Nueva York deberá pagar 92 millones de dólares a 20.000 inmigrantes detenidos ilegalmente, entre ellos de República Dominicana

Nueva York, 21 de diciembre (El País, España). Un tribunal de Nueva York ha ordenado que la ciudad indemnice con 92,5 millones de dólares a más de 20.000 inmigrantes que fueron detenidos de forma irregular por órdenes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Este acuerdo pone fin a una batalla legal de más de una década, que comenzó con una demanda colectiva presentada en 2010. Entre los afectados se encuentran personas como Frank Barker, quien pasó un año adicional encarcelado tras haber cumplido su condena en 2008, debido a una orden de retención del ICE.

Barker llegó a Estados Unidos desde Barbados a los nueve años, y su caso es uno de los muchos que ilustran la gravedad de estas detenciones arbitrarias.

“Como alguien que perdió un año de su vida por esta injusticia, me siento satisfecho con este acuerdo”, declaró Barker, residente del Bronx, en un comunicado.

Barker, al igual que muchos otros, enfrentó el miedo constante a la deportación, un sentimiento común entre los inmigrantes durante el período en que Nueva York colaboraba activamente con el ICE.

Entre 1997 y 2012, miles de inmigrantes fueron retenidos en cárceles de Nueva York más allá de sus fechas de liberación, a menudo por semanas o meses adicionales.

Durante ese período, Nueva York aún no había adoptado su actual política de «ciudad santuario» y cooperaba estrechamente con ICE.

Las personas detenidas eran transferidas directamente de las cárceles locales a centros de inmigración para ser procesadas.

Según informes, entre octubre de 2012 y septiembre de 2013, más de 3.000 detenidos fueron entregados a ICE por el Departamento Correccional de Nueva York.

Los documentos presentados ante el tribunal revelaron que las detenciones ilegales sumaron un total de 166.000 días, lo que equivale a más de 454 años de privación de libertad injustificada.

A pesar de que las órdenes de retención del ICE establecían un límite de 48 horas, este plazo fue frecuentemente ignorado. Según la ciudad, estas acciones se llevaron a cabo bajo el supuesto erróneo de que cumplir con las solicitudes del ICE era un mandato de la ley federal.

El acuerdo judicial, que fue aprobado esta semana, estipula que los afectados podrán solicitar compensaciones económicas en función del tiempo que fueron retenidos y los daños sufridos.

Entre los afectados se encuentran migrantes de diversos países, como México, República Dominicana, Haití, Jamaica, Colombia, y Guyana. Algunos permanecen en Estados Unidos, mientras que otros han sido deportados o residen en sus países de origen.

La demanda original fue presentada en 2010 por Oscar Onadia, un inmigrante de Burkina Faso. Onadia fue detenido en 2008 por conducir sin licencia y sentenciado a cinco días de cárcel en Riker’s Island.

Tras cumplir su condena y pagar una fianza simbólica, se le negó la libertad debido a una orden de retención emitida por el ICE. A pesar de que esta orden indicaba que no debía ser retenido más de 48 horas, Onadia permaneció encarcelado durante 42 días adicionales.

Aunque Onadia falleció a principios de 2024, su caso fue el catalizador para la demanda colectiva que finalmente llevó a este acuerdo histórico.

Según los abogados del caso, el acuerdo representa una victoria para los derechos de los migrantes y un recordatorio de que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a un debido proceso legal.

“Este acuerdo demuestra que las autoridades no pueden ignorar la ley sin consecuencias”, afirmó Debra L. Greenberger, abogada principal del bufete Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP. Greenberger agregó que ahora comienza una ardua labor para localizar a los afectados y garantizar que reciban sus compensaciones.

Sin embargo, identificar y contactar a los miles de afectados será un desafío. Muchos han sido deportados o han cambiado de residencia, y algunos incluso podrían haber fallecido. A pesar de estas dificultades, el equipo legal está comprometido con difundir la noticia para alcanzar a la mayor cantidad de personas posible.

El fallo también refleja un cambio significativo en la política migratoria de Nueva York. En 2014, bajo la administración de Bill de Blasio, se promulgó una ley que prohíbe la cooperación entre las agencias locales y el ICE.

Esta medida buscaba proteger a los inmigrantes de deportaciones arbitrarias y abusos similares. Sin embargo, la llegada de la administración Trump y su enfoque agresivo hacia la inmigración generaron temores renovados, especialmente entre las comunidades más vulnerables.

Las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes han celebrado este acuerdo como una victoria significativa, pero advierten que los desafíos persisten.

 La reciente reunión del alcalde Eric Adams con Tom Homan, designado como el nuevo «zar de la frontera» por la administración actual, ha generado preocupación entre activistas. Temen que esta colaboración pueda socavar las protecciones legales existentes y facilitar nuevas deportaciones.

El acuerdo de 92,5 millones de dólares no solo pone fin a años de incertidumbre para miles de inmigrantes, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de respetar los derechos humanos en todos los niveles de gobierno.

 Este fallo es un recordatorio de que incluso las políticas más estrictas deben ajustarse a los principios fundamentales de justicia y legalidad.