsó repentinamente.
El desplome impactó directamente a cientos de personas presentes, entre ellas empleados, músicos, asistentes y clientes habituales. Algunas lograron escapar, pero muchas fueron atrapadas entre los escombros.
Las investigaciones posteriores realizadas por peritos estructurales determinaron que la causa principal del colapso fue una falla inducida por sobrecarga en las vigas postensadas localizadas en los ejes H y J, especialmente en la esquina sureste de la cubierta.
Estas vigas ya habían comenzado un proceso de flexión debido al peso excesivo generado por capas superpuestas de material de recubrimiento, equipos de aire acondicionado, tinacos y el peso propio de la estructura. Todo esto condujo a deformaciones excesivas y una pérdida progresiva de rigidez que, eventualmente, derivó en el colapso total del techo.
El Ministerio Público sostiene que los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario al no garantizar las condiciones mínimas de seguridad para el funcionamiento de un establecimiento de alta concurrencia.
A pesar de las advertencias recibidas, optaron por medidas improvisadas que colocaron en riesgo la vida de empleados y clientes. Además, se les acusa de haber utilizado mano de obra no calificada para realizar intervenciones técnicas de alto riesgo, violando normativas de seguridad y laborales. También están siendo investigados por intento de manipulación de testigos y posible alteración de documentos.
En el ámbito judicial, Antonio Espaillat fue detenido el 12 de junio, luego de presentarse ante las autoridades tras varios días de citaciones. Maribel Espaillat también fue arrestada, aunque fue trasladada posteriormente a un centro de salud alegando problemas médicos.
Ambos enfrentan cargos que podrían conllevar penas de hasta dos años de prisión, además de una posible inhabilitación para ejercer funciones comerciales o administrativas en el país.
El impacto social de la tragedia ha sido inmenso. La pérdida de figuras destacadas como el propio Rubby Pérez, el exbeisbolista Octavio Dotel y la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Cruz, ha conmocionado a la nación.
Diversos sectores, tanto políticos como sociales, han exigido reformas profundas en los mecanismos de control y supervisión de edificaciones comerciales. El presidente Luis Abinader decretó tres días de duelo nacional, mientras que instituciones internacionales expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familias.
Actualmente, más de 60 querellas civiles han sido interpuestas por familiares de las víctimas, incluyendo demandas contra los dueños del Jet Set Club, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y otras autoridades por presunta negligencia en los procesos de inspección.
También se ha procedido a la inmovilización de bienes y cuentas bancarias vinculadas a los imputados, mientras continúa la recolección de pruebas y declaraciones de testigos.
