Olivo Rodríguez Huertas advierte: “El nuevo Código Penal es una agresión legislativa contra la dignidad de las mujeres”

Santo Domingo, 29 julio. – A pocos días de la conclusión de la legislatura extraordinaria, el abogado constitucionalista Olivo Rodríguez Huertas lanzó una advertencia contundente: la versión del Código Penal que el Congreso Nacional se propone aprobar antes del 5 de agosto constituye, en su esencia, una agresión legislativa directa contra la dignidad humana, especialmente la de las mujeres.

En su participación en el programa El Día, Rodríguez Huertas no dejó dudas: lo que se discute no es una simple reforma jurídica, sino un retroceso político y moral que busca imponer dogmas sobre los derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana.

Para el jurista, exembajador de la República Dominicana ante el Reino de España, el Congreso ha aprovechado el cierre del ciclo legislativo para intentar imponer una normativa profundamente regresiva, cargada de elementos que desvirtúan el espíritu constitucional.

“Hay una cultura política de esperar el final del período para intentar sacar los proyectos más conflictivos, los más controversiales, porque así vencen la resistencia con menos exposición pública y menor debate”, afirmó.

Rodríguez Huertas advirtió que el nuevo Código Penal responde a una agenda marcada por el pensamiento conservador, machista y confesional, que no solo vulnera los principios jurídicos fundamentales, sino que también representa una amenaza para el sistema democrático dominicano.

“Están utilizando las condiciones jurídicas y políticas del Congreso para empujar una visión que mezcla religión con derecho penal, algo totalmente incompatible con la Constitución”, declaró.

Uno de los ejes más alarmantes de la propuesta, según Rodríguez Huertas, es la exclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo, una omisión que coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema.

“El Código Penal, tal como está, criminaliza a las mujeres incluso en los casos más extremos: cuando el embarazo es inviable, cuando pone en riesgo la vida de la madre o cuando es producto de una violación. Esta no es solo una omisión legislativa, es una agresión institucional”, enfatizó.

El jurista explicó que la falta de claridad en la legislación genera un entorno de inseguridad jurídica para los profesionales de la salud, que enfrentarán decisiones médicas bajo el temor constante de ser penalizados.

“Si no existe un régimen jurídico claro y específico, ese médico que tenga que salvar la vida de una mujer va a pensarlo dos veces antes de actuar. ¿Y si va preso? ¿Y si lo acusan por homicidio? Estamos obligando a los médicos a decidir entre salvar una vida o arriesgar la suya”, subrayó.

Rodríguez Huertas citó varios artículos de la Constitución dominicana para respaldar sus planteamientos, recordando que el texto constitucional no solo garantiza la dignidad humana, sino que establece la responsabilidad del Estado de proteger los derechos fundamentales.

Hizo énfasis en el Artículo 38, que declara la dignidad del ser humano como “sagrada, innata e inviolable”, y el Artículo 42, que consagra el derecho a la integridad física, psíquica y moral. “Esas normas están siendo violadas por un proyecto de ley que desconoce por completo la realidad de las mujeres dominicanas”, denunció.

El jurista fue enfático al afirmar que no aboga por la liberalización del aborto, pero insistió en que la penalización absoluta, sin excepciones, es “violenta, irracional y profundamente injusta”.

“No se trata de convertir el aborto en deporte nacional, se trata de reconocer que existen situaciones extremas donde obligar a una mujer a continuar un embarazo es equivalente a tortura legal”, manifestó.

Además de las causales, Rodríguez Huertas cuestionó con dureza el tratamiento del feminicidio en el proyecto, que según explicó, introduce condicionantes como la necesidad de que el cuerpo de la víctima haya sido exhibido, violado o torturado para que el crimen sea clasificado como tal.

“Lo que se está haciendo es crear un modelo legal que dificulta la persecución de estos crímenes. Se está legislando para proteger al agresor y neutralizar cualquier posibilidad de justicia para las víctimas”, advirtió.

Desde su óptica, el proyecto pretende “minar la eficacia de las herramientas legales de protección a las mujeres”, y responde a una estrategia premeditada para dejar fuera de cobertura a muchas víctimas.

“Se trata de garantizar que la violencia contra la mujer no sea reconocida como tal, o al menos que sea tan difícil de probar que se garantice impunidad. Es un diseño jurídico perverso, y lo digo con todas sus letras”, expresó.

Rodríguez Huertas calificó el conjunto del Código Penal como un “documento de machismo encubierto”, con disposiciones que castigan a las mujeres en todos los niveles: desde la penalización del aborto en todas sus formas, incluyendo cuando la mujer ha sido víctima de una violación, hasta las penas mínimas previstas para agresores sexuales y feminicidas. “Este Código Penal ha sido elaborado con una mentalidad patriarcal. Está diseñado como si la Constitución solo protegiera a los hombres”, afirmó.

Durante su exposición, el jurista recordó las palabras del expresidente Danilo Medina en 2016, cuando expresó públicamente que nunca firmaría una ley que atentara contra las mujeres, aunque fuese aprobada por el Congreso.

“Danilo decía que si se llegaba a aprobar esa aberración, cada muerte por aborto, cada víctima de violencia debía ser recordada como parte de la ‘Ley de Danilo Medina’, y que su firma no estaría en esa ley”, rememoró Rodríguez Huertas.

Aprovechó también para reconocer el apoyo expresado por la primera dama Raquel Arbaje y las hijas del presidente Luis Abinader, quienes han respaldado públicamente la necesidad de proteger los derechos de las mujeres.

“Ese respaldo es valiente y marca una diferencia. Gracias a esas voces se ha salvado, al menos momentáneamente, el honor de la República Dominicana ante el mundo. Porque si esta ley se aprueba, no solo será injusta, será vergonzosa”, afirmó.

En ese contexto, Rodríguez Huertas hizo un llamado directo al presidente Abinader, instándolo a recordar los principios que defendió como opositor, y a utilizar su facultad constitucional para vetar cualquier proyecto que vulnere los derechos fundamentales.

“Tengo la firme esperanza de que el presidente no permitirá que una ignominia como esta se cometa contra las mujeres. La observación presidencial no es solo un poder, es una responsabilidad moral y democrática”, declaró.

Según el jurista, lo que está en juego con esta reforma no es un simple código legal, sino el modelo de país que la República Dominicana quiere construir. “¿Queremos ser una nación que avanza hacia la justicia, la inclusión y el respeto a los derechos humanos, o queremos convertirnos en un Estado que legisla con dogmas, exclusiones y castigos contra las más vulnerables?”, cuestionó.