Nuevo Código Penal impondrá severas sanciones a policías que violen derechos ciudadanos
Santo Domingo, 14 de julio. – Los agentes de la Policía Nacional podrían enfrentar sanciones más estrictas por abusos de poder si se aprueba el proyecto de nuevo Código Penal que actualmente cursa en el Congreso.
La propuesta legislativa, ya aprobada en primera lectura por el Senado, contempla penas de prisión y multas para los oficiales que incurran en detenciones ilegales, revisiones vehiculares sin justificación, maltrato a detenidos o impedimento al derecho ciudadano de grabar procedimientos policiales.
La normativa establece que cualquier miembro de la fuerza pública que revise un vehículo sin orden judicial, sin causa probable o en contra de la voluntad del conductor será sancionado con prisión de 15 días a un año.
Esta penalización, contenida en el artículo 293 del proyecto, se incrementa hasta dos años de cárcel y una multa de tres a seis salarios mínimos si durante la revisión se causa daño al vehículo, lesiones o se utiliza la fuerza.
En cuanto a las detenciones arbitrarias, el artículo 167 dispone penas de entre dos y tres años de prisión para los agentes que arresten o encierren a personas sin causa legal, violando las disposiciones del Código Procesal Penal. Si durante la detención se incurre en tortura o trato cruel, la pena puede escalar a entre 20 y 30 años de reclusión.
El nuevo Código también penaliza con entre 15 días y un año de prisión, además de una multa proporcional al salario del infractor, a los agentes que impidan a los ciudadanos grabar arrestos, registros o allanamientos. Asimismo, el artículo 291 establece sanciones similares para quienes nieguen a un detenido el derecho de comunicarse con un abogado, familiar o persona de confianza.
Una de las innovaciones del proyecto es la penalización de la omisión de notificación en casos que involucren a menores de edad. El artículo 173 castiga con uno a dos años de prisión y destitución del cargo a la autoridad que no informe dentro de las primeras dos horas a los familiares y al juez competente cuando un menor es arrestado.
Estos cambios refuerzan las disposiciones ya existentes en el actual Código Penal y otras normativas como la Ley 136-03 sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y apuntan a mejorar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Además de las medidas contra el abuso policial, el proyecto incluye reformas significativas en materia penal. Aumenta la pena máxima por violación sexual de 15 a 20 años y contempla agravantes si la víctima es menor o muere durante el acto.
También se incorpora un capítulo dedicado a la corrupción administrativa, con penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión, a diferencia del código vigente que contempla un máximo de 10 años para delitos como soborno.
El nuevo texto legal eleva la pena máxima por delitos a 40 años de cárcel, y prevé cúmulos de hasta 60 años, superando los 30 años actuales. También introduce nuevos tipos penales como el feminicidio, el sicariato, el genocidio, el hostigamiento, la actividad sexual no consentida, el daño con sustancias nocivas, el bullying, el arresto ilegal, la tortura, y delitos relacionados con medios digitales y esquemas financieros fraudulentos como los negocios piramidales.
Tras su aprobación en primera lectura en el Senado, el proyecto del nuevo Código Penal deberá ser debatido en una segunda discusión antes de pasar a la Cámara de Diputados. De ser aprobado en ambas cámaras, será remitido al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
