ONU investigará violaciones a derechos humanos en Nicaragua
GINEBRA – El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dispuso, este jueves 31, que un grupo de tres expertos investigará posibles violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua desde que en abril de 2018 estalló una revuelta popular contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
La resolución, presentada por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, y aprobada con 20 votos a favor, siete en contra y 20 abstenciones, fue inmediatamente saludada por organizaciones internacionales de derechos humanos.
“Felicitamos al Consejo de Derechos Humanos por haber dado este paso fundamental y por enviar a las víctimas y las personas sobrevivientes el firme mensaje de que no están solas en su lucha contra la impunidad”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para América en Amnistía Internacional (AI).
Desde el Colectivo 46/2, coalición de 21 organizaciones humanitarias nicaragüenses e internacionales, Natalia Yaya dijo que “celebramos el establecimiento de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua”.
“Saludamos el liderazgo de los países de la región que presentaron esta resolución. También saludamos el apoyo de México y Argentina”, agregó Yaya.
El Consejo, con sede en esta ciudad suiza, establecerá el grupo de expertos con el mandato de “llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente y establecer los hechos y las circunstancias, recopilar, consolidar, preservar y analizar la información y las pruebas”, de las posibles violaciones a los derechos humanos.
“Y, cuando sea posible, (deberá) identificar a los responsables de todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, así como sus patrones y causas estructurales, incluyendo las dimensiones de género y el impacto de formas interseccionales de discriminación”, se decidió.
Guevara-Rosas observó que “los responsables de este tipo de actos deben saber ya que no es posible evitar la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos. Las autoridades nicaragüenses deben poner fin de inmediato a la persistente represión”.
El 7 de marzo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ante el Consejo que Nicaragua seguía “un patrón de graves violaciones graves de derechos civiles y políticos”, el cual “creó un clima poco propicio para que celebración de elecciones genuinas, libres y creíbles”.
A la oleada de manifestaciones contra el gobierno en 2018 siguió una fuerte represión que se tradujo en más de 300 muertes´, según organizaciones humanitarias, y el éxodo de más de 100 000 nicaragüenses, principalmente a la vecina Costa Rca.
En noviembre del año pasado hubo elecciones en las que Ortega (en el poder desde 2006) fue reelegido, pero luego de encarcelar a sus principales contenientes por la presidencia y decenas de otros opositores.
Desde entonces han debido cerrar sus puertas numerosas organizaciones civiles, universidades y medios de comunicación.
Para Juan Pappier, investigador de la organización Human Rights Watch, “con esta resolución, el Consejo ha transmitido un mensaje claro al presidente Ortega de que la comunidad internacional no tolerará los abusos de su gobierno”.
“Ante un gobierno que ha cerrado todas los canales de cooperación con la ONU, profundizando la crisis dentro del país, la comunidad internacional allana el camino hacia futuros procesos de justicia con la creación de este mecanismo”, consideró Ligia Gómez, portavoz de la oenegé Urnas Abiertas.
Raphael Viana David, del International Service for Human Rights, observó que “el mecanismo adoptado por el Consejo es uno de los más fuertes que existe: permitirá identificar responsables de las violaciones cometidas en Nicaragua, y preservar evidencias para futuros procesos de justicia”.
Finalmente, Karina Sánchez, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, dijo que “esperamos que para este mandato se elijan integrantes que cumplan con criterios de idoneidad e independencia, trayectoria comprobada en derechos humanos e integración de la perspectiva de género”.
